ECONOMÍA Y ACCESO

Acceso y precios

Argentina: Un proyecto busca generar un estudio de los costos de los medicamentos para fijarle precios máximos.
Mirada Profesional, 1 de noviembre 2011
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En tiempos de inflación y fiebre por el dólar, cualquier medida que busque controlar los precios de los productos genera polémica. Esta semana, el senado comenzará a tratar un proyecto que puede enfrentar intereses poderosos. Es que un senador radical propone que los medicamentos tengan precios máximos, a través de un estudio de costo a cargo del gobierno. Además, la idea es que todos los remedios, tanto los elaborados por plantas estatales como por laboratorios privados, sean considerados “bienes sociales”. La medida incluye a los insumos para su fabricación y las vacunas.

El proyecto de ley fue presentado por el senador radical por Chubut Mario Cimadevilla, y en la próxima sesión tomaría estado parlamentario. Con el objetivo de mejorar el acceso a los medicamentos, el legislador propone “un estudio de costos” para fijar precios máximos para fármacos, vacunas y otros elementos médicos, incluyendo los insumos para su producción. Para esto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) será la autoridad de contralor y habilitación, y deberá exigir a los laboratorios de producción pública y privada el cumplimiento de este estudio.

El proyecto establece que la ANMAT deberá “aprobar el precio final de los productos”, pudiendo denegar dicha autorización cuando considerare que los precios “son irrazonables”. En este sentido, en el artículo 5° del proyecto de ley se asegura que “no podrán ser comercializados aquellos productos que no cuenten con el correspondiente estudio de costos”.

Además del control de precios, el senador radical quiere declarar los medicamentos privados y públicos como “bien social”, y crear una comisión bicameral que haga un seguimiento tanto del valor de su venta como de su producción y acceso. “Los medicamentos, como bien social, están presentes en diversos tratados que gozan de jerarquía constitucional y en las constituciones provinciales de San Juan, Río Negro, San Luís, Formosa y La Rioja, entre otras”, destacó Cimadevilla.

“No se pretende desconocer los derechos de propiedad que pesan sobre los medicamentos, sino que se propicia el ejercicio razonable del poder de policía del Estado, estableciendo restricciones a las ganancias obtenidas por la comercialización de medicamentos en aras de salvaguardar bienes superiores, como lo son calidad de vida y la salud de todos los habitantes de nuestro país”, afirmó en declaraciones periodísticas el senador.

Cimadevilla dejó en claro que “la importante función que cumplen los medicamentos a nivel social impide dejar librada su comercialización al libre juego de las reglas del mercado”, ya que “son evidentes en la actualidad las dificultades que esta situación generó en el acceso a los fármacos”.

Por último, el senador radical sostuvo que “no puede ser que una gran mayoría de la población se encuentre atrapada entre la voracidad comercial de los laboratorios y la corrupción estructural de las obras sociales sindicales, que está quedando al descubierto mientras avanzan las causas sobre las mafias de los medicamentos, el triple crimen de General Rodríguez o la falsificación de troqueles”.