Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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ENSAYOS CLÍNICOS
Ensayos clínicos, ética y conflictos de interés
España. Sanción de 216.000 euros al médico de los ensayos ilegales
Elena G. Sevillano
El País, 10 de mayo de 2012
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/actualidad/1336681533_277222.html
Vicente Soriano, el investigador del hospital Carlos III de Madrid que realizó, según la inspección de la Consejería de Sanidad, ensayos clínicos con pacientes de VIH sin autorización y sin el consentimiento de los enfermos se enfrenta a una sanción de €216.000. Las infracciones graves y muy graves que detectaron los dos inspectores que estudiaron el caso en noviembre de 2010 acabaron en un expediente sancionador que fijó esa cuantía según los baremos que establece la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos, que regula los ensayos clínicos.
Soriano, médico adjunto del servicio de Infecciosas del Carlos III y uno de los expertos en VIH con más publicaciones del mundo, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que sigue estudiando el caso. Según su abogado, una resolución del TSJM de febrero pasado ha dejado en suspenso la sanción, por lo que el investigador aún no ha hecho efectivo el pago ni lo hará hasta que se resuelva el recurso. Su defensa consiste en demostrar que no se trata de ensayos clínicos, sino de estudios con medicamentos ya comercializados para los que no son necesarios los mismos requisitos.
El caso de los ensayos sin autorización, desvelado el martes por EL PAÍS, provocó este miércoles la reacción de los tres partidos de la oposición, que pidieron la comparecencia urgente del consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, en el Parlamento regional. El portavoz socialista, José Manuel Freire, solicitó conocer en qué punto falló el protocolo que regula estas investigaciones. El de IU, Rubén Bejarano, preguntó desde cuándo tenían conocimiento de la situación las autoridades sanitarias. “Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hay detrás de todo esto”, aseguró Enrique Normand, de UPyD. Todos calificaron los hechos de graves.