Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
LA COALICIÓN ALTO AL CAFTA (STOP CAFTA)
Comunicado de Prensa de Stop CAFTA, 24 de febrero de 2006
AMÉRICA LATINA: LABORATORIOS EN CONTRA DE LOS TLC QUE IMPULSA EE.UU.
TLC ANDINO: COLOMBIA CERRÓ LA NEGOCIACIÓN, PERÚ LO HA FIRMADO Y ECUADOR ESTÁ A UN PASO DE HACERLO
Jimena Orchuela
COLOMBIA: CONSTANCIA. A PROPÓSITO DEL CIERRE DE LA MESA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TLC
Washington, 17 de febrero de 2006
Germán Holguín Zamorano (Director Fundación Misión Salud y Coordinador Alianza por la Defensa de la Salud)
CHILE / EE.UU.: PHRMA SOLICITÓ BAJAR CALIFICACIÓN DE CHILE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
Editado de: Chile / EE.UU.: Enfrentan conflicto por patentes industriales, Prensa Latina (Cuba), 6 de marzo de 2006; Laboratorios cuestionan informe americano, La Tercera (Chile), 27 de marzo de 2006
ECUADOR: EL TLC Y LA SALUD. CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Quito (Ecuador), 23 de marzo de 2006
Red Latinoamericana de Salud
ECUADOR: TLC y DDHH. CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Quito (Ecuador), 14 de marzo de 2006
Organizaciones de DDHH
ESPAÑA: PROCESO DE REFORMA EN LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. PREOCUPACIÓN POR ENMIENDA DEL CIU, CON APOYO DE FARMAINDUSTRIA
Editado por Jimena Orchuela
INDIA: POR PRIMERA VEZ SE IMPUGNA LA SOLICITUD DE PATENTE DE UN MEDICAMENTO DE SIDA
MSF España, 30 de marzo de 2006
INDIA, BRASIL Y PERÚ QUIEREN QUE SE INICIEN NEGOCIACIONES SOBRE EL TEXTO DE LA FORMA DE DAR A CONOCER DETALLES DE UNA PATENTE (India, Brazil, Peru push for text-based talks on patent disclosure)
Inside US Trade, 17 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
EE.UU. / INDIA: BOB PORTMAN, DIRECTOR DE USTR DEL GOBIERNO DE BUSH, VIOLA EL DECRETO EJECUTIVO QUE PROTEGE A ÁFRICA DE LAS PRESIONES COMERCIALES SOBRE PATENTES DE MEDICAMENTOS (Bush USTR head Bob Portman violates executive order that protects Africa from trade pressures on medicine patents)
James Love, The Huffington Post, 1 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
EE.UU. / COREA: ACUERDOS PREVIOS DEL USTR SOBRE LOS PRECIOS DE LOS FÁRMACOS EN COREA (Earlier USTR agreements on Korean drug pricing)
James Love, Ip-health, 14 de marzo de 2006
Traducido por Enrique Muñoz
EE.UU. / COREA: NOTAS REFERIDAS A LA AUDIENCIA CELEBRADA HOY SOBRE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EE.UU. Y COREA (Notes from today’s hearing on the Proposed US-Korea Free Trade Agreement)
Mike Palmedo, Consumer Project on Technology – Ip-health, 14 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
EE.UU. “SIEMPRE AL VOLANTE DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO” (US “always in the driving seat in FTA talks”)
Chris Vedelago, The Nation (Tailandia), 3 de abril de 2006
Traducido por Antonio Ugalde
EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE “PROPIEDAD INTELECTUAL, ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIDO” SE PONE DE RELIEVE QUE EE.UU. CONTINÚA PRESIONANDO A SUS SOCIOS COMERCIALES PARA QUE FORTALEZCAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Workshop on “IP, FTAs and Sustainable Development” Highlights Continuing US Pressures on Trading Partners to Toughen IP)
Mike Palmedo, Consumer Project on Technology – Ip-health, 3 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
UN INFORME DE LA OMS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CAUSA DEBATE Y DISGUSTO A LA INDUSTRIA
Antonio Ugalde
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LA COALICIÓN ALTO AL CAFTA (STOP CAFTA)
Comunicado de Prensa de Stop CAFTA, 24 de febrero de 2006
El viernes, 24 de febrero varias organizaciones se unieron frente a la Casa Blanca para manifestar su oposición al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica, y la Republica Dominicana mientras el Presidente de El Salvador, Antonio Saca, se reunía con el Presidente George W. Bush para discutir la implementación del acuerdo pendiente para el 1 de marzo.
“Los salvadoreños estamos molestos que el Presidente Saca viene a incluir nuestro país en el CAFTA a pesar de la gran oposición al acuerdo que hay en El Salvador,” dijo Ulysses Miranda, miembro del partido FMLN y quien vive en Washington. “Nosotros consideramos el viaje de Saca una táctica del partido ultra-derechista ARENA para demostrar su cercana relación con los EE.UU. pocos días antes de las elecciones el 12 de marzo en El Salvador. Pero el ser el primer país que implementa el CAFTA no le ganará votos en El Salvador!”
Los y las manifestantes se hicieron presentes en el parque Lafayette para un mitin, y luego marcharon a la Organización de Estados Americanos, donde se entregó el decreto para la implementación del CAFTA este viernes.
La implementación del CAFTA iba a empezar el 1 de enero con cinco países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Costa Rica) más la República Dominicana. Sin embargo, hay varias contradicciones en las reformas legales en cada país que atrasaron la implementación. La legislatura costarricense aun no ha votado sobre el CAFTA.
Según Burke Stansbury del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), “desde el principio la administración Bush ha querido forzar a que el pueblo trague este CAFTA sin una debate real. En Costa Rica han fallado con esta estrategia, y en otros países se requirió el uso de la represión y tácticas sucias para poder ratificar el CAFTA. Pero igual como los movimientos sociales en Centroamérica que siguen resistiendo la imposición de este tratado devastadora, nosotros tampoco nos vamos a dar por vencidos.”
Además de ser el primer país en completar los requisitos para la implementación del CAFTA, El Salvador es el único país en América Latina con tropas en Irak, y también podría convertirse pronto en el anfitrión de la nueva escuela de capacitación policíaca, llamada la Academia Internacional por la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglos en inglés), proyecto empujado por el gobierno de los EE.UU. Salvadoreños del área local manifiestan que el viaje de Saca tiene como objetivo más asegurar al gobierno de los EE.UU. la posición de El Salvador como satélite de los intereses estadounidenses que el tema de inmigración. “Saca dice estar promoviendo la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) pero tales beneficios para los Salvadoreños viviendo en los EE.UU. siempre los han ganados las organizaciones de base. Si Saca realmente quisiera ayudar a los y las inmigrantes salvadoreños, él sacaría El Salvador del CAFTA,” dijo Miranda.
Además de las grandes manifestaciones anti-CAFTA en El Salvador durante el último mes, hubo una gran manifestación contra la implementación del CAFTA en Guatemala viernes. “Hoy seguimos diciendo ‘No al CAFTA!’ en solidaridad con nuestros compañeros en Centroamérica,” dijo Andrew de Sousa de NISGUA (Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala).
Para más información, ver: www.stopcafta.org
Contactos: Burke Stansbury (inglés): 718 832 9399; Ulysses Miranda (castellano): 301 675 4860
AMÉRICA LATINA: LABORATORIOS EN CONTRA DE LOS TLC QUE IMPULSA EE.UU.
Editado por Adriana Petinelli
Con un acuerdo para impedir tratados que afecten la independencia de las industrias farmacéuticas y el derecho a la salud, concluyó la XXVII Asamblea de ALIFAR (Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas), en la que empresarios de los laboratorios nacionales más importantes de Latinoamérica expusieron sus ideas y críticas al sistema vigente [1].
“El derecho a tener una industria farmacéutica nacional productora de medicamentos seguros, eficaces y accesibles, debe ser un objetivo de política industrial en la región y no sólo el resultado de la tenacidad de un grupo de empresarios”, reza el documento con la declaración final de la reunión [1] [N.E.: se puede acceder a la “Declaración Final de ALIFAR 2006” en: www.cilfa.com/textos.asp?id_texto=886&id_seccion=3].
La Asamblea se celebró en El Calafate, Argentina, entre el 21 y el 24 de marzo. En la misma participaron entidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Simultáneamente con la Asamblea de ALIFAR, se realizó el Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica, en el que participaron especialistas en propiedad intelectual [2-4].
Durante el evento organizado por Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), los empresarios farmacéuticos de países latinoamericanos recomendaron a los gobiernos de la región rechazar los tratados de libre comercio (TLCs), como los que propone EE.UU., y que facilitan a las multinacionales del sector monopolizar sus mercados nacionales [1-3].
“Los TLCs son otro instrumento que algunos países desarrollados impulsan para que la industria farmacéutica transnacional monopolice los mercados, condicionando el desarrollo de las industrias nacionales y reduciendo su capacidad para competir y ofrecer medicamentos a precios accesibles”, expresa la declaración final de la asamblea [1,3].
El Presidente de la ALIFAR, el dominicano Ho-chi Vega, explicó que los TLCs fueron el método que encontró EE.UU., a instancias del “lobby” de las multinacionales farmacéuticas, para imponer normas rígidas sobre patentes de medicamentos en leyes de propiedad intelectual [2,3,5,6].
“No pudieron lograrlo por las vías anteriores que lo intentaron, incluido el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), entonces recurrieron a los TLCs para imponer normas que desvirtúan las flexibilidades acordadas en forma multilateral en 2001 en la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, explicó. México es el país con el mayor mercado de la región, con 34,4% del total, seguido por Brasil (30,1%), la Argentina (9,1%), Venezuela (8,5%), Colombia (5,3%), Chile (3,2%), Ecuador (2,1%), Perú (1,6%) y República Dominicana (1,1%). Centroamérica en conjunto reúne 3,3%, mientras que Uruguay, Paraguay y Bolivia tienen menos de 1% cada uno [2,5].
Los países que ya han firmado TLCs con los EE.UU. son México, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y la República Dominicana, mientras están próximos a hacerlo Colombia, Perú y Ecuador [2,5,6] [N.E.: ver “TLC Andino: Colombia cerró la negociación, Perú lo ha firmado y Ecuador está a un paso de hacerlo”, en la Sección de Reportes Breves, en esta edición del Boletín Fármacos]
Guerra entre laboratorios nacionales y multinacionales
La guerra comercial entre los laboratorios nacionales de países latinoamericanos y las multinacionales tiene por objeto un jugoso mercado regional, que en 2005 compró por un valor de US$25.751 millones, un 20% más que el año anterior [5].
Según ALIFAR, después de un retroceso de 11% en 2002, en gran parte explicado por la crisis en la Argentina, el mercado regional de medicinas no ha dejado de crecer. “Hemos construido muchísimo en materia farmacéutica en América Latina, para proveer a nuestros mercados y para exportar en sentido Sur-Sur”, dijo Vega [2,5].
El Presidente de Alifar vaticinó que a partir de los TLCs “habrá medicamentos a los que los ciudadanos dejarán paulatinamente de acceder, porque costarán US$30 ó US$40, y los gobiernos no los van a poder cubrir” [2,5].
Opiniones sobre TLC en Latinoamérica
El experto Bernard Remiche, Profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgica, sostuvo que la sucesión de TLCs (que ahora se negocian con los países andinos) busca encerrar a la Argentina y Brasil, poseedores de las industrias farmacéuticas más desarrolladas de la región, cuyos gobiernos rechazan la norma de propiedad intelectual de los EE.UU. [6,7].
Remiche describió el caso de Japón que durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un régimen de copia legal, hasta que en los “80 comenzó a generar sus propias innovaciones y, a medida que se desarrolló, fue modificando su legislación para aproximarse a la de los otros países industrializados.
Por su lado, Frederick Abbot, Profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, dijo que en los TLCs se verifica la paradoja de la capitulación, porque países de menor desarrollo relativo aceptan las normas sobre patentes a cambio de lo que pueden ganar con mejor acceso al mercado estadounidense para sus productos agrícolas, textiles o de otros rubros.
El especialista advirtió que, además de ese problema, la industria farmacéutica latinoamericana debe afrontar las amenazas de nuevos competidores como la India, China, Bangladesh, Israel, Singapur, Sudáfrica, Rusia y Ucrania [7].
Referencias:
1. Lucas Lentini, Laboratorios: No al libre mercado, Ámbito Financiero (Argentina), 27 de marzo de 2006.
2. Guerra comercial entre las farmacéuticas, El Tribuno (Argentina), 27 de marzo de 2006.
3. Laboratorios latinoamericanos en contra de tratados de libre comercio, Puntal (Argentina), 25 de marzo de 2006.
4. Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica, Programa Infosalud (Argentina), 23 de marzo de 2006.
5. Laboratorios nacionales y multinacionales disputan el mercado regional de las medicinas, La Capital de Rosario (Argentina), 26 de marzo de 2006.
6. Laboratorios regionales resisten presiones del Norte, El Ciudadano (Argentina), 23 de marzo de 2006.
7. La industria farmacéutica resiste a las presiones de EE.UU., La Opinión Austral (Argentina), 23 de marzo de 2006
[N.E.: ver “EE.UU. `Siempre al volante de los tratados de libre comercio´”, donde se da a conocer la opinión del embajador de Argentina en Tailandia sobre los riesgos y desventajas de las discusiones mano a mano con EE.UU. en los acuerdos bilaterales, traducida y publicada en la Sección de Acuerdos de Libre Comercio y Patentes, en esta edición del Boletín Fármacos. Para información sobre la reunión anterior de ALIFAR ver la nota “Críticas al TLC en la reunión anual de ALIFAR” en la Sección Noticias Sobre Acuerdos Comerciales del Boletín Fármacos junio 2005;8(3)].
TLC ANDINO: COLOMBIA CERRÓ LA NEGOCIACIÓN, PERÚ LO HA FIRMADO Y ECUADOR ESTÁ A UN PASO DE HACERLO
Jimena Orchuela
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Reportes Breves de esta edición del Boletín Fármacos]
COLOMBIA: CONSTANCIA. A PROPÓSITO DEL CIERRE DE LA MESA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TLC
Washington, 17 de febrero de 2006
Germán Holguín Zamorano (Director Fundación Misión Salud y Coordinador Alianza por la Defensa de la Salud)
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
CHILE / EE.UU.: PHRMA SOLICITÓ BAJAR CALIFICACIÓN DE CHILE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
Editado de: Chile / EE.UU.: Enfrentan conflicto por patentes industriales, Prensa Latina (Cuba), 6 de marzo de 2006; Laboratorios cuestionan informe americano, La Tercera (Chile), 27 de marzo de 2006
A los laboratorios chilenos les preocupa la arremetida pública de la industria farmacéutica americana y los representantes diplomáticos de EE.UU. en Chile. La alerta cundió cuando la Asociación Americana de Productores e Investigadores de Medicamentos (PhRMA por sus siglas en inglés) que incluye a las empresas más importantes del mundo, solicitó a Washington bajar la calificación de Chile en materia de propiedad industrial.
Las relaciones políticas y comerciales entre Chile y EE.UU. se han visto ensombrecidas en los últimos meses por disputas en torno la propiedad intelectual. Las farmacéuticas norteamericanas dicen sufrir enormes daños económicos por el tratamiento chileno en la materia y acusan al país de incumplir con las normas del Tratado de Libre Comercio firmado desde 2004, mientras autoridades locales rechazan los cargos.
En un informe de PhRMA remitido al gobierno de EE.UU. reporta que las pérdidas ascienden a US$155 millones.
Ese valor suma la presunta infracción de patentes (perjuicio por 120 millones) y la supuesta poca protección de datos confidenciales de entidades como el Instituto de Salud Pública (ISP), daño que valoran por otros 35 millones.
PhRMA solicitó a la Representación de Comercio de EE.UU. (USTR) que endurezca su control sobre Chile en propiedad intelectual. Todos los años la USTR presenta el Informe Especial 301, en el que clasifica a los países según el respeto que demuestren en esa materia.
Chile siempre ha estado en la Lista de Observancia a nivel de “zona amarilla” en la que están la mayoría de las naciones examinadas, pero PhRMA exigió ahora por primera vez que se rebaje aún más la clasificación del país sudamericano. “Pedimos que la USTR sitúe a Chile en la Lista Prioritaria de Observancia”, señala el informe, con lo que pasaría a “zona roja”.
El documento aborda la situación de sus asociados en todo el mundo y en el capítulo sobre Chile plantea que este mercado incumple disposiciones sobre propiedad intelectual del TLC y del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre propiedad intelectual.
El informe ataca con dureza la acción del ISP, que supuestamente da por divulgada información que debería ser confidencial y emite autorizaciones sanitarias de medicamentos que serían copias indebidas. También critica que no se efectúe la vinculación entre el ISP y el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía, de manera de dar autorizaciones sanitarias sólo si la patente está en orden.
Mientras tanto, la Gerente General de la Asociación de Industriales Farmacéuticos (Asilfa) chilenos, María Angélica Sánchez, rechazó los términos del informe de Phrma. “En Chile se respeta la propiedad industrial en cada uno de los artículos de nuestra legislación y no hay ningún juicio donde una compañía nacional haya sido sancionada por vulnerarla”, apuntó.
Ello incluye al tema específico de la información no divulgada, pues existe total cumplimiento de respeto a los datos por cinco años, correspondiente a medicamentos con nueva entidad química, tal como lo señala la ley, según explicó la funcionaria.
En relación a las coordinaciones entre el ISP y el DPI, señala que el TLC no lo aborda y recuerda que la discusión en torno a este tema llegó a tal nivel en su momento que el Presidente Ricardo Lagos envió entonces una carta a Washington con el rechazo a la tesis del linkage (vinculación). “Las farmacéuticas norteamericanas promueven el linkage, pues implica un retraso en el ingreso de genéricos y similares en el mercado chileno”, afirma Sánchez.
La ejecutiva niega que los laboratorios nacionales vulneren la propiedad industrial y exige a Phrma que diga sobre la base de qué casos concretos calcula las supuestas pérdidas. “No es que la cifra sea exagerada, sino simplemente no es real”, opina.
[N.E.: para más información referida a los conflictos sobre propiedad intelectual entre Chile y EE.UU. ver “Chile: El gobierno recomienda a EE.UU. y Suiza usar sistema de solución de controversias” en la Sección Noticias sobre Acuerdos Comerciales del Boletín Fármacos enero 2006;9(1); y “Chile: EE.UU. y Suiza lo acusan de vulnerar respeto a patentes incluido en los Tratados de Libre Comercio” en la Sección Noticias sobre Acuerdos Comerciales del Boletín Fármacos noviembre 2005;8(5)]
ECUADOR: EL TLC Y LA SALUD. CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Quito (Ecuador), 23 de marzo de 2006
Red Latinoamericana de Salud
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
ECUADOR: TLC y DDHH. CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Quito (Ecuador), 14 de marzo de 2006
Organizaciones de DDHH
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
ESPAÑA: PROCESO DE REFORMA EN LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. PREOCUPACIÓN POR ENMIENDA DEL CIU, CON APOYO DE FARMAINDUSTRIA
Editado por Jimena Orchuela
El Gobierno español está llevando a cabo una reforma en la legislación de la Propiedad Intelectual e Industrial. Actualmente se encuentran en fase parlamentaria dos Proyectos de Ley, dictados para incorporar a los ordenamientos jurídicos españoles diversas Directivas Comunitarias. Uno de ellos, es el Proyecto de Ley 121/000057 – también conocida como “contra la piratería”-, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Se pretende aproximar las legislaciones a lo establecido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2004 [1].
El partido catalán Convèrgencia i Unió (CiU) presentó una enmienda al Proyecto de Ley que, de haber prosperado, hubiese provocado un cambio importante en el panorama de las patentes de medicamentos en España [2]. Finalmente, en febrero de 2006 el CiU decidió retirar la enmienda alegando que no tiene respaldo político para aprobarse [3].
A través de esta enmienda, que en concreto es la nº 6 presentada por CiU y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 16 de diciembre (disponible en: www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_057-06.PDF), se les permitía a las compañías titulares de patentes de medicamentos originales crear un certificado complementario de protección para los medicamentos cuando las firmas interesadas en comercializar versiones genéricas del producto original demanden información del producto a la compañía propietaria del producto original [2].
Asimismo, la enmienda daba un plazo de tres meses para que las compañías propietarias del medicamento original incluyan reivindicaciones de producto a las patentes concedidas como patente de procedimiento o uso, con independencia de la fecha en que éstas han sido solicitadas [2].
Repercusiones
Presentada la enmienda, las reacciones no se hicieron esperar. Según advertía el Director General de la patronal de medicamentos genéricos (Aeseg), Miguel Barbero “se trata de una cuestión muy urgente y de extrema gravedad”, ya que comportaría dejar sin efecto automáticamente la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patentes y la reserva hecha por España al Convenio de la Patente Europea [2].
En otras palabras, “no podrían ponerse en el mercado medicamentos fabricados con procesos alternativos si el titular de la patente obtiene una protección sobre el producto, lo que en la legislación española estuvo prohibido hasta el 7 de octubre de 1992”, subraya Barbero [2].
Según explica Barbero, “en el supuesto de que prospere esta propuesta las consecuencias pueden ser muy graves”, pues muchos de los medicamentos hoy en el mercado pasarían a ser “infractores”, con lo cual, “muchas de las empresas fabricantes españolas deberían dejar de fabricar sus productos, a pesar de haber desarrollado procedimientos alternativos; muchos de los proyectos actualmente en proceso de maduración deberán ser aparcados. Y muchas de las empresas de investigación de nuevos procesos quedarán sin posibles clientes en el mercado español”, denunciaba [2].
En aquel contexto, el Presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), Mariano Avilés, apuntaba que si esta enmienda seguía adelante, se iba “a abrir una vía de judicialización” con numerosos litigios legales, ya que la falta de claridad dejaría espacio para la confrontación entre empresas farmacéuticas.
Por su parte, el Director General de Farmaindustria, Humberto Arnés, señaló que con esta enmienda se respondía a “una petición de la industria farmacéutica de transponer un acuerdo internacional en materia de propiedad industrial y armonizar de facto en el periodo de 2006 a 2012 la legislación española en esta materia con la que existe en los países europeos”. De esta manera, apuntaba que “cuando expire la patente de un medicamento en España sea al mismo tiempo que en Europa y no antes, como ocurriría si no se transpone ese acuerdo” [4].
Arnés considera que en España “no existe una armonización” en materia de propiedad industrial respecto a la UE. Según afirmó “esta situación es consecuencia del momento en el que España se adhirió a la UE en 1986” [4]. Y explica lo sucedido: “En 1986 España tenía una protección industrial únicamente de procedimiento no de producto, es decir, que un mismo producto podía ser comercializado por dos compañías si era producido con procedimientos distintos. Por este motivo, la investigación de la industria farmacéutica nacional se basaba especialmente en las denominadas ‘copias’ de medicamentos. Cuando en 1986 España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, se acordó un periodo transitorio hasta 1992 con el fin de que las empresas farmacéuticas locales que tenían una investigación basada en mejora de procedimientos respecto a los ya existentes pudieran hacer ese tránsito de manera no traumática” [5].
Según comenta Arnés “Veinte años más tarde, esas mismas empresas nacionales que solicitaban ese periodo transitorio piden ya que se lleve a cabo el cambio, de forma que estas empresas gocen del mismo nivel de protección de sus innovaciones que las que tienen sus colegas en el ámbito internacional” [5].
Sostiene Arnés que esta falta de armonización “incide negativamente” en las decisiones de inversión de investigación de la industria innovadora, ya que “estas inversiones se canalizan en lugares con sistemas de protección fuertes y en España no es así” [4].
Sin embargo, afirma que “esto tiene solución jurídica”, ya que en 1995 España suscribió un acuerdo de protección industrial (Adpic) que obliga a los países firmantes a extender los derechos de patente de producto a los fármacos aprobados antes de esa fecha. Así, si se aprobaba esta enmienda, todas las patentes de procedimiento dadas entre 1986 y 1992 que en Europa tuvieran patente de producto, podrían extender sus derechos “y así quedarían protegidas con una patente de procedimiento” [4].
Finalmente retiraron la enmienda y quedan pendientes las “cuestiones de fondo”
Según declara Jordi Xuclá, portavoz del CiU en la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados, la causa de este cambio de postura no radica en el fondo de la iniciativa, ya que cree necesario la armonización de la legislación sobre patentes en la UE -especialmente para atraer la inversión de multinacionales farmacéuticas en España-, sino en el hecho de que no tenía posibilidades prácticas de ser aprobada. “Nosotros tenemos diez diputados en el Congreso y esta enmienda requiere del concurso indispensable del PSOE”, apunta [3].
El trasfondo de la situación, de acuerdo con Xuclá, radica en la falta de elementos que atraigan las inversiones en I+D a España y, en concreto, destaca el hecho de que existan patentes de procedimiento para los medicamentos y no sólo de producto -al contrario de lo que sucede en la mayoría de países del entorno comunitario- lo que supone que en España se comercialicen genéricos que no se han podido lanzar en la mayoría de países del entorno europeo [3].
Según sostiene Xuclá, el efecto que tiene esta situación es que las empresas pueden acabar trasladándose a otros países donde hay una mayor protección de patentes, por lo que habla de “desorientación y falta de brújula en el Ministerio de Industria en su política de I+D+i” [3].
La postura de la patronal española de genéricos (Aeseg) es muy diferente. Según declara Miguel Barbero, “la existencia o no de patentes de producto no es óbice para que un país sea más o menos puntero en innovación” y como muestra de ello expone que en el ranking de países líderes en innovación elaborado por la Comisión Europea se incluye en segundo lugar a Finlandia, que no adoptó la patente de producto hasta tres años después que España, “sin que ello haya sido inconveniente para despuntar como líder en innovación”, matiza [3].
A esta situación se añade el hecho -apunta- de que “el sistema actualmente vigente ha permitido que muchas empresas españolas hayan desarrollado procesos alternativos de obtención de productos químicos o farmacéuticos que han sido objeto de patente” [3].
También destaca Barbero el impacto económico de un cambio en la actual legislación sobre patentes equivalente a la pérdida de una oportunidad de ahorro que cifra en 3.991 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud como consecuencia del “retraso” de los nuevos lanzamientos en España y de la retirada del mercado de los ya existentes. No obstante, asegura que el verdadero impacto se dará en los próximos años con la próxima oleada de caducidad de las patentes de productos innovadores de fuertes ventas [3].
La retirada de la enmienda, según afirmó Humberto Arnés, de Farmaindustria, no va a impedir que la patronal ceje en su “intento de introducir alguna enmienda en la ‘ley antipiratería’ en el Senado y a través de la Ley del Medicamento”. “En el caso de que estas vías tampoco prosperen, trataríamos de actuar en una ley específica que modifique la de patentes”, puntualizó [5].
La EGA habla de presión normativa contra los genéricos
El Director General de la patronal europea de medicamentos genéricos (EGA), Greg Perry, ha denunciado la creciente presión por parte de las autoridades sanitarias de los países de la UE en lo que denomina “conexión de patentes”, es decir, el hecho de unir la aprobación en el mercado de un medicamento -o su condición de precio y reembolso- al estatus de la patente del medicamento original de referencia. En el marco de la Quinta Conferencia Anual de Asuntos Regulatorios de la EGA, Perry aseguró que este hecho supone “una de las mayores amenazas de la industria de genéricos y remarca que es un elemento contrario al libre acceso a los medicamentos genéricos [3].
De acuerdo con Perry, las autoridades están recibiendo presiones para que rechacen la aprobación o el reembolso durante el periodo que dura la patente del producto original, independientemente de que se trate de una patente de producto o de procedimiento, y que en consecuencia se retrase su comercialización “o incluso se acabe reduciendo su precio”. Según la tesis de Perry, “la conexión de patente es contraria a la normativa comunitaria y deja sin efecto la provisión bolar introducida recientemente”, la cual permite iniciar los ensayos de las versiones genéricas y los procesos de aprobación al octavo año de la patente del medicamento original, si bien no se puede comercializar hasta haber cumplido diez años de la protección de propiedad industrial [3].
Este movimiento no está acorde -según el Director General de la EGA- con el compromiso específico de la UE de crear un mercado competitivo para los medicamentos genéricos. “Así como las oficinas de patentes no tienen los conocimientos necesarios para analizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, las autoridades nacionales del medicamento, las autoridades sanitarias tampoco lo tienen para confirmar la validez de una patente o decidir su estatus”, concluyó Suzette Kox, Directora Senior de la EGA [3].
Referencias:
1. María Encarnación Mayán Santos, Cambios en la Propiedad Intelectual e Industrial. Noticias Jurídicas.com, diciembre 2005.
2. Jorge Álvarez, Aeseg alerta de efectos negativos si la propuesta prospera, Portal Farma.com (España), 12 de enero de 2006.
3. Jorge Álvarez, CiU retira su enmienda en la “ley antipiratería”, El Global (España), febrero de 2006.
4. Clara Castaño, Farmaindustria solicita que se armonice el sistema de patentes, Portal Farma.com (España), 16 de enero de 2006.
5. Jorge Álvarez, “No descartamos apoyar una ley específica para cambiar la situación de las patentes”, El Global (España), febrero de 2006.
INDIA: POR PRIMERA VEZ SE IMPUGNA LA SOLICITUD DE PATENTE DE UN MEDICAMENTO DE SIDA
MSF España, 30 de marzo de 2006
La Red India de Personas con VIH/sida (INP+), la Red de Personas Seropositivas de Manipur (MNP+), y la Unidad de Lucha contra el VIH/sida del Colegio de Abogados han impugnado formalmente una patente solicitada por Glaxo Group Limited en la oficina de patentes de Calcuta para convivir, una dosis fija combinada de dos medicamentos para tratar el sida (zidovudina/lamivudina, o AZT/3TC). Esta impugnación se basa en motivos de salud y técnicos. Si India concede una patente sobre este medicamento para tratar el sida, estará sentando un precedente que obstaculizará el acceso mundial a medicamentos asequibles para tratar el sida.
“Los medicamentos genéricos asequibles para tratar el sida han sido una de las piedras angulares de nuestra capacidad para mantener con vida a más personas, incluyendo a las personas afectadas en India donde hemos empezado a tratar a personas seropositivas este año”, explica el Dr. Pehrolov Pehrson, del proyecto de MSF en Manipur, donde todos los pacientes en tratamiento antirretroviral (ARV) reciben productos genéricos indios. “Sin un suministro fiable de medicamentos para tratar el sida de bajo coste -algo que era posible en India porque durante muchos años en este país no existieron las patentes farmacéuticas- tanto los gobiernos nacionales como los profesionales de la salud que proporcionan la medicación estarán librando una batalla cuesta arriba, y los pacientes corren el peligro de ver interrumpido su tratamiento vital o de no poder comprarlo debido a su prohibitivo precio”.
De los 60.000 pacientes en casi 30 países en los proyectos de MSF, el 84% reciben medicamentos genéricos para tratar el sida fabricados en India. Más del 90% de todos los pacientes que utilizan AZT/3TC en los proyectos de MSF reciben versiones genéricas del medicamento. Los programas de tratamiento nacionales en India, Burkina Faso, Mongolia, República Centroafricana, Malaui, Perú, República de Kirguizistán, Camboya, Ucrania y Suazilandia dependen casi exclusivamente de AZT/3TC genérico. La disponibilidad de versiones genéricas de calidad asequibles de Combivir (AZT/3TC) y otros medicamentos ha permitido a los países en desarrollo tratar a más personas y de esta forma prolongar sus vidas.
Los grupos en India que impugnan la patente aducen que Combivir de Glaxo no es una innovación sino simplemente la combinación de dos fármacos ya existentes. Dicen que si se concede esta patente, se correrá el riesgo de que el coste del tratamiento ARV del que dependen muchas personas con VIH/sida se incremente, aumentando así la carga en los países en desarrollo que ya a duras penas luchan para poder tratar a los pacientes.
“El acceso universal a los medicamentos para tratar el sida continuará siendo una meta inalcanzable sin un suministro regular de medicamentos asequibles. Las decisiones tomadas por las oficinas de patentes indias son cuestión de vida o muerte para las personas que en todo el mundo viven con el VIH/sida y que dependen de la disponibilidad de estos fármacos fabricados en India”, afirma Ellen ‘t Hoen, Directora de política y testimonio de la Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales de MSF.
El año pasado, India cambió su ley de patentes para cumplir con lo estipulado por la normativa sobre patentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hace tres semanas, India concedió la primera patente de su historia a Roche para un tratamiento para la hepatitis C.
Sin embargo, la ley de patentes india permite impugnar una solicitud de patente antes de que ésta sea concedida y emitida. En India los pacientes con cáncer y los fabricantes de genéricos recientemente impugnaron una solicitud de patente de Novartis para Gleevec (imatinib mesilato), un medicamento anticancerígeno, aduciendo que se estaba solicitando una nueva forma de un medicamento ya antiguo. La oficina de patentes como consecuencia denegó la patente. Los demandantes ahora piden que la solicitud de patente para Combivir sea denegada por motivos perecidos.
[N.E.: ver “India: Aprueba la modificación de la ley de patentes sobre medicamentos. Primeras repercusiones” en la Sección Regulación y Políticas del Boletín Fármacos 2005;8(3)]
INDIA, BRASIL Y PERÚ QUIEREN QUE SE INICIEN NEGOCIACIONES SOBRE EL TEXTO DE LA FORMA DE DAR A CONOCER DETALLES DE UNA PATENTE (India, Brazil, Peru push for text-based talks on patent disclosure)
Inside US Trade, 17 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
En vista de la oposición de EE.UU. y de la Unión Europea, India, Brasil y Perú solicitaron que a finales de abril se inicien negociaciones sobre el texto de una enmienda a las regulaciones de la OMC sobre los derechos de propiedad intelectual que exigiría que en las solicitudes de patente se incluya el origen del material genético, por ejemplo de plantas y conocimientos tradicionales, que se vaya a patentar antes de que se otorgue la patente.
Este esfuerzo concertado de un grupo de miembros de la OMC, que incluye a Noruega, surge en un momento en que se especula que India sólo firmaría los acuerdos de Doha si se realiza una enmienda a las normas sobre la divulgación de los detalles de una patente. Según informes que nos llegan desde Ginebra, India ha recordado en repetidas ocasiones a otros miembros de la OMC la importancia de este tema, habiéndolo señalado como uno de los pocos temas de las negociaciones de Doha en los que India podría tomar la ofensiva y beneficiarse.
Esto ha inquietado a grupos que representan a compañías de biotecnología de EE.UU., incluso a productores farmacéuticos, quienes han instado al gobierno de EE.UU. a que se oponga a la referida enmienda. Además, estos grupos han tratado de convencer a la India y a otros países en desarrollo de que retiren sus exigencias para que se incluyan los detalles de la patente.
Por ejemplo, esta semana la Organización de la Industria de Biotecnología (Biotechnology Industry Organization) y la Alianza Americana de Bio-industria (American BioIndustry Alliance) patrocinaron un programa en Ginebra que estaba diseñado para sustentar su argumento de que obligar a que se revelen los detalles de la patente para promover que se compartan los beneficios de las patentes basadas en los conocimientos tradicionales y de material genético no ayudaría a los países en desarrollo.
India, Brasil y Perú dijeron que su solicitud de negociar el texto se debe a que la Declaración Ministerial de Hong Kong dice que el Consejo General “deberá analizar el progreso y tomar una decisión adecuada antes del 31 de julio de 2006”. Después de años de trabajo en el Consejo ADPIC y de conversaciones informales con el Director General de la OMC, India dijo que era inconcebible que no se tomaran medidas apropiadas en los próximos meses.
Estos países además se quejaron de grandes pérdidas económicas debidas a lo que ellos denominaron biopiratería, según fuentes de Ginebra. Pero al mismo tiempo reconocieron que en sus países algunas patentes de material genético y conocimientos tradicionales eran legítimas.
Sin embargo, EE.UU., con el respaldo de Australia, dijo que trabajar sobre un texto en abril sería prematuro debido a las grandes diferencias de opinión entre los miembros.
Específicamente, EE.UU. sostuvo que no se debería exigir la divulgación de los detalles de una patente. En cambio, dijo que los miembros deberían estar de acuerdo en usar un sistema de firma de contratos a través de los cuales se autorizase a las compañías a investigar materiales genéticos y se las comprometiera a compartir los beneficios de las patentes desarrolladas a partir de esos materiales.
Según fuentes de Ginebra, en las consultas del 15 de marzo encabezadas por Rufus Yerxa, Vicedirector General de la OMC, EE.UU. recibió el apoyo inesperado de la Argentina. Esta es la primera vez que Argentina se pone del lado de EE.UU. en este asunto, aunque no se sabe por qué adoptó esa posición.
Japón también apoya la propuesta de EE.UU. de que no se usen los contratos para que se compartan los beneficios de las patentes relativas a materiales genéticos y conocimientos tradicionales.
India alega que este sistema es insuficiente y, en la reunión del Consejo ADPIC del 15 de marzo, dijo que un requisito de divulgación obligatoria disminuiría las posibilidades de que se concediera a alguien una patente “mala”, es decir que no esté realmente basada en un invento nuevo. India presenta el ejemplo de una patente otorgada en EE.UU. sobre la especie cúrcuma (turmeric), de la que se decía que curaba dolencias estomacales. La patente fue concedida a un grupo de indios que viven en el extranjero, pero fue revocada cuando el gobierno de la India la cuestionó argumentando que dicha patente se basaba en conocimientos antiguos que no debían haberse patentado.
EE.UU. afirmó que en el caso de la cúrcuma se les había exigido a los solicitantes que diesen a conocer lo que se sabía sobre el producto antes de que se hiciera la solicitud de patente, y a pesar de eso se concedió la patente. Como resultado, EE.UU. sostuvo que el requisito obligatorio de revelar detalles no aseguraría que no se otorgasen patentes malas, y además señaló que en este caso la patente fue revocada tras un proceso, según EE.UU. rápido y poco costoso.
Sin embargo, India dijo que estos procesos no son baratos para los países en desarrollo, y resaltó que la exigencia de dar a conocer los detalles disminuiría la posibilidad de otorgar patentes malas.
La Unión Europea (UE) se unió a EE.UU. en su posición en contra de una enmienda al ADPIC sobre la divulgación de los pormenores de una patente, pero aclaró que estaría a favor de un procedimiento que no hiciese peligrar el otorgamiento de patentes. A algunos grupos de EE.UU. les preocupa que la UE finalmente decida apoyar una enmienda al ADPIC para así conseguir la protección de los vinos y licores que tienen indicaciones o nombres geográficos (GIs).
En una carta a Alan Oxley, Presidente del Centro Australiano de Estudios sobre la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC (Australian APEC Study Centre), con fecha de 7 de febrero el comisionado de comercio de la UE, Peter Mandelson, no descartó el apoyo de la UE a la enmienda sobre divulgación de los detalles de la patente, pero de momento no ha ofrecido su apoyo. Mandelson escribió: “Hace ya algún tiempo que los países en vías de desarrollo plantean una preocupación legítima sobre la apropiación incorrecta de sus recursos genéticos”. El comisionado dijo que en 2002 la UE aceptó discutir la posible introducción del requisito de revelar los detalles de la patente en el sistema de patentes para poder rastrear, a nivel mundial, todas las solicitudes de patentes a las que los países tienen permiso para acceder y que están relacionadas con materiales genéticos.
Una fuente del sector privado dijo que en la UE los que están involucrados en biotecnológica se oponen a que se revelen los datos de patente, pero dijo que es más importante para la UE obtener protecciones más fuertes para GIs que protegerse de normas sobre revelación del contenido de las patentes.
Además, la UE solicitó que en la próxima reunión de junio del Consejo ADPIC se evaluasen medidas para observar con mayor celo el movimiento en las fronteras a fin de poner freno a la piratería. La UE sostuvo que éste sería el primer paso de un proceso en el cual el Consejo debería evaluar cómo los miembros de la OMC están implementando normas multilaterales para combatir la falsificación y la piratería, y que el Consejo debería iniciar conversaciones para encontrar soluciones a las dificultades de implementación que se han identificado.
Sin embargo, la UE se encontró con la reacción inmediata de China, India y otros países en desarrollo, quienes alegaron que la UE debería solicitar por escrito la inclusión de estos temas antes de cada reunión del Consejo ADPIC. Según revelaron fuentes de Ginebra estos países dicen que el Consejo no es el foro adecuado para discutir estos temas, y que la verificación del cumplimiento y el desarrollo de códigos de buenas prácticas excederían el mandato del Consejo.
EE.UU. / INDIA: BOB PORTMAN, DIRECTOR DE USTR DEL GOBIERNO DE BUSH, VIOLA EL DECRETO EJECUTIVO QUE PROTEGE A ÁFRICA DE LAS PRESIONES COMERCIALES SOBRE PATENTES DE MEDICAMENTOS (Bush USTR head Bob Portman violates executive order that protects Africa from trade pressures on medicine patents)
James Love, The Huffington Post, 1 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
Ayer estuve hablando con funcionarios comerciales y organizaciones de salud pública de países subsaharianos durante la última ronda de negociaciones en la que ha participado la Oficina de Comercio de EE.UU. (USTR). Entre los numerosos asuntos inquietantes que se podrían revelar, se destaca uno muy importante: Rob Portman, Director de la USTR, está violando un decreto ejecutivo presidencial del 10 de mayo de 2000 que prohíbe a la USTR presionar a países del África subsahariana a emitir normas de protección de derechos de la propiedad intelectual que excedan las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En otras palabras, EE.UU. está pidiendo a los países subsaharianos que padecen una pandemia de VIH/sida de proporciones bíblicas, que vayan más allá de las normas de la OMC para que Pfizer, Merck, GSK y otras compañías farmacéuticas multinacionales puedan cobrar precios elevados por sus productos. Esto es moralmente repugnante y es además ilegal.
Información básica
El 10 de mayo de 2000, el entonces Presidente Bill Clinton firmó el decreto ejecutivo 13155, cuyos parágrafos más Importantes dicen lo siguiente:
Sección 1. Política. (a) Al implementar las secciones 301-310 de la Ley de Comercio de 1974, el gobierno de los EE.UU. no debe pretender, ni a través de negociación ni de ninguna otra forma, la revocación o revisión de ninguna ley o política de protección de la propiedad intelectual de ningún país subsahariano, como lo determinó el Presidente, que regule el acceso a medicamentos y tecnologías médicas contra el VIH/sida si la ley o política del país beneficiario: (1) promueve el acceso de los afectados de VIH/sida a medicamentos o tecnologías contra esa enfermedad; y (2) provee protección adecuada y segura de la propiedad intelectual consistente con los acuerdos ADPIC incluidos en la sección 101 (d) (15) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay (Uruguay Round Agreements Act) [19. U.S.C. 5311 (d) (15)].
La promulgación del decreto ejecutivo no fue un accidente. Fue el resultado de una campaña larga y decidida de activistas de la salud pública de EE.UU. y de la comunidad de enfermos de sida que lucharon por revertir los agresivos intentos que durante años habían estado haciendo los funcionarios de la Oficina de Comercio de EE.UU para elevar las normas de protección de la propiedad intelectual (IP) de los medicamentos en África y en otros lugares, como por ejemplo los seis años de campaña contra el nuevo gobierno democrático de Sudáfrica (www.cptech.org/ip/health/sa/sa-timeline.txt).
Cuando Bush fue elegido Presidente, Joe Papovich, entonces Director de Política de Propiedad Intelectual de USTR, y su jefe Bob Zoellick, en la época Director de USTR, convencieron a la Casa Blanca para que mantuviera el decreto ejecutivo de Clinton, para gran sorpresa y disgusto de los ejecutivos de las grandes compañías farmacéuticas, como por ejemplo Hank McKinnell, Director Ejecutivo de Pfizer. Posteriormente, McKinnell y otros ejecutivos de las grandes compañías farmacéuticas comenzaron a reunirse con Karl Rove para tratar de anular lo establecido por Zoellick en relación a comercio y medicamentos. En 2002, Zoellick fue arrinconado en la toma de decisiones relacionadas con fármacos y comercio, pero no obstante África siguió beneficiándose del decreto ejecutivo del año 2000. Pero ahora parece que Portman está abiertamente ignorando ese decreto, diciendo a los funcionarios comerciales africanos que no pueden establecer un nuevo convenio comercial con EE.UU. a menos que acepten los términos más duros de protección de la propiedad intelectual que se han incluido en los acuerdos bilaterales entre EE.UU. y otros países no africanos.
Yo consulté a la USTR sobre este asunto. La USTR está de acuerdo en que el decreto ejecutivo del año 2000 está aún vigente y no pueden explicar cómo la USTR puede cumplir con el decreto y a la vez exigir a los países africanos que establezcan normas de IP más duras que las establecidas por los acuerdos ADPIC de la OMC en África. (www.bilaterals.org/article.php3?id_article=3289)
Este es un aspecto importante. No veo que haya consistencia entre la lucha por mantener precios elevados para los medicamentos patentados en África y los valores de EE.UU., y tampoco veo como esta actitud puede mejorar nuestro prestigio en la comunidad mundial. Esto también causará muertes y sufrimientos innecesarios en una región que ya sufre enormemente.
[N.E.: ver “Con cinismo y falta de ética el gobierno de Bush intenta debilitar los acuerdos de Doha”, en la Sección Ética y Derecho del Boletín Fármacos 2003;6(1)]
EE.UU. / COREA: ACUERDOS PREVIOS DEL USTR SOBRE LOS PRECIOS DE LOS FÁRMACOS EN COREA (Earlier USTR agreements on Korean drug pricing)
James Love, Ip-health, 14 de marzo de 2006
Traducido por Enrique Muñoz
Farmacéuticas
Corea intenta reducir los costes sanitarios y contempla una variedad de propuestas, muchas de las cuales afectarían negativamente a los pacientes coreanos y a las compañías farmacéuticas estadounidenses y extranjeras. A menudo el gobierno coreano ha elaborado las propuestas de una manera aparentemente fragmentada y poco sistemática, sin incluir a los grupos de presión domésticos o extranjeros. Además, a pesar del acuerdo EE.UU.-Corea de 1999 sobre asuntos relacionados con el precio de los medicamentos, frecuentemente el gobierno coreano no le ha comunicado al gobierno estadounidense estas propuestas con antelación.
Para resolver la preocupación de EE.UU. sobre la transparencia y la prenotificación, en enero de 2002 el gobierno coreano acordó establecer un grupo de trabajo bilateral para las reformas sanitarias. El grupo pretende ser un foro que permitiría al gobierno estadounidense y las compañías farmacéuticas extranjeras discutir los cambios propuestos por el gobierno coreano, así como establecer un diálogo entorno a las reformas sanitarias. EE.UU. acogió con agrado este avance, que esperaban que diera respuesta a los problemas de transparencia y que sirviera para mejorar los planes coreanos para el desarrollo de reformas sanitarias comprensivas.
EE.UU. y Corea habían hecho algunos progresos durante los últimos años en relación a cuestiones relativas al sector farmacéutico que preocupaban a los estadounidenses, pero muchas de estas cuestiones han vuelto a resurgir recientemente con las nuevas propuestas. De hecho, en enero de 2002 el gobierno coreano hizo públicas nuevas medidas para lograr la estabilización financiera del seguro nacional de salud, algunas de las cuales tendrían un impacto significativo en el reembolso de los fármacos innovadores (bajo patente). Entre las propuestas se encontraban nuevas medidas de contención del coste y se retomaban propuestas antiguas, así como calendarios para la implementación de estas propuestas. El gobierno coreano no consultó con EE.UU. estas medidas antes de que se hicieran públicas y el gobierno estadounidense estaba preocupado porque el gobierno coreano no le había dado el tiempo suficiente a EE.UU. a pronunciarse antes de que se finalizaran estas propuestas y se cumplieran los plazos. El gobierno estadounidense planeaba discutir estos asuntos y las medidas propuestas en el grupo de trabajo de reciente creación.
El gobierno coreano alcanzó un acuerdo con EE.UU. en 1999 para determinar el precio de fármacos nuevos e innovadores, según el acuerdo Corea pagaría la media de los precios de fábrica de los países del A7 (EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza y Japón). Además, en 1999 ambos países acordaron un sistema de precios de transacción real (ATP), que pretendía abolir la práctica habitual de los hospitales de solicitar un descuento en la compra de fármacos a los fabricantes de medicamentos y a la vez recibir el reembolso completo por parte del sistema nacional de salud gestionado por el gobierno. El gobierno coreano estaba considerando cambios al sistema de precios del A7 y el sistema ATP, y el gobierno de EE.UU. informó a Corea que cualquier cambio que pudiese afectar a los acuerdos bilaterales requeriría del acuerdo con EE.UU.
El gobierno coreano anunció en mayo de 2001 una serie de modificaciones a su sistema de precios de productos farmacéuticos, entre las que se encontraba la implementación de un sistema de precios de referencia. Esta propuesta encontró fuerte oposición por parte de los médicos, hospitales, asociaciones de pacientes y otros grupos de presión locales, así como compañías farmacéuticas extranjeras, y por fin en otoño de ese mismo año el gobierno coreano tuvo que archivar la propuesta. Sin embargo, a finales del año 2001 Corea anunció que pretendía implementar un programa piloto de precios de referencia en el 2002. El gobierno estadounidense seguía teniendo serias preocupaciones respecto a ese programa de precios de referencia e iba a discutir detenidamente con el gobierno coreano el alcance y el tipo de programa piloto, así como cualquier propuesta futura de precios de referencia.
Como parte de sus esfuerzos para recortar los costes sanitarios, la Agencia de Reembolso del Seguro de Salud (HIRA) impuso una serie de directrices para el reembolso de los fármacos innovadores de varias compañías farmacéuticas extranjeras que resultaban ser excesivamente restrictivos. Aunque el proceso para establecer un precio de reembolso para los productos farmacéuticos era transparente y estaba sujeto a un sistema de apelación, el producto sólo podía reembolsarse cuando se prescribía para las indicaciones enumeradas en el prospecto del producto. Estas directrices las estableció inicialmente la Administración de Alimentos y Fármacos de Corea, pero HIRA podía modificarlas. El proceso para hacer las modificaciones no era transparente y no había un proceso de apelación. El gobierno estadounidense planteó su preocupación por este asunto al Ministerio de Salud y Bienestar (MHW) y el MHW respondió que consideraría las mejoras en el proceso a partir de los comentarios estadounidenses.
Además, en octubre de 2001 el HIRA estableció un Índice de Precios de Fármacos de Alto Coste, a través del cual se intentaba controlar la utilización de fármacos por parte de hospitales y clínicas únicamente sobre la base del coste. Los hospitales y clínicas que excedían este índice podían ser penalizados económicamente. El gobierno estadounidense está preocupado por el hecho de que tal sistema disuadiría a los doctores coreanos de basarse en consideraciones más apropiadas, como la seguridad, la eficacia, la calidad del fármaco y el bienestar del paciente, a la hora de prescribir un fármaco y discriminaría contra los productos de fabricantes farmacéuticos extranjeros.
Ciertas materias reguladoras básica que están bajo la supervisión del MHW seguían sin resolverse y como resultado de la introducción por parte del gobierno coreano de reformas sanitarias y medidas de contención del coste entre 1999 a 2001 surgieron nuevos cuestionamientos. Entre otras cosas había preocupación entorno a las pruebas por lote de productos biológicos y vacunas para lograr el registro del producto; pruebas fronterizas para productos biológicos, vacunas y fármacos ya aprobados; el requisito de repetición en Corea de ensayos clínicos realizados fuera del país, ostensiblemente debido a la sensibilidad étnica; y la autorización para que se hicieran ensayos clínicos localmente.
La revisión coreana de diciembre de 1999 de las “regulaciones de revisión de seguridad y eficacia de fármacos” permite que la Administración de Alimentos y Fármacos de Corea (KFDA) acepte datos clínicos extranjeros para la aprobación de fármacos desarrollados en el extranjero. Como consecuencia de ello, la KFDA aprobó algunos fármacos basados en datos clínicos extranjeros, pero las compañías extranjeras no tenían claridad sobre los casos en que encontrarían dificultades para determinar cuándo se requerirán datos clínicos coreanos para su aprobación.
La protección inadecuada de la propiedad intelectual, la confidencialidad de los negocios y la seguridad de los datos seguían siendo un problema para que las compañías farmacéuticas estadounidenses puedan acceder al mercado coreano.
La USTR se quejaba de la falta de confianza de Corea en los datos de las pruebas extranjeras
Finalmente Corea ha impedido el acceso al mercado de productos farmacéuticos extranjeros al solicitar que se hagan pruebas locales de tres lotes de productos farmacéuticos, biológicos y vacunas importadas antes de que se les pueda otorgar el permiso de comercialización. Además, una vez registrados, cada producto importado por Corea para fines comerciales debía someterse a pruebas. Esto es caro, ineficiente y científicamente poco sólido. EE.UU. continuó enfatizando al gobierno coreano la necesidad de: (1) implementar directrices internacionales apropiadas para que se aceptasen los datos de ensayos clínicos realizados en el extranjero, (2) realizar procesos de aprobación de nuevos fármacos más científicos y (3) reducir, en general, los procesos de aprobación de fármacos en Corea.
Pero en marzo de 2002 la USTR también obligó a Corea a adoptar medidas de protección y exclusividad de datos.
El gobierno coreano durante años fue dando pasos para solucionar los problemas de protección de datos o patentes que afectaban a los medicamentos, pero los problemas siguieron existiendo, como la ausencia de coordinación entre los organismos de salud y seguridad (KFDA) y de protección de la propiedad intelectual (KIPO). La falta de coordinación resultó en la concesión de permisos de comercialización de productos que estaban violando la protección de productos patentados. Sin embargo, en marzo de 2002, EE.UU. y Corea resolvieron cuestiones relacionadas con la protección de los datos de prueba que se incluían en las solicitudes de comercialización de productos nuevos, como requería el Artículo 38.3 del acuerdo ADPIC sobre propiedad intelectual.
EE.UU. / COREA: NOTAS REFERIDAS A LA AUDIENCIA CELEBRADA HOY SOBRE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EE.UU. Y COREA (Notes from today’s hearing on the Proposed US-Korea Free Trade Agreement)
Mike Palmedo, Consumer Project on Technology – Ip-health, 14 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
Hoy, el Comité Técnico de Política Comercial (Trade Policy Staff Committee, TPSC) realizó audiencias sobre las próximas negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Corea. El TPSC es un comité inter-agencias compuesto por negociadores de la Oficina de Comercio Exterior de EE.UU. y asesores de los Ministerios de Agricultura, Comercio, Trabajo, Estado y Hacienda. El propósito de la audiencia fue solicitar asesoramiento que la USTR debería tomar en cuenta cuando “amplíe y clarifique los objetivos de la negociación” y para asesorar al público “sobre cómo deberían ser tratados los servicios y productos específicos y otros asuntos en el acuerdo propuesto”. En la audiencia declararon el Ministro de Economía de la Embajada de Corea, dos representantes sindicales y 24 representantes comerciales. Pueden presentarse comentarios escritos hasta el 24 de marzo, y los lineamientos para dichas presentaciones se pueden encontrar en la notificación del Registro Federal relativas a solicitud de comentarios. Al final de este artículo se presentan notas breves de algunos testimonios de la audiencia.
El embajador de Corea Seok-young Choi, citando un informe del Instituto de Política Económica Internacional de Corea (Korea Institute for International Economic Policy) que pronostica que con el acuerdo el PIB de Corea aumentará un 2% y se crearán 100.000 nuevos empleos, declaró que el ALC entre EE.UU. y Corea es una de las prioridades de su país. Sin embargo, recalcó que es importante que el ALC no favorezca una parte sobre la otra, es decir, que debe ser beneficioso para ambas partes.
Choi añadió que, del mismo modo que EE.UU., Corea se ha “adherido a la causa de la liberalización competitiva”. Actualmente está participando simultáneamente en muchas negociaciones de ALCs bilaterales y estudia la posibilidad de iniciar negociaciones con China.
Richard Holwill, representante del Korea Business Council de EE.UU. (que es parte de la Cámara de Comercio de EE.UU.) declaró que las compañías farmacéuticas de EE.UU. tienen dificultades para acceder al mercado coreano y se quejó de que el proceso coreano para establecer precios carece de “fundamento científico” y no refleja el costo del proceso de D&I de los medicamentos. Con respecto a la propiedad intelectual, Holwill dijo que el ADPIC debería servir de base y que deberían tenerse en cuenta las obligaciones del artículo 39.3 (protección de datos).
Joe Damond, de la Asociación de Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de los EE.UU. (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA), declaró que los coreanos desean tener un mayor acceso a los productos farmacéuticos de EE.UU., pero que su Seguro Nacional de Salud (National Health Insurance, NHI) está estructurado de tal manera que dificulta ese acceso. PhRMA sostiene que el ALC debería reformar el sistema de reembolso de Corea, que tiene prejuicios con las compañías no coreanas, carece de transparencia, no tiene en cuenta los costos del desarrollo de un medicamento, carece de “fundamento científico”, favorece a los genéricos y desalienta la innovación y el desarrollo tecnológico en Corea. Los comentarios de Damond se centran principalmente en el NHI en vez de la propiedad intelectual, aunque también dijo que, tanto la exclusividad de datos como cláusulas de vinculación entre patente y regulación, deberían ser incluidas en el ALC.
Por el contrario, Shawn Brown, de la Asociación de Productores de Genéricos (Generic Manufacturer Association), enfatizó que las normas que regulan la industria farmacéutica (tanto las leyes nacionales como los acuerdos internacionales) deben equilibrar la necesidad de innovación con el acceso a los medicamentos existentes. Sin embargo, las cláusulas sobre propiedad intelectual de los ALCs recientes exceden a menudo la ley de EE.UU. y demoran el ingreso de genéricos, aumentando, por ende, los precios de los medicamentos. En su testimonio, Brown presenta ejemplos de tales cláusulas, que incluyen:
– La ley de EE.UU. contiene límites estrictos a la extensión de las patentes, mientras que los ALCs no.
– La ley de EE.UU. incluye un período de cinco años de exclusividad de datos para nuevas entidades químicas estrictamente definidas. Algunos ALCs requieren exclusividad de datos para productos “iguales o similares” por períodos de “al menos” cinco años.
– Tanto la ley de EE.UU. como los ALCs vinculan la aprobación de la comercialización de medicamentos genéricos a la expiración de las patentes originales. Sin embargo, la ley de EE.UU. incluye salvaguardias no encontradas en los ALCs, tal como la limitación del tipo de patentes a las cuales se les aplican esa vinculación.
EE.UU. “SIEMPRE AL VOLANTE DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO” (US “always in the driving seat in FTA talks”)
Chris Vedelago, The Nation (Tailandia), 3 de abril de 2006
Traducido por Antonio Ugalde
El embajador de Argentina advierte de los riesgos y desventajas de las discusiones mano a mano con EE.UU. El poder económico de EE.UU. hace “prácticamente imposible” para los países en desarrollo negociar un acuerdo bilateral justo, de acuerdo al embajador argentino en Tailandia.
El embajador Felipe Frydman, que se acreditó como embajador en diciembre, explicó a The Nation que los países en desarrollo deberían reconocer las serias desventajas que tiene cuando negocian solos con los poderosos países occidentales o con bloques de países.
“Muchos países en desarrollo están buscando acceso al mercado americano” comentó. “Pero cuando uno negocia con EE.UU. un acuerdo bilateral se siente el peso de su poder” dijo Frydman. “Negociaciones multilaterales, a través por ejemplo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), generalmente ofrecen más posibilidades a los países en desarrollo de llegar a acuerdos justos.”
Pero Frydman indicó que “los países grandes fuerzan los acuerdos bilaterales,” que ponen a los países en desarrollo en “una posición mucho más débil” para llegar a un acuerdo justo. Frydman prefirió no comentar sobre el acuerdo que se está negociando entre EE.UU. y Tailandia, pero dijo que la experiencia de Argentina ofrecía algunas lecciones importantes para otros países en vías de desarrollo.
Argentina, como miembro del mercado común, MERCOSUR, con Brasil, Uruguay, y Paraguay ha estado negociando un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que incluye a todos los países del Hemisferio Occidental (excepto Cuba), con EE.UU. Canadá y México, sus socios del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA.
Frydman que participó en la ronda más reciente de las negociaciones en noviembre de 2005 dijo que todavía no se había llegado a un acuerdo con EE.UU. en muchas de los artículos propuestos en ALCA. “Sentimos que de la forma en la que se presentaban las negociaciones, la mayoría de los temas de interés para MERCOSUR se quedaban fuera.”
El embajador señala demandas de EE.UU. para exigir una protección más estricta a la propiedad intelectual al tiempo que se niega a discutir el tema de la reducción o eliminación de los subsidios a la agricultura lo que impide a los países en desarrollo competir en el mercado en condiciones de igualdad.
“Hacer concesiones sobre la propiedad intelectual tiene un costo alto para los países en desarrollo,” dijo. “Nosotros no tenemos la fuerza ni los recursos para hacer investigación como los países ricos, por lo tanto necesitamos la posibilidad de acceder a aquellos productos (medicamentos y procesos de producción) después de que una compañía ha recuperado su inversión. Si vamos a hacer más concesiones en propiedad intelectual tiene que haber alguna compensación. Mientras existan los subsidios a la agricultura nosotros pensamos que las condiciones de comercio no son justas. No se puede aplicar la idea de comercio justo solo para los productos industriales y no para los agrícolas.” Pero esto era algo que EE.UU. no estaba dispuesto a ceder, añadió Frydman.
EE.UU. ha dicho en repetidas ocasiones que la política agrícola era algo que ellos no podía discutir bilateralmente, solo lo podían discutir multilateralmente en la OMC,” dijo.”Pero vos no podés negociar y decir ‘con uds. discutimos esto y las otras cosas las dejamos para la OMC.”
Frydman sugiere que esto significa que EE.UU. puede obtener concesiones en los acuerdos bilaterales de los países débiles que posiblemente no pueden a través de negociaciones en la OMC, mientras que al mismo tiempo utiliza las negociaciones en la OMC como una razón para evitar concesiones penosas. La preocupación, comentó Frydman es que estos acuerdos bilaterales pueden eventualmente establecer los estándares para futuras negociaciones en la OMC. “Si las oportunidades son las mismas, nosotros podemos competir,” dijo. “Los que pagan el pato son los países en desarrollo que se quedan fuera.”
Así que antes de acceder a esas demandas, Frydman puntualizó, el MERCOSUR está buscando el desarrollo de relaciones comerciales con otros países en desarrollo. “Cuando se negocia con países en desarrollo hay más igualdad. Mi objetivo aquí en Tailandia es intentar establecer vínculos entre ASEAN y MERCOSUR, especialmente con Tailandia.”
Frydman enseguida señala que ni Argentina ni MERCOSUR se oponen al libre comercio. “Argentina comprende que los acuerdos de libre comercio (ALC) son una instrumento de desarrollo. Pero ellos por sí solos no producen el desarrollo. Hay una idea general que si abrís tu mercado y si firmás un ALC, se da el desarrollo. Pero esto nunca se ha probado. A veces los resultados de un ALC han sido positivos, a veces negativos, y otras veces no ha pasado nada.”
El embajador indicó que la liberación del comercio y los mercados pueden resultar en un cúmulo de problemas que los países en desarrollo no pueden resolver. “Una de las herramientas para el desarrollo es el ALC, pero tiene que haber otras medidas complementarias,” comentó. Para Argentina y el MERCOSUR la preocupación más grande es cómo mitigar los resultados negativos, añadió. Argentina aprendió “una lección difícil” de su crisis económica de los años 2001 y 2002, la cual, dijo, la causaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional al demandar las reformas de la re-estructuración de la economía.
“Ellos usaron los países en desarrollo como un laboratorio para sus políticas”, explicó el embajador. “Nos dijeron: abran su economía, abran su mercado de capitales, y serán mucho más felices, resolverán todos sus problemas. Pero los países en desarrollo no estaban preparados. Argentina fue el último eslabón en la cadena de la crisis financiera que empezó en la década de 1990 con las crisis de Rusia, Corea, Turquía, Tailandia e Indonesia.”
La crisis dañó duramente la economía Argentina, y llevó al incumplimiento de pago de la deuda externa, a la depreciación de la moneda, a la inflación, al aumento vertiginoso de la pobreza, y al desempleo. Frydman dijo que la noción de que una economía abierta con poco o ningún control regulador vaya a producir una riqueza y desarrollo sin precedentes es básicamente equivocada. “Hemos visto el fracaso de estas políticas y nos damos cuenta que necesitamos tener instituciones para resolver los problemas de la liberación, añadió. “Ahora el objetivo es intentar recuperar algunos de los instrumentos que se perdieron en los noventa y ponerlos de nuevo en su sitio.”
El MERCOSUR ha decidido que son necesarios mecanismos adecuados de protección como parte de cualquier acuerdo de libre comercio que se firme con EE.UU. “Por supuesto, habrá ganadores y perdedores cuando se abren los mercados. Pero la pregunta que queda por responder es ¿qué se hace con los perdedores?” señaló. “Si aceptamos la idea de un mercado libre justo, deberíamos trabajar hacia acuerdos multilaterales en la OMC en donde todos son más o menos iguales.”
EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE “PROPIEDAD INTELECTUAL, ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIDO” SE PONE DE RELIEVE QUE EE.UU. CONTINÚA PRESIONANDO A SUS SOCIOS COMERCIALES PARA QUE FORTALEZCAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Workshop on “IP, FTAs and Sustainable Development” Highlights Continuing US Pressures on Trading Partners to Toughen IP)
Mike Palmedo, Consumer Project on Technology – Ip-health, 3 de marzo de 2006
Traducido por Víctor Arellano
Los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar en la Universidad de América (American University, Washington D.C,) una reunión de trabajo sobre la Propiedad Intelectual (PI), Acuerdos de Libre Comercio (ALCs) y Desarrollo Sostenido en la que participaron negociadores, asesores y otros miembros de la sociedad civil, algunos pertenecientes a países que ya han firmado ALCs con EE.UU., y otros países que aún están negociando ALCs. Los participantes explicaron que EE.UU. pretende niveles cada vez mayores de protección de PI, lo que significaría que en breve los consumidores tendrían que pagar mayores precios por los medicamentos y los productos patentados.
Muchos conferencistas examinaron detalles técnicos de los capítulos sobre PI de varios ALCs. Fred Abbott presentó un documento que menciona cláusulas en los ALCs que exceden el nivel de protección encontrado en la ley de PI de EE.UU. Por ejemplo, se han encontrado extensiones de los periodos de patentes para compensar demoras en el otorgamiento de las patentes y en la aprobación para la comercialización, tanto en la ley doméstica de EE.UU. como en los ALCs. Sin embargo, la legislación estadounidense incluye límites a estas extensiones que no se encuentran en los acuerdos comerciales. De manera semejante, las cláusulas de “vinculación” prohíben a las autoridades reguladoras nacionales aprobar la venta de fármacos genéricos cuando el medicamento original está bajo patente tanto en EE.UU. como en los ALCs – aunque en el sistema estadounidense existen límites a esto que no han sido incluidos en nuestros ALCs.
Fabiana Jorge, una asesora de negociaciones sobre ALCs para los gobiernos de Chile y Colombia, recordó a los concurrentes que, desde el punto de vista de EE.UU., estos ALCs son cuestiones de dinero – específicamente la remesa de dinero de los socios comerciales a compañías estadounidenses. Jorge enfatizó la importancia de elaborar una legislación que permita la implementación adecuada de los acuerdos, y recordó que las presiones de EE.UU. para fortalecer las leyes sobre PI no cesan una vez firmado el ALC. Es previsible que en aquellos lugares donde una cláusula pueda ser interpretada de modos diferentes, EE.UU. exiga que se utilice la interpretación que más fortalezca la protección de la PI. Otros participantes de naciones que se encuentran en la etapa de implementación de ALCs ofrecieron ejemplos sobre esto.
Hanan J. Sboul, una representante de la industria farmacéutica de Jordania, informó que en las discusiones sobre implementación EE.UU. trató de conseguir que se protegiesen los datos para nuevos usos. Sboul dijo además que el representante comercial de EE.UU. (U.S. Trade Representative, USTR) solicitó a Jordania que eliminase la cláusula “Bolar” de su ley de implementación. (La cláusula “Bolar” es aquella que autoriza a una compañía de genéricos utilizar el medicamento en ensayos clínicos exigidos por las autoridades reguladoras de una nación para obtener la autorización de comercialización mientras el fármaco esté aún bajo patente. Esto le permite a esa compañía estar preparada para comercializar su producto en cuanto expire la patente del medicamento de marca).
Luis Velasquez, representante de compañías de genéricos de Guatemala, también reportó que EE.UU. busca exclusividad de datos para nuevos usos. Velasquez subrrayó que desde 2003 Guatemala ha tenido que cambiar muchas veces su legislación sobre exclusividad de datos. Además, EE.UU. busca la “universalidad” de las patentes entre los dos países – lo que significa que Guatemala simplemente debería respetar las patentes emitidas en EE.UU. como si ellas hubieran sido archivadas en Guatemala.
Nadie en la conferencia dijo que los capítulos sobre PI de los ALCs sean convenientes para las naciones que los negocian con EE.UU. – ni siquiera Jennifer Haverkamp, una ex colaboradora del representante comercial de EE.UU.
Parece ser que el mensaje principal de la conferencia es que estos acuerdos sobre PI tienen la deliberada intención de aumentar los precios, y que una vez que los países firman un ALC la presión de EE.UU. continúa.
UN INFORME DE LA OMS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CAUSA DEBATE Y DISGUSTO A LA INDUSTRIA
Antonio Ugalde
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Reportes Breves de esta edición del Boletín Fármacos]