Novedades sobre la Covid

Experimentar un efecto secundario grave es poco frecuente, no obstante documentar oficialmente estos casos para diseñar mejores vacunas es de vital importancia.

Hace tres años y medio contraje el síndrome de Guillain-Barré tras recibir la vacuna de vector viral de Johnson & Johnson (Janssen) contra la covid-19. El problema neurológico me ha dejado cojeando, con las manos y los pies entumecidos, tambaleándome, sin equilibrio y luchando contra una fatiga debilitante. También ha hecho que me sienta, así como miles de personas más, ignorados y no escuchados por el gobierno y el sistema de salud pública.

En 2021 escribí sobre la experiencia en The Boston Globe, después de que la FDA incorporara una advertencia a la vacuna de J&J, citando la aparición inaceptable de este efecto adverso. En ese momento lamenté que fuera tan difícil hablar de los efectos colaterales de las vacunas y argumenté que los funcionarios del gobierno y de salud pública deberían afrontarlos honestamente. La gente podía aceptar la verdad, dije, y todos se beneficiarían porque reconocer esas raras ocasiones en que las cosas salen mal permitiría que los fabricantes de vacunas diseñaran un mejor producto. Tres años después, eso todavía no ha sucedido. Los funcionarios de salud pública, intimidados por el grupo antivacunas, se aferraron a la idea de que las vacunas contra la covid-19 son seguras y eficaces. Y el sistema existente para cuidar de las personas afectadas por las vacunas, establecido durante la presidencia de Ronald Reagan, ha sido prácticamente abandonado.

Por supuesto, las vacunas salvan vidas. Pero la postura “no hay por qué preocuparse” en relación a los efectos colaterales legítimos de las vacunas impide que el gobierno nos respalde y dé seguimiento a los defectos de esos productos, de la misma manera que lo hace cuando la lechuga o la carne para el almuerzo se contaminan, o las bolsas de aire de los coches no funcionan correctamente.

Y, como es bien sabido en la profesión médica, el fallo es real. Varias vacunas pueden causar el síndrome de Guillain-Barré, conocido como SGB. En 1976, la vacuna contra la gripe porcina desencadenó tantos casos que tuvo que suspenderse. Las vacunas contra la gripe se asocian con un “riesgo ligeramente elevado”. Durante la pandemia, la vacuna de J&J fue suspendida en EE UU por provocar al menos 100 casos de SGB, y la vacuna de AstraZeneca se relacionó con muchos cientos más. Más recientemente, los fabricantes de vacunas contra el herpes zóster y el VRS (virus sincitial respiratorio) han tenido que emitir advertencias sobre el SGB.

Intuitivamente, tiene sentido. El SGB es fundamentalmente una respuesta autoinmune. Las vacunas funcionan engañando al sistema inmunológico para que ataque un objetivo, como si fuera un representante del coronavirus. En algunas personas, los anticuerpos rebeldes van demasiado lejos y comienzan a atacar el sistema nervioso periférico del cuerpo, un caso horrible y muy dañino de “fuego amigo” (friendly fire).

Uno pensaría que los funcionarios no querrían esconder nada debajo de la alfombra, porque podría avivar más sospechas sobre las vacunas. Pero a diferencia de otros países (Canadá me viene a la mente), EE UU no está manejando este problema de forma directa y sobria, como merece. Y, consecuentemente, miles de personas, aunque una pequeña fracción de los 230 millones de personas que recibieron la vacuna contra la covid-19, están sufriendo por ello.

No tiene por qué ser así. Hay un proceso para manejar este problema. Después de que los fabricantes de vacunas obtuvieran inmunidad frente a demandas judiciales para fomentar el desarrollo de productos, la Ley de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986 estableció el Programa Nacional para Compensar a los Lesionados por Vacunas (National Vaccine Injury Compensation Program, o NVICP). El programa permite que las personas perjudicadas por las vacunas compartan lo que les ha sucedido y reciban una compensación, que se financia con un modesto impuesto especial sobre las vacunas. Las vacunas elegibles incluyen tétanos, sarampión, paperas, rubéola, polio, hepatitis B y gripe. El Tribunal de Reclamaciones Federales de EE UU, compuesto por peritos especiales decide cada caso.

Lamentablemente, ese sistema perfectamente sensato se ha visto eclipsado por un programa defectuoso y organizado a la ligera que se puso en marcha después de los ataques terroristas del 11 de septiembre: el Programa de Compensación por Lesiones por Contramedidas (Countermeasures Injury Compensation Program o CICP). Si durante una emergencia de salud pública alguien sufre un efecto adverso, por ejemplo, a causa de una vacunación masiva contra la viruela, los afectados podrían presentar reclamos para cubrir los salarios perdidos y los costos médicos (como mínimo).

El CICP funciona como una estrategia de protección de responsabilidad civil de sentido común, pero después de la mayor emergencia de salud pública de nuestra vida, ha quedado claro que no está a la altura de la tarea. Muchas reclamaciones han sido rechazadas sumariamente y, aparte de una gran indemnización otorgada recientemente, los magistrados administrativos habían indemnizado a un total de 15 personas con menos de US$60.000, ninguna de ellas por síndrome de Guillain-Barré.

Entonces, ¿por qué no hacer que las vacunas contra la covid-19 sean elegibles bajo el NVICP, el programa que ha funcionado mucho mejor? Para hacerlo se necesita una ley del Congreso, y la política pandémica ha paralizado todo.

Los demócratas, junto con los “expertos” en salud pública, aparentemente quieren evitar cualquier cosa que ponga en duda las vacunas. Los republicanos, mientras tanto, hablan mucho de las desventajas de la vacunación, pero no aprobarán el impuesto especial que se impondría a las compañías farmacéuticas, que es lo que se requiere para financiar la compensación a las víctimas. La Ley de Modernización de la Compensación por Lesiones por Vacunas (Vaccine Injury Compensation Modernization Act) que agregaría las vacunas covid-19 al NVICP, actualmente languidece junto con otra legislación que mejoraría los protocolos de presentación de informes y aumentaría el número de peritos especializados para evaluar los reclamos.

“Tenemos derecho a otras alternativas razonables al litigio“, dijo Christopher A. Dreisbach, director de asuntos legales de React19, un grupo que representa a unas 20.000 personas que sufren los efectos adversos de las vacunas covid. Dreisbach, a quien después de recibir su vacuna Pfizer le diagnosticaron polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (esencialmente una forma recurrente de Guillain-Barré), dijo que no esperaba que sucediera mucho en Washington antes del día de las elecciones. Pero al menos dos demandas vigentes afirman que el proceso gubernamental existente para las personas afectadas por las vacunas viola el derecho constitucional; las demandas podrían ser lo suficientemente preocupantes como para que las compañías farmacéuticas colaboren de manera más proactiva con el Congreso y los defensores de la reforma.

Tres años después de publicar mi ensayo solicitando un debate honesto sobre los efectos adversos de las vacunas, lo que más me decepciona es que sigue habiendo médicos y profesionales de salud pública que se niegan a reconocer verdades empíricas, y por lo tanto otorgan a los legisladores y funcionarios de salud pública la cobertura que necesitan para no hacer nada. Algunos médicos, incluido uno de los míos, que trabaja en un prestigioso hospital local, niegan hasta el día de hoy que el síndrome de Guillain-Barré sea un efecto adverso de la vacuna de J&J. En una conferencia para sobrevivientes del síndrome de Guillain-Barré, otro médico le dijo a la audiencia que deberían proceder y vacunarse sin preocupaciones. Cuando me opuse (me han dicho que no debería arriesgarme a recibir ningún tipo de vacuna durante el resto de mi vida), me miró con evidente desdén, como si fuera un antivacunas, y recitó lo que parecían puntos de discusión preparados para tratar con gente loca. Mientras tanto, la mayoría de mis colegas periodistas se han aferrado a la ortodoxia pro-vacunas, siendo el New York Times una valiente excepción.

No defiendo teorías conspiratorias, se lo aseguro. Creo simplemente que, como sociedad, tenemos la obligación de ser justos y transparentes. Estoy solicitando que se pueda documentar oficialmente lo que me pasó, con la esperanza de aportar datos que el sistema médico y las compañías farmacéuticas puedan utilizar para fabricar una mejor vacuna.