Según escribe Zhang en Statnews [1] el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare, establecido en la Ley de Reducción de la Inflación, que tiene como objetivo reducir los costos de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare ya se está implementando. Se han negociado los precios de los primeros diez medicamentos, entre los que se incluyen tratamientos para diversas condiciones, como la diabetes y la artritis reumatoide, y se espera que generen ahorros significativos para el programa. Los medicamentos y las empresas afectadas son: Eliquis de Bristol Myers Squibb; Jardiance de Boehringer Ingelheim; Xarelto y Stelara de Johnson & Johnson; Januvia de Merck; Farxiga de AstraZeneca; Entresto de Novartis; Enbrel de Amgen; Imbruvic de J&J y AbbVie; y insulinas Fiasp y NovoLo de Novo Nordisk.

Se estima que, si los precios negociados hubieran estado en vigor en 2023, Medicare habría ahorrado US$6.000 millones, lo que representa una reducción del 22%. Sin embargo, la administración no puede revelar los descuentos para cada uno de los medicamentos y la estructura del programa se modificará cuando los nuevos precios entren en vigor en 2026. Se anticipa que los ahorros para los pacientes dependerán de la forma en que sus planes de seguro cubren los medicamentos.

El proceso de negociación fue descrito como exhaustivo e intenso. Según Medicare, se alcanzaron acuerdos para cinco de los medicamentos durante las reuniones de negociación, y para cuatro de esos medicamentos, los funcionarios de la administración aceptaron la oferta que hizo la compañía farmacéutica. Para los otros cinco, los funcionarios de Medicare emitieron una oferta final por escrito a las compañías farmacéuticas. Si las empresas hubieran rechazado la oferta final, se habrían enfrentado a fuertes sanciones financieras o habrían tenido que retirar todos sus medicamentos del programa Medicare.

Las farmacéuticas han criticado el proceso, argumentando que no se trata de una negociación legítima, sino que Medicare estableció los precios.

Para negociar los precios se tuvieron en cuanta diversos factores, incluyendo cuánto gastó una empresa para desarrollar el medicamento, los costos de producción y distribución, el nivel de apoyo de los contribuyentes para el desarrollo del medicamento, las ventas del medicamento por parte de la empresa y la información sobre medicamentos alternativos.

Para ser elegibles, los medicamentos deben haber estado en el mercado durante al menos nueve años y no tener competidores genéricos. Algunos de los medicamentos seleccionados pueden salir del programa en cuanto aparezcan versiones genéricas.

La administración también ha indicado que supervisará las prácticas de la industria que puedan afectar el acceso a los medicamentos con precios negociados.

Las empresas farmacéuticas han expresado preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Aunque algunas compañías, como Pfizer, consideran que su exposición es limitada, otras han manifestado su inquietud sobre cómo la ley afectará su capacidad para invertir en investigación y desarrollo. La reacción del mercado de valores ha sido moderada, reflejando la fortaleza general de la industria farmacéutica.

En resumen, el inicio de las negociaciones de precios de medicamentos representa un cambio significativo en la política de salud de EE UU, con el potencial de generar ahorros sustanciales para Medicare y sus beneficiarios, aunque también plantea desafíos y preocupaciones para la industria farmacéutica.