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Costa Rica. Conflicto de intereses en gestión legislativa para ley sobre investigaciones en personas
Carlos Salazar Fernández
El País, (Costa Rica) 19 septiembre de 2012
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/72706

En Costa Rica los ciudadanos no han estado adecuadamente representados en la elaboración de la ley sobre investigaciones médicas en personas, proyecto 17777; en cambio, los intereses de las empresas y empresarios si han estados presentes.

Así lo denunció a la Asamblea Legislativa el médico Carlos Zamora Zamora, al acusar que decisiones sobre la conformación de una comisión asesora, integrada mayoritariamente por representantes de empresas con vínculos con las transnacionales farmacéuticas, han sido parcializadas (Ver documento:http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/72673).

En una nota a los diputados, Zamora señala que la investigación con personas requiere de una ley para su regulación; que debe anteponer la protección de la personas a cualquier otro interés, y los legisladores tienen una gran oportunidad de dotar al país de una ley que permita el desarrollo justo y equilibrado de esta actividad.

Zamora advierte que el punto central de la ley es proteger la seguridad y dignidad de las personas que participarán en estudios clínicos, particularmente en los experimentos médicos.

Por eso, considera que la discusión de este asunto debería ser además de serena y amplia, equilibrada para incluir de manera relevante la perspectiva de la defensa de los intereses de las personas.

Advierte también que el sector privado ha recurrido al uso de propaganda tendenciosa que presenta la experimentación como una alternativa terapéutica. “Esta propaganda no solo es tendenciosa sino ofensiva para muchas personas enfermas a quienes se les envía un mensaje incorrecto”, acusa.

Sostiene que la presencia de personas con nombramiento político en un ente que regula materia ética va en contra de este principio.

Las amplias potestades para que los comités de ética aprueben experimentos fase I y fase II son también cuestionables, señala.

Igualmente, indica que las definiciones insuficientes o incompletas abren portillos inconvenientes para eventuales interpretaciones a favor de intereses que pudieran en contra de las personas.

De seguido, llama la atención de “ausencia de medidas para la realización de investigaciones en instalaciones públicas y con pacientes atendidos en servicios públicos es una seria deficiencia”.

“Un CANON del 3% constituye un monto bajo para garantizar la regulación, la fiscalización y el aval que el Estado estará dando a las investigaciones. Si lo que se pretende es poner en operación un sistema idóneo de regulación y fiscalización, ese monto podría ser insuficiente en cuyo caso el Estado tendría que hacer aportes adicionales, situación que implicaría un subsidio público a un poderoso sector privado”, precisa Zamora Zamora.

Conflictos de interés
“Dos hechos, muy cuestionables en mi opinión, exponen este aspecto en el trámite del proyecto 17777:

1) la invitación parcializada y desproporcional de personas con conflictos de interés para “ayudar” a formar criterio,

2) la aceptación de asesores con claros conflictos de interés para que “revisen” el texto actual del proyecto.

Estas decisiones han sido parcializadas quedando claro que los intereses de las personas, los intereses de los ciudadanos no han estado adecuadamente representados en la elaboración de esta ley. En cambio los intereses de empresas y empresarios sí han estado presentes”, aseguró el galeno.

Para el médico Zamora Zamora la Comisión de Asuntos Sociales 2010-2011 privilegió notoriamente las opiniones de personas con conflictos de interés invitando a comparecer a personas directamente vinculadas con empresas dedicadas a la administración de proyectos de investigación financiados por transnacionales farmacéuticas. Todos ellos expresaron sus puntos de vista a la Comisión, ninguno de ellos expresó ni suscribió sus conflictos de interés en este asunto.

Ellos fueron:
1. Guillermo Rodríguez Gómez, Presidente del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, empresa ampliamente conocida por administrar contratos para la realización de experimentos con personas.
2. Kati Barrantes Jiménez, Directora de Operaciones Clínicas del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas; empresa dedicada a la administración de contratos para la ejecución de proyectos de investigación.
3. Jessie Orlich Montejo, Directora del Comité Científico del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, empresa dedicada a la administración de contratos para la ejecución de proyectos de investigación.
4. Elías Jiménez Fonseca, Presidente de la Asociación Costarricense para la Investigación en Salud Humana, Director del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, investigador del Instituto de Atención Pediátrica.
5. Adriano Arguedas Mohs, representante del Instituto de Atención Pediátrica, empresa dedicada a la administración de contratos para el ejecución de proyectos de investigación.
6. Carolina Soley Gutiérrez, representante del Instituto de Atención Pediátrica, empresa dedicada a la administración de contratos para el ejecución de proyectos de investigación.
7. Elías Soley Gutiérrez, socio del Bufete Soley, Saborío y Asociados, empresa que ha dado asesoría legal en contratos de investigación médica.
8. Emilia Saborío Pozuelo, socia del Bufete Soley, Saborío y Asociados, empresa que ha dado asesoría legal en contratos de investigación médica.
9. Elioth Fuchs Castillo, miembro de la UCIMED, universidad privada donde funciona un comité de ética que aprueba protocolos de investigación.
10. Mary Vinocuor Fornieri, médica dedicada a la realización de protocolos de investigación.
11. Andrea Mesés Fainardi, médico dedicado a la realización de protocolos de investigación y quien en informe previo de la Asamblea Legislativa fue señalado por prácticas irregulares en investigación con personas. (Sugiero la lectura de esos informes legislativos).

Zamora llama la atención que todas esas personas plantearon a la Comisión de Asuntos Sociales 2010-2011 sus puntos de vista, pero ninguno declaró sus conflictos de Interés.

De acuerdo con el médico, esas opiniones debieron haber sido vistas a la luz de dichos intereses particulares, individuales y de las empresas vinculadas. Todos ellos se estarían beneficiando directamente del proyecto de ley que comentaron en la Comisión.

Revisores, Asesores y más Conflictos de Interés
Sobre la revisión del proyecto, por parte de expertos del sector privado y de la Universidad de Costa Rica, Zamora advierte que son personas vinculadas a empresas vinculadas con la administración de contratos de investigación.

• Zamora destaca que “La Asamblea Legislativa, mediante decisión o acuerdo aun no conocido por quien suscribe, ha dado potestades y responsabilidades a un grupo de personas para revisar el texto del proyecto. Son dos revisores expertos y dos asesores por parte del sector privado vinculado a la industria farmacéutica y según entiendo son las siguientes personas:
• Adriano Arguedas Mohs, revisor experto, representante del Instituto de Atención Pediátrica, empresa dedicada a la administración de contratos para investigaciones farmacéuticas, concuñado de Emilia Saborío Pozuelo y yerno de Elías Soley Soler
• Emilia Saborío Pozuelo, revisora experta, socia del Bufete Soley, Saborío y Asociados, empresa que ha asesorado contratos para investigación médica, concuñada de Adriano Arguedas Mohs y nuera de Elías Soley Soler
• Elías Soley Soler, también socio del Bufete Soley, Saborío y Asociados, empresa que ha asesorado contratos para investigación médica, suegro de ambos revisores y a la vez asesor de los revisores
• Elías Jiménez Fonseca, director del Instituto de Atención Pediátrica y Director del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, quien siendo Presidente Ejecutivo de la Caja abrió las puertas de esta Institución a la investigación privada mediante cuestionables convenios y quien ahora aparentemente integra la citada comisión”.

“¡Todos ellos son personas con conflictos de interés y estarían, por sus vinculaciones empresariales, beneficiándose directamente de la ley que va a permitir la firma de contratos para la realización de estudios experimentales financiados por empresas farmacéuticas y administrados por las empresas nacionales a las cuales pertenecen”, indica el médico.

Zamora llama la atención de los legisladores: “No tengo nada en contra de ese mecanismo de financiamiento, esa no es la discusión. De lo que se trata es que conociéndose dichas relaciones, las autoridades legislativas les han dado la potestad de revisar un proyecto de ley que les traería beneficios. En el grupo que compareció a la Comisión de Asuntos Sociales resaltan los vínculos empresariales. En el grupo que ahora revisa el proyecto de ley resaltan los vínculos familiares. Desconozco si esto calza con el concepto de legislar en beneficio propio, pero resulta innegable la presencia de grupos de interés económico en la tramitación del proyecto de ley 17777.”

Finalmente, sobre la consulta a los expertos en las condiciones descritas, sostiene que es inusual y falto de transparencia, y por ello pregunta:
– ¿Cómo fueron seleccionadas las personas que participan en esta “revisión?
– ¿Habrán expresado a los legisladores y declarado de antemano sus conflictos de interés?
– ¿Está este procedimiento apegado a las normas legislativas y universitarias vigentes?