A partir de este listado de medicamentos, las unidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud confeccionarán sus propios CBM, teniendo en cuenta el nivel de atención médica que prestan y los diferentes servicios que disponen.

El CBM se revisa y actualiza cada año. La inclusión, retiro o modificación de los medicamentos que conforman el CBM se realiza por la CFN, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 9 del 16 de marzo del 2001, en la cual están representados los Grupos Nacionales de 23 Especialidades Médicas y funcionarios de las diferentes direcciones del MINSAP vinculadas a la actividad con medicamentos.

El CBM para el 2007 representa un salto cualitativo con respecto a los años anteriores. Las modificaciones sufridas se corresponden con la selección de medicamentos con mejor relación beneficio/riesgo, conveniencia y costos y permite dar una mejor respuesta a los problemas de salud de la población cubana.

La Superintendencia de Salud informó que la garantía de entregar medicamentos para las enfermedades cubiertas por el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Auge) no se está cumpliendo adecuadamente. Su titular informó que, según sus encuestas realizadas durante el año 2006, uno de cada cuatro beneficiarios no estaba recibiendo los fármacos, ya sea por ausencia de ellos en los consultorios públicos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o por simple denegación en el caso de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

Esta cifra es rechazada de plano por el Director de Fonasa, Hernán Monasterio, quien aseguró que “es una cifra incorrecta con toda seguridad, puesto que no se ha detectado por ninguna de nuestras vías habituales una limitación al acceso de medicamentos de la magnitud que presenta la Superintendencia”.

Monasterio reconoció que “tenemos una brecha de información. La gente conoce la existencia del Auge, no así las garantías que contempla”.

El superintendente Manuel Inostroza calificó esta situación como “delicada” y reconoció la persistencia de dificultades, en particular sobre cómo opera el sistema y dónde pueden reclamar su cumplimiento. La encuesta estableció que sólo un 17% de los pacientes conoce la existencia de reclamos en caso que no sean atendidas sus demandas de atención. Y esto se expresa, a su entender, en que desde que comenzó a operar el plan Auge ha habido solo 217 reclamos sobre más de 3 millones de atenciones (2.613.000 pacientes vía Fonasa y 637.342 de Isapres).

Inostroza explicó que para hacer valer los derechos “el mejor garante es la propia persona. Si a un paciente no le dan el medicamento en 48 horas debe exigirlo y reclamar para que le resuelvan el problema de inmediato”. Según explicó Inostroza, en todos los consultorios y hospitales existen Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), donde deben recurrir los pacientes insatisfechos con la atención, y también pueden acudir a las oficinas de Fonasa e Isapres, a la Superintendencia y a las oficinas de Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). La entidad informó que este año tiene presupuesto para efectuar una campaña informativa radial a nivel nacional para que los afiliados del sistema público conozcan sus derechos en salud y los ejerzan.

En 2006 se registraron 153 reclamos por Auge contra Isapres y 20 contra Fonasa, lo que implica un aumento en relación a 2005, cuando hubo 35 quejas contra empresas del sector privado y sólo 9 que decían relación con Fonasa. La encuesta 2006 tiene un intervalo de confianza de 95% y un error máximo de 5%.

A partir de 2007, la Superintendencia sancionará a las Isapres (con multas en dinero, que irían entre los 17 y 84 millones de pesos) y a Fonasa (con sumarios administrativos) cuando no cumplan las garantías del plan.

Desde el punto de vista positivo, Inostroza dijo que el 82% de los usuarios de Fonasa y el 91% de las Isapres se declararon en general satisfechos con los servicios otorgados por los prestadores médicos.

El Ministerio de Salud hizo su propia auditoria
Frente a los datos presentados por la Superintendencia, el Ministerio de Salud decidió investigar la entrega de estos fármacos mediante una auditoría y detectó problemas en la entrega del 3% de los medicamentos del Plan Auge que se dan en consultorios y hospitales del país.

La auditoría consistió en medir “la disponibilidad y entrega” de los medicamentos Auge durante dos días.
Durante ese breve lapso, expertos del Ministerio de Salud analizaron “los fármacos más importantes del plan”.

Tras revisar al azar los stocks de farmacias de los establecimientos de 15 Servicios de Salud del país – 23 consultorios y siete hospitales- la cartera reconoció dificultades en los registros o stocks de tres de los 11 medicamentos pesquisados. En el informe se evidencia que las regiones con más problemas fueron la II, VI y X. Y los productos que más escasearon fueron el losartan -para la hipertensión- y los apósitos hiperosmósticos.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega, reconoció que “efectivamente hay dificultades de despacho”, pero explicó que las conclusiones de la superintendencia discrepan con las de la auditoria.

“El cumplimiento de 97% es alto, pero no es perfecto. Cuando empezamos a analizar las causas de los problemas nos dimos cuentan que no son falta de recursos. No es que haya problemas estructurales o macro, son problemas de gestión local de distinto tipo”, informó Fábrega.

Luego de la auditoria ministerial se les envió una circular a los servicios de salud con problemas instándolos a que mejoraran la entrega.

Paraguay tiene la mejor red de laboratorios para la investigación de resistencia a los antibióticos entre 14 países de la región. Seis instituciones públicas y tres centros privados reportan cada caso que aparece. Los datos pueden ayudar a mejorar el tratamiento de las infecciones. Así lo expresó Gabriel Schmunis, consultor de la OPS.

“Lo importante es tener la información. Hace 10 años el número de datos era tan pequeño y tan básico, que era imposible hacer una acción. Ahora el país tiene un excelente sistema de vigilancia, posiblemente el mejor en la región”, afirmó el experto, quien participó de un encuentro en Asunción, con representantes de otros seis países. El objetivo de la reunión, coordinada por la OPS y la agencia de los Estados Unidos USAID, es planificar acciones para disminuir la resistencia antimicrobiana.

En el Laboratorio Central se reciben datos de cinco instituciones públicas y tres centros privados. La tarea inició en 1999. Forman parte de la red: el Hospital Nacional, Clínicas, Hospital General Pediátrico, IPS, Instituto Medicina Tropical, y los laboratorios privados Meyer Lab, Díaz Gill y del Centro Médico Bautista. Cada vez que estos establecimientos procesan muestras sobre resistencia bacteriana, lo reportan.

El coordinador del proyecto, Dr. Esteban Riera, explicó que los presentan anualmente a nivel nacional e internacional. Actualmente se está capacitando a profesionales de Ciudad del Este, Encarnación y Chaco, para extender la red al interior.

Un diagnóstico de situación inicial, mostró que la adherencia a las guías de uso antibiótico era solo del 40%. Esto significa que apenas 4 de cada 10 profesionales tienen en cuenta las recomendaciones de los expertos para recetar. “Es muy anárquica la prescripción médica”, puntualizó la Dra. Wilma Basualdo, representante de la oficina nacional de la Alianza para el Uso Prudente de Antibióticos (APUA, por sus siglas en inglés).

En base a estos datos, comenzaron las acciones. La Dra. Ana Campuzano de Rolón, del Centro Materno Infantil del Hospital de Clínicas, explicó que el trabajo se realiza en grupos focales, por ejemplo con los residentes de la facultad y los responsables de regiones sanitarias.

El tratamiento para neumonías resistentes en el Hospital Nacional de Itauguá es treinta veces más costoso que el de un paciente común. Además un paciente con neumonía resistente permanece internado dos veces más y gasta 22 veces más en análisis de laboratorio.

Estos datos fueron revelados en un estudio sobre costos de las infecciones hospitalarias, elaborado por la OPS en 1999, en Paraguay. La información sirve como base para los especialistas para encarar acciones correctivas. En el caso de las infecciones urinarias, el costo de los antibióticos es 11 veces mayor cuando se trata de una bacteria resistente que en los casos comunes. Aunque la internación no varía en días de estancia, se gasta casi cinco veces más en análisis.

Los gastos no solo aumentan para el paciente, sino para el sistema de salud. Los resultados de estos estudios mostraron que por cada infección resistente a fármacos, el costo adicional para el Hospital Nacional era de US$5.300, para un caso urinario y US$8.700 para una neumonía. En el Hospital de Clínicas este sobrecosto estimado por cada infección urinaria fue de US$13.600 y el de una neumonía, US$13.900.

Con el Decreto 8.794, promulgado por el Poder Ejecutivo y originado en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), se han endurecido los requisitos relativos a la producción de medicamentos, específicamente aquellos destinados a reglamentar las “fórmulas magistrales”.

La nueva normativa argumenta que el farmacéutico es el responsable por la calidad, seguridad, correcto envasado, rotulación y dispensación de estos productos, así como de la aplicación de las “buenas prácticas de manufacturas y dispensación, de conformidad con las reglamentaciones vigentes al respecto. A través de la presente medida, el Poder Ejecutivo reglamenta el Art. 22, numeral 3, de la Ley Nº 1119/97, “De Productos para la Salud y otros”, y se establecen normas para la preparación, prescripción, uso y comercialización de las fórmulas magistrales.

La autoridad sanitaria dispone, asimismo, que solo puedan ser preparadas fórmulas magistrales en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos legalmente habilitados para este fin, los que deberán funcionar bajo la dirección técnica de un profesional doctor en farmacia, químico farmacéutico o farmacéutico.

También prohíbe manipular, fraccionar o preparar dentro de los establecimientos farmacéuticos productos cuyos principios activos representen riesgos para el operador, el paciente y el medioambiente, tales como hormonas, antibióticos, oncológicos, radiofármacos. Igualmente, son alcanzados por la veda aquellos productos de rango terapéutico estrecho y otros que determine la autoridad sanitaria, dentro de las instalaciones de este tipo de establecimientos.

El decreto establece a su vez, la obligatoriedad de respetar las dosis habituales y máximas indicadas en la farmacopea, o en su ausencia, en la bibliografía internacional de referencia. En caso de que las dosis prescritas excedieran lo recomendado, el prescriptor deberá refrendar en la receta su pedido, indicando alguna leyenda que oriente hacia un medicamento magistral, señalando la forma farmacéutica, la vía de administración y tiempo del tratamiento, siendo el prescriptor el responsable por la formulación e indicación prescrita.

Cifarma apoya la medida
La medida adoptada por el MSPBS ha recibido el apoyo de la Cámara de la Industria Química y Farmacéutica del Paraguay (Cifarma). La misma sostiene que la práctica que venían realizando las denominadas “farmacias magistrales”, que consistía en encarecer por artificios la medicación a la población y retornar un lucro indebido a los médicos, ha sido cortada por el nuevo Decreto.

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay creó una Unidad de Farmacovigilancia y los hospitales deberán notificar obligatoriamente las reacciones adversas a los medicamentos.

En Uruguay las estadísticas que se conocen corresponden al Centro Coordinador de Farmacovigilancia del Hospital de Clínicas. De las 1.119 notificaciones acumuladas entre 1997 y 2005, se concluyó que casi la mitad de las reacciones fueron leves, 37% moderadas, 17% graves y 1% tuvieron resultado mortal (diez fallecimientos).

Un episodio muy recordado en este país es el de Calcical (de Biofarma). En 2002, por error del laboratorio, se incluyó carbonato de litio en vez de carbonato de calcio. Dos pacientes murieron por la intoxicación, pero hubo decenas de afectados por el lote.

Una de las primeras tareas de la cartera ha sido distribuir una planilla entre todos los servicios públicos y privados, para que los profesionales de la salud notifiquen cualquier reacción no buscada de medicamentos, vacunas, hierbas medicinales o medios de contraste.

Los profesionales deben informar los casos sospechosos tanto cuando se generan por automedicación como por indicación médica. Basso aseguró que la notificación es obligatoria, y que los directores técnicos de los centros son los responsables del cumplimiento. “Queremos generar una cultura en los profesionales, los usuarios y la propia industria del medicamento, que muchas veces es ella misma la que retira los productos”, apuntó el director de Salud.

Más allá de la obligatoriedad de la notificación, Basso recalcó que el primer objetivo es “capacitar” a los técnicos y los servicios, incluso generando “referentes” en cada centro. “Las instituciones nos han planteado que les estamos pidiendo mucha información y muy rápido en todos los temas. Pero le hemos dicho a las direcciones técnicas que queremos que se cumplan las funciones básicas de contralor del Ministerio. Si no se investiga, no se pueden corregir este problema”, comentó Basso.

El MSP ha conformado también un comité asesor, integrado por dos técnicos de la Facultad de Medicina, uno de la Facultad de Química, y tres de la propia cartera. La cartera además está en contacto con el Centro de Monitoreo de Uppsala (Suecia), que es el coordinador del programa de vigilancia internacional de la OMS.