El médico es consciente de que debe asumir la responsabilidad de gestionar de forma eficiente los recursos que utiliza. Una buena calidad de la prescripción farmacéutica pasa por no usar medicamentos de dudosa eficacia o seguridad, incluidos los nuevos fármacos que ofrezcan escasas ventajas con respecto a los ya disponibles o que presenten una desfavorable relación entre beneficio, riesgo y coste (véase el Código de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial, 1999)

Una vez valorado el deber y la responsabilidad del médico práctico como gestor de recursos limitados y del saber científico-técnico, nos resulta sorprendente la demonización que se viene desarrollando en las diferentes Administraciones sobre el acto de la prescripción, sin que se ofrezcan explicaciones a hechos que provocan desconfianza, inseguridad y una desmotivación creciente en la clase médica española. Sirvan como ilustración de lo anterior los siguientes ejemplos:

La clasificación de los medicamentos en dos grupos, los de valor intrínseco elevado (VIE) y los que poseen un valor intrínseco no elevado (VINE), choca con la financiación de este últimos por motivos políticos en nuestra comunidad autónoma (Andalucía). Curiosamente, en la productividad del médico se valora la poca prescripción de VINE.

El paso alocado y rápido de la prescripción de medicamentos genéricos que garantiza al menos la bioequivalencia (se tolera hasta un 20 por ciento menos del principio) a la prescripción por principios activos, que no siempre la asegura, está produciendo desconfianza en el usuario del sistema al ver que cada vez que acude a la farmacia a por un mismo medicamento se le da una marca diferente.

Amplia prestación

La Administración sanitaria es la única responsable de que los nuevos medicamentos lleguen al mercado y disfruten de financiación pública. El Estado español es el territorio donde más prestaciones farmacéuticas existen en comparación con el resto de Europa (9.500 especialidades), lo cual no mejora la calidad de prescripción y entorpece la labor asistencial. Esto es especialmente cierto en Andalucía, comunidad autónoma que no se acogió al último medicamentazo.

Estos ejemplos, entre otros, dejan claro que, en el gasto farmacéutico, la Administración sanitaria juega un papel primordial pero, a la hora de aplicar medidas de contención, lo hace con ideas peregrinas como son el control de los talonarios de recetas, que exige justificaciones surrealistas a las direcciones de los distritos sanitarios para conseguir alguno más.

Otras incluyen listas negras de facultativos, la exposición pública de ranking de prescriptores y premios tan generosos como la concesión de uno o dos días de libre disposición para los que menos gasten, días en los que las consultas las asumen los compañeros. Todo ello acompañado de entrevistas personales para justificar la desviación sin atender en ningún momento al denominador (personas atendidas), a productividades irrisorias, etc.

Demasiada presión asistencial

En palabras de Guillermo Sierra, presidente de la Organización Médica Colegial: "Al profesional se le insiste en que tiene que controlar el gasto farmacéutico. Efectivamente, hay que prescribir lo menos gravoso para la sociedad, pero sin perder de vista los criterios asistenciales. Sin embargo, el mejor camino para el ahorro es proporcionar al médico tiempo de consulta suficiente, formación y recursos adecuados. De ahí que el médico de familia tenga un papel fundamental: la presión asistencial que soportan los facultativos españoles de atención primaria es superior en un 40 por ciento a la que sufren los profesionales del resto de Europa".

El gasto farmacéutico español está muy por debajo de la media de otros países de nuestro entorno que, a su vez, destinan un punto y medio más de su PIB a la sanidad pública. Es lógico que, incluso con la máxima eficiencia y dentro del uso racional del medicamento, se incremente dicho gasto, como consecuencia de la universalización de la prestación sanitaria, de los nuevos fármacos (mucho más eficaces, como se ve en casos como el del sida) y por el aumento de la esperanza de vida.

La Administración debe dejar de culpar al médico, sobre todo al de atención primaria, y empezar a plantearse con valentía las medidas político-administrativas necesarias para adecuar el gasto farmacéutico a lo que el Estado esté dispuesto en asumir. Nuestra responsabilidad, como profesionales, está en contribuir en que la prescripción farmacéutica sea cada vez de mayor calidad y a que se haga un uso más racional de los medicamentos, dentro de la mayor responsabilidad e independencia profesional, que jamás debe ser controlada, dirigida ni sesgada apelando a intereses externos, que no tienen nada que ver con nuestro fin, que es la calidad asistencial en la práctica médica.