La administración Biden abandona su propuesta de exigir a las compañías farmacéuticas que divulguen los precios y los costos de investigación de los medicamentos que afectan el gasto en los programas estatales de Medicaid. Herman B, de Statnews [1] ha informado que esta decisión surgió como consecuencia de la presión ejercida por las farmacéuticas, que además amenazaron con acciones legales si la iniciativa de encuestas de verificación de precios de medicamentos, un componente poco conocido el programa progresaba.

El cambio de postura de la administración resalta su temor a enfrentarse a las farmacéuticas, quienes también están impugnando el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare. Además, la Corte Suprema emitió un fallo que facilita que la industria de la salud litigue contra las normas federales que consideran desfavorables, contribuyendo a que se archivara la propuesta.

Es importante mencionar que los funcionarios estatales de Medicaid y expertos en investigación habían apoyado la iniciativa, porque consideraban que ayudaría a los Estados a identificar los medicamentos de alto costo que afectan sus presupuestos.

Los datos recientes indican que el gasto de los programas Medicaid en medicamentos ha aumentado considerablemente, alcanzando los US$44.000 millones en 2022, lo que representa un incremento del 39% desde 2019. A pesar de que entre los programas de salud gubernamentales, Medicaid es el que obtiene los precios más bajos de medicamentos, hay cierta preocupación por si las compañías farmacéuticas están evitando pagar los reembolsos suplementarios que prometen a los estados. Estos reembolsos son descuentos que los estados negocian a cambio de incluir los medicamentos de la empresa en los formularios o listas de los medicamentos preferidos.

La administración Biden había propuesto identificar los medicamentos que ocasionan mayor gasto a Medicaid, y las farmacéuticas tendrían que presentar información sobre los precios que normalmente se considera confidencial, así como datos sobre los efectos colaterales y la eficacia del medicamento, y “los costes de producción, investigación y comercialización” del medicamento, pues la forma en que el fabricante llega a su precio es generalmente “opaca”.

El plan incluía hacer encuestas para verificar los precios de entre tres y diez medicamentos al año, los cuales debían ser de marca y sin competencia genérica. Los medicamentos que formaran parte de otros programas de precios negociados, como los de Medicare, hubieran estado exentos. Además, el Gobierno sólo publicaría información no protegida por derechos de propiedad intelectual en su sitio web. No obstante, esta propuesta fue desechada.