Cada año la malaria, tuberculosis y SIDA acaban con la vida de unos 6 millones de personas, casi todos ellos en países en desarrollo. Estas muertes prematuras se han de atribuir al conjunto de la sociedad, por lo que se deben tomar medidas de carácter urgente para salvar las vidas de millones de personas sin recursos económicos.

La falta de acceso a medicamentos es uno de los mayores problemas. Las personas pobres no pueden hacer frente a los precios elevados de las medicinas. Por ejemplo, en Zimbabwe donde uno de cada cuatro adultos es seropositivo, el tratamiento para un paciente con SIDA puede costar más de US$ 15.000 (24 veces la renta per capita del país).

Las voces críticas de la OMC apuntan a que los acuerdos sobre propiedad intelectual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) empeoran las cosas. Como los países en desarrollo han de seguir la normativa sobre patentes, estos acuerdos permiten que las compañías farmacéuticas ofrezcan sus productos a unos precios que los pobres no pueden pagar. Pero, por otra parte, el desarrollo de una nueva medicina cuesta a las compañías farmacéuticas una media de US$ 500 millones. En cierta forma, si no fuera por la normativa de patentes, las compañías no invertirían en investigación y tratamientos para el SIDA no existirían. De los 300 medicamentos que la OMS cataloga de esenciales para el cuidado básico de la salud en países en desarrollo, menos de 20 están bajo protección de patente en estos países.

Los TRIPS intentan hacer frente a esta situación de indefinición y contradicción. Se busca un balance entre las necesidades a corto plazo (acceso a medicamentos por parte de las personas que los necesitan), y los requisitos a largo plazo (que las compañías tengan incentivos necesarios para promover investigación y desarrollo de nuevos tratamientos). La forma en que el acuerdo TRIPS provee de incentivos a las compañías farmacéuticas es asegurándoles las patentes de sus medicamentos durante un periodo de 20 años. En realidad el tiempo de patente no es tan largo, ya que se tardan varios años en probar y aprobar nuevos medicamentos. Sin embargo, este acuerdo reconoce algunas circunstancias que restringen los derechos de patente.

Para obtener el derecho de patente la compañía farmacéutica tiene que probar que ha inventado una formula nueva; en dicho acto, la formula pasa a ser de dominio público y posibilita que otras compañías utilicen el conocimiento para desarrollar nuevas formulas. En segundo lugar, si el propietario de una patente rechaza dar licencias para la producción del medicamento bajo condiciones comerciales razonables, hay ciertas circunstancias en que el gobierno puede otorgar licencias obligatorias. Finalmente, el gobierno puede autorizar importaciones paralelas de medicamentos procedentes de otros países en que estos son vendidos a precios más baratos.

Hasta enero del año 2000, los países en desarrollo se han tenido que ir ajustando a la normativa del acuerdo TRIPS, cuando finalizó el periodo de cinco años de transición. No obstante, había una cláusula que alargaba 5 años más el período que permite introducir derechos de patente sobre aquellos productos que todavía no la tenían. El período de transición para los países menos desarrollados acaba en el 2006, con la probabilidad de que se pueda extender.

La mayoría de los países, desarrollados y no tan desarrollados, ya disponen de patentes para sus productos

farmacéuticos. Para ellos, el verdadero significado de los acuerdos TRIP no es tanto el requisito de proteger nuevos medicamentos, sino proteger la normativa internacional sobre flexibilidad. Una de las consideraciones más importantes son los precios diferenciales; de esta forma las compañías farmacéuticas venderían sus productos más baratos en países en desarrollo de lo que lo hacen en países desarrollados.

Médicos Sin Fronteras, la OMS, la Comisión Europea y algunas industrias apoyan esta política de precios diferenciales. Ya se ha empezado a implementar en algunos países y los secretariados de la OMS y la OMC están analizando como esta política se puede extender a otros países. El problema es que todavía quedan algunos aspectos por resolver, por ejemplo, cómo prevenir que se produzca un flujo de medicamentos de los países en desarrollo a los países desarrollados, así como convencer a los contribuyentes de los países ricos de los beneficios de esta política.

No hay tratamientos efectivos para algunas enfermedades que afectan a personas en países pobres, ya que no son rentables comercialmente. Sólo 10% de la inversión en investigación se destina al 90% de la población mundial. Por lo que se necesitan instituciones que hagan donaciones para ayudar a financiar la investigación, por ejemplo en tratamientos para la malaria y el SIDA.