Desde 1952, la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) ha producido varias versiones consecutivas del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM, por su nombre en inglés). Su objetivo es postular una definición para cada trastorno psiquiátrico [1].

Al principio, el DSM se creó como un manual para clasificar objetivamente los síntomas psiquiátricos y, posteriormente, se empezó a considerar una obra de referencia en la psiquiatría [1]. Sin embargo, se han criticado varios aspectos de su desarrollo, a saber: la creación o eliminación arbitraria de ciertos trastornos mentales; el aumento de características que se representan como trastornos mentales (180 en la segunda versión [DSM-II] publicada en 1968, versus 350 en la cuarta versión [DSM-IV publicada en 1994); y la presión de la industria farmacéutica en su desarrollo y su diseminación, que alienta el uso excesivo de medicamentos en el ámbito de la salud mental [2-6].

En 2006, ya se había demostrado que los miembros de la APA que fueron responsables del desarrollo del DSM-IV tenían conflictos de interés, sobre todo en las áreas de diagnóstico para las que se proponían tratamientos farmacéuticos [2]. Un equipo de académicos de EE UU investigó los conflictos de interés de quienes contribuyeron a la quinta versión (DSM-5-TR, publicada en 2022) [6].

Los autores usaron la base de datos Open Payments de EE UU para identificar cualquier conflicto de interés entre los médicos que eran miembros de los paneles o el grupo de tareas del DSM de la APA. Aproximadamente un 60% de estos 92 miembros tuvieron algún vínculo financiero con al menos una farmacéutica durante los tres años previos al desarrollo del DSM-5-TR, a saber: 53 de los 86 miembros del panel y 2 de los 6 que participaban en el grupo de trabajo a cargo de la toma de decisiones [6]. Los resultados casi no habían cambiado desde el desarrollo del DSM-5, publicado en 2013, además de una disminución de la proporción de los miembros de los grupos de trabajo que tenían vínculos financieros con la industria, que fue de dos tercios a un tercio [2,6]. En conjunto, entre 2016 y 2019 —antes de empezar a trabajar en el DSM—, los 92 médicos habían recibido beneficios que ascendían a los $14 millones de dólares [6]. Al igual que en los estudios anteriores, hubo muchos más conflictos de interés en las áreas de diagnóstico en que las farmacéuticas ofrecen medicamentos. Un tercio de los vínculos financieros identificados implicaban pagos por conferencias o situaciones en las que el papel del médico era ser un “líder de opinión” [6].

Los autores resaltaron que tales conflictos de interés afectaban la integridad del proceso de desarrollo de esta referencia global y que podían dañar el cuidado de la salud mental [2,6]. Sobre todo, estos conflictos podrían ampliar la medicalización de la sociedad y la intervención farmacéutica al aumentar el número de problemas psicológicos incluidos en el DSM y rebajar el umbral de diagnóstico [6]. Los autores citaron el ejemplo del criterio de diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el DSM-5, que desencadenó un fenómeno de sobrediagnósticos que está bien documentado [4,6].

En vista de la evidencia de que la industria influye permanentemente en el desarrollo del DSM, los profesionales de la salud que recurren a este manual hacen bien en consultarlo con precaución y escepticismo.