SUDÁFRICA: LECCIONES Y DUDAS

Antonio Ugalde

Al cerrar la edición de este número nos encontramos con la agradable noticia de la retirada por parte de la industria farmacéutica del juicio contra el gobierno de Sudáfrica, una nación que hasta hace poco sufrió las secuelas brutales del colonialismo. Treinta y nueve firmas farmacéuticas entre las que se encontraban muchas de las más poderosas del mundo habían aunado recursos y esfuerzos para litigar contra un país clasificado económicamente como en el nivel medio superior (algo más de 3.000 dólares per cápita). Los presupuestos combinados de las industrias superan en muchas veces al de Sudáfrica, era una lucha de Goliats contra un liliputiense. Como es sabido, la industria no estaba dispuesta a permitir que el gobierno de este país no aplicara la ley de patentes, que benefician exclusivamente a los países neocoloniales y sus industrias, y decidió llevar su recurso legal ante los tribunales. El intento frustrado de la industria me hace reflexionar, sacar algunas conclusiones y expresar algunas dudas sobre el mundo en que vivimos.

En primer lugar hace falta preguntarse por qué la industria ha tenido ese repentino cambio de opinión. La respuesta que la prensa ha avanzado es que la opinión pública contra la industria estaba tomando tal dimensión que cuando la industria puso en la balanza las ventajas e inconvenientes del juicio la escala se inclinó claramente del lado de las desventajas. La industria farmacéutica, como todas las industrias, necesita cuidar su imagen, no hacerlo puede conllevar consecuencias económicas catastróficas, como el reciente caso de la industria tabacalera nos recuerda. Para ello gasta grandes cantidades de recursos en promover una imagen de persona (jurídica) responsable cuyas actividades contribuyen al bienestar de la humanidad subrayando los beneficios de sus descubrimientos, al mismo tiempo que financia generosamente fundaciones, publicaciones, reuniones científicas, donaciones de medicamentos, concursos, etc.

De otra parte, el mercado de medicamentos de Sudáfrica representa un porcentaje que ni siquiera llega al 3%; es decir lo que pudiera perder la industria en ese país es una cantidad mínima. Ello junto con una buena posibilidad de que el juicio fuera fallado en contra de la industria parece explicar la razón por la que desistió de su empeño, y permitió que el liliputiense ganara esta baza.

Es importante entender que es lo que ha conseguido movilizar la opinión pública hasta tal grado. El esfuerzo de grupos entre los que hay que incluir Médicos Sin Fronteras, AIS Internacional, OXFAM y otros ha sido grande. A través del internet, de ruedas de prensa, de la TV, de pronunciamientos, de cartas a políticos, y otras actividades han comunicado a cientos de miles de personas la situación crítica de los enfermos que no pueden costear medicamentos necesarios. Su trabajo ha sido decisivo, vital. Las redes electrónicas de comunicación tales como el e-drugs en inglés y sus versiones en otros idiomas incluyendo el e-fármacos para el castellano también han contribuido a divulgar los abusos. Sin la participación de aquellos grupos y estas redes no hubiera sido posible la concesión de la industria.

El gobierno de Sudáfrica no había tomado una posición anticapitalista o antiindustria, solamente deseaba facilitar el acceso de los enfermos de VIH a los medicamentos necesarios para salvar su vida, cumplir con su obligación de velar por la salud de sus ciudadanos. El conocimiento de que se puede evitar sufrimiento y muerte a una fracción del coste establecido por la industria ha producido la indignación de millones y movilizado a la ciudadanía global. La tragedia de los pobres del mundo infectados con el VIH y el coste del tratamiento establecido por la industria ha impresionado la opinión pública.

Desde el punto de vista ético, el juicio en Sudáfrica equivalía a preguntarse: ­¿qué es más importante, el derecho al acceso a medicamentos que salvan la vida o el derecho a la propiedad intelectual? Parafraseando el mandato del atracador se podía reducir a gritar: !la patente o la vida¡

Al examinar los problemas de accesibilidad a medicinas como parte de la situación de los infectados con el VIH se han ido documentando otras dimensiones de la conducta empresarial. Por ejemplo, la falta de interés para producir medicinas para enfermedades que solo existen en los países pobres, incluso la descontinuación de alguna que no generaba beneficios económicos aunque fueran necesarias para salvar la vida de los enfermos en el tercer mundo, violaciones de derechos humanos en ensayos clínicos en países pobres, presiones de la industria por recibir aprobación rápida de medicamentos que no añaden ningún valor terapéutico nuevo, reticencia para retirar del mercado formulaciones nocivas, promoción de medicamentos cuestionables, etc. No es que muchas de estas prácticas no fueran conocidas por los estudiosos de la industria, pero el excesivo celo por salvaguardar el derecho de la propiedad intelectual en situaciones que no son justificables como es, entre otros, el caso del VIH ha puesto a la industria bajo la lupa de los consumidores, y se ha empezado a generar una imagen muy negativa de la misma.

Los defensores de la industria afirman que si no se respetan las patentes es imposible generar suficientes beneficios para continuar la investigación y el desarrollo de nuevos productos. El coste impresionantemente elevado de cada nuevo medicamento se presenta como prueba de ello. En un mundo dominado por un capitalismo salvaje la lógica de este argumento es difícil de refutar. Aquí me surgen las dudas. La salud no es un bien cualquiera, y los productos necesarios para salvaguardarla, como son los medicamentos, no pueden quedar sometidos a las reglas de juego de un libre mercado. No es lo mismo producir medicamentos que zapatos. No pretendo ignorar la necesidad de incluir una dimensión económica en la producción de los bienes necesarios para el cuidado, protección y fomento de la salud, pero tampoco es aceptable que los principios económicos sean los que definan exclusivamente su producción y distribución. Por eso, la industria farmacéutica necesita estar fundamentada en principios diferentes de los de las otras industrias. Ni los gobiernos, ni la industria, ni los consumidores tienen una respuesta inmediata a como se definen principios que aseguren de una parte el derecho de todos los seres humanos a medicamentos necesarios y al mismo tiempo la sobrevivencia económica de la empresa en un mercado libre y competitivo. ¿Se podrá organizar dentro del capitalismo lagunas en las que las empresas actúen siguiendo los dictados de principios humanísticos en vez de económicos? ¿Es la socialización la única alternativa?

De momento es necesario que la industria examine cuidadosamente su conducta y reduzca los comportamientos abusivos. Algunos casos han terminado en los tribunales que han fallado contra la industria, otras en cambio quedan simplemente documentados en estudios y exposés. Entre tanto, seguirá el juego poco saludable: la industria pretenderá a través de la construcción de una imagen ficticia aparecer como un ciudadano jurídico responsable que con sus acciones y comportamiento beneficia a la sociedad, mientras continua claramente violando principios éticos, privando a millones de personas de terapias necesarias, produciendo yatrogenia, subvirtiendo las normativas de los países, en particular de los menos poderosos, y en definitiva funcionando como cualquier otra industria cuyo principal objetivo es maximizar los beneficios económicos.

Una lección ha quedado clara. Hoy día es posible movilizar miles de personas en muchas partes del mundo. Aún más importante es saber que la movilización es la única respuesta que de momento hay contra los abusos de las multinacionales. Los gobiernos democráticos están más interesados en el bienestar económico de sus empresas que en el de sus ciudadanos y poco se puede esperar de ellos. Los que se oponen a la violencia generada por la industria tienen que pagar impuestos dobles. Pagan a los gobiernos para que aprueben y hagan cumplir leyes y reglamentos que benefician a la industria, a costa en ocasiones de la salud de los ciudadanos, y contribuyen también con donaciones y trabajo para que grupos tales como Médicos Sin Fronteras, AIS Internacional y otros realicen la labor que en un principio era responsabilidad de los gobiernos democráticos.