EE UU y Canadá

La administración Biden había propuesto exigir que las empresas farmacéuticas revelaran los precios y los costos invertidos en la investigación y el desarrollo de los medicamentos que más contribuyen a aumentar los gastos del programa público de salud para la población pobre, Medicaid, que es un programa cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Este programa incluía la realización de encuestas para verificar los precios, y había sido bien recibido por los funcionarios estatales. Se esperaba que esta información ayudara a negociar precios más baratos para los medicamentos que más gastos generan al programa.

Según un artículo publicado en Statnews [1], la industria presionó fuertemente contra la propuesta, amenazaron indirectamente con denunciar al gobierno e incluso cuestionaron la forma como el gobierno definió la palabra “verificar”.

Esta decisión se tomó mientras la industria seguía atacando el programa de negociación de precios para el programa público que cubre a los adultos mayores y a los discapacitados; y despues de que la Corte Suprea emitiera una opinión facilitando que la industria de la salud litigue las normas que no le satisfacen [1].

Según la propuesta, el gobierno hubiera identificado los medicamentos que generan el mayor gasto por prescripción a Medicaid, el mayor gasto total de Medicaid, el mayor aumento de precio en un año o el precio de lanzamiento más alto. A partir de ahí, las empresas tendrían que presentar diversa información sobre precios que normalmente no es de acceso público, datos sobre los efectos secundarios y la eficacia del fármaco, y “los costes de producción, investigación y comercialización” del fármaco. Los medicamentos que incluidos en otros procesos de negociación de precios, como Medicare estaban exentos [1].

Las amenazas de la industria eran claras. Los ejecutivos de más de dos docenas de compañías farmacéuticas y grupos de presión, entre ellos AbbVie, Biogen, Pfizer, Takeda, United Therapeutics y la Organización de Innovación Biotecnológica, entre otros, dijeron que el gobierno federal excedió su autoridad al proponer las encuestas. AbbVie calificó la propuesta como una demanda “invasiva” de información [1].

En la norma propuesta, la administración Biden dijo que las encuestas sirven para “verificar” los precios que cobran las compañías farmacéuticas. Los funcionarios federales citaron el Oxford English Dictionary, diciendo que “verificar” significa “asegurarse o demostrar que (algo) es verdadero, preciso o justificado” [1].

PhRMA y varias compañías farmacéuticas cuestionaron esa definición, específicamente el uso de la palabra “justificado”. Al utilizar “justificar”, el gobierno infiere que las encuestas también intentarían medir si el precio de un medicamento es “razonable”, argumentó PhRMA al gobierno. PhRMA dijo que el gobierno estaba utilizando el Oxford English Dictionary “Concise” en lugar del habitual, y todos los demás diccionarios que consultaron no usaban “justificar” dentro de la definición de “verificar” [1].

“CMS no puede expandir el significado legal de ‘verificar’ basándose en una definición atípica como ‘justificar’ que se encuentra solo en un diccionario”, escribieron Rachel Dolan y Sylvia Yu de PhRMA. “El objetivo de consultar diccionarios para interpretar un estatuto es encontrar evidencia de uso común u ordinario, no definiciones oscuras” [1].