Cuatro cadenas de farmacias y una mayorista farmacéutica presentaron en octubre de 2007 una demanda contra Abbott por el precio de Norvir (rotonavir). Las empresas -Safeway, Walgreen, Kroger, Supervalu’s New Albertson’s y American Sales- alegan que Abbott al incrementar el precio de Norvir y al ser el único proveedor del medicamento “amplio ilegalmente su monopolio”.

Recientemente, GlaxoSmithKline (GSK) decidió participar de esta demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Oakland, California. GSK sostiene que “Abbott planea eliminar uno de los componentes principales de los cócteles antirretrovirales.” El medicamento de Abbott se utiliza en combinación con Lexiva (fosamprenavir) de GSK.

En diciembre de 2003 Abbott cuadruplicó el precio de venta de Norvir, exceptuando a los programas estatales de medicamentos para el sida, Medicaid y Medicare. El envase de 30 cápsulas de Norvir de 100 mg aumentó de US$51,30 a US$ 257,10. Según información difundida en ese momento, el aumento de precio se vinculaba a la necesidad de reposicionar otro de los antirretrovirales de Abbott, Kaletra (lopinavir/ritonavir).

Entre 1994 y 2005, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades del gobierno de EE.UU. y la compañía farmacéutica Andrulis realizaron un experimento con la talidomida en niñas y jóvenes puertorriqueñas con VIH-positivo. El experimento, en el que también participaron niños y jóvenes varones, se llevó a cabo en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Así lo evidencia el protocolo, “Thalidomide for Treatment of Oral and Esophageal Ulcers and HIV Viremia in Patients With HIV Infection”, publicado en ClinicalTrials.gov, página oficial del Instituto Nacional de la Salud.

El experimento con la numeración ACTG 251, buscaba demostrar la utilidad de la talidomida para las aftas. Para ello, niñas y niños de 13 años en adelante recibieron una dosis diaria de 200 mg del fármaco durante cuatro semanas.

A pesar de los resultados nefastos del uso de la talidomida en el pasado, el protocolo ACTG 251 no requería un método de control de embarazo a las niñas y jóvenes participantes. Según el documento, los pacientes debían ser VIH-positivo y haberse hecho una biopsia que confirmara las úlceras de afta por lo menos dos semanas antes del experimento.

Resultado inquietante
En un artículo publicado en 1997 en el New England Journal of Medicine, los investigadores dieron a conocer los resultados de la primera fase del experimento ACTG 251.

“De las personas que recibieron la talidomida, el 55% experimentó una reacción completa a las cuatro semanas y el 90% tuvo una mejoría sustancial”, indicó el Dr. Jeffrey M. Jacobson, investigador principal. “Este resultado fue comparado con el grupo de placebo que obtuvo un 7% de pacientes curados y un 28% con alguna mejoría”, agregó el científico.

Sin embargo, a pesar de los resultados aparentemente prometedores, el experimento también reveló un resultado inquietante: la talidomida aumenta la carga viral en los pacientes VIH-positivo. “Los pacientes tratados con el fármaco experimentaron niveles mayores de TNF-alpha, (factor de necrosis del tumor) por encima de los del grupo de placebo”, dijeron los científicos. “Por razón de que el aumento en TNF-alpha eleva la producción de VIH y la fuerza de la enfermedad, no se sugiere el uso de la talidomida en pacientes VIH por períodos largos de tiempo”.

Aún así, Jacobson y sus colegas concluyeron en su estudio que la talidomida es un tratamiento eficaz para las úlceras aftosas recurrentes.

Éticamente cuestionable
Las personas con VIH pueden vivir durante muchos años sin desarrollar el sida. El sida es la última etapa de la infección con VIH. La progresión de la infección del VIH al sida tiene un impacto importante en el bienestar físico y psicológico de los pacientes y puede condicionar las futuras opciones de tratamiento de estas personas. Las pacientes puertorriqueñas con VIH que fueron sometidas a la experimentación con la talidomida, tuvieron más posibilidad de aumentar la carga viral y progresar al sida.

Por otro lado, es totalmente inaceptable que a niñas y jóvenes puertorriqueñas, que según los expertos, en su gran mayoría tienen poco o ningún conocimiento sobre sus órganos reproductivos y sobre su sexualidad, se les incluyera en un experimento con un fármaco que produce malformaciones fetales graves.

Si bien Jacobson y el grupo de investigadores mencionan en su artículo que a las niñas se les hicieron pruebas de embarazo, lo cierto es que el protocolo ACTG 251 provisto por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, no lo establece como un requisito obligatorio.

A la luz de estos datos, resulta evidente que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades puso innecesariamente en riesgo a niñas y jóvenes puertorriqueñas con VIH.

El debate sobre el incremento del riesgo de suicidio en personas que consumen ciertos antidepresivos sigue vivo en EE.UU. La revista New Scientist y el periódico The Wall Street Journal se han hecho eco de un informe [a] que asegura que la compañía GlaxoSmithKline (GSK) ocultó datos sobre el peligro de uno de sus fármacos, Seroxat (paroxetina).

El documento que ha originado la polémica, presentado en un juicio, asegura que la compañía farmacéutica ocultó este peligro a la FDA cuando informó de los resultados de los ensayos clínicos sobre el fármaco Seroxat (paroxetina).

Sin embargo, GSK ha señalado en un comunicado que el documento, que califica como “no científico y engañoso”, fue encargado por la defensa en un caso que fue archivado el pasado 30 de enero. El análisis realizado por el psiquiatra de la Universidad de Harvard Joseph Glenmullen llega a la conclusión de que GSK informó de los suicidios registrados entre los pacientes a los que se administró un placebo (sustancia inactiva), pero no contabilizó los que se produjeron entre quienes consumieron el medicamento. El especialista asegura que los datos en poder de la compañía mostraban un riesgo de suicidio ocho veces superior en los individuos tratados con Seroxat, pero GSK “camufló” estas cifras al presentar sus resultados en 1989 a las autoridades sanitarias.

Por su parte, GSK cita las palabras del tribunal que se ha encargado de desestimar la causa: “Antes de febrero de 1997 [cuando se produjo el suicidio que motivó la demanda judicial] es indiscutible que la FDA ya había considerado la cuestión de un incremento del riesgo de suicidio y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, incluido Seroxat, sin encontrar una relación causal que justificase una advertencia a los pacientes adultos o pediátricos”.

La relación entre las conductas autolesivas y determinados fármacos para tratar la depresión ha sido objeto de una profunda investigación en los últimos años [b]. En 2004, la FDA alertó sobre el riesgo de suicidio asociado a varios antidepresivos, entre los que se encuentra Seroxat (paroxetina). Dos años después, la agencia reguladora encomendó a las compañías farmacéuticas que informasen a los profesionales sanitarios del aumento de conductas suicidas relacionado con estos productos y que incluyesen en los prospectos advertencias en las que se aclarase en qué edades se ha observado este peligro. Los estudios sólo muestran un incremento en menores de 24 años, mientras que en mayores de 65 se ha detectado una disminución.

Un bufete de abogados estadounidense anunció en enero de 2008 haber iniciado un proceso contra la farmacéutica francesa Sanofi-Aventis, e invitó a sumarse a la demanda a todos los afectados por la evolución de la acción bursátil del grupo tras el desengaño de su medicamento adelgazante Acomplia.

La firma indicó que depositó una demanda en nombre de un colectivo contra Sanofi-Aventis ante una corte de distrito de Nueva York. La demanda pretende representar a todos los inversores que compraron títulos Sanofi entre el 17 de febrero de 2006 y el 13 de junio de 2007, según el comunicado difundido por el bufete.

Los abogados señalan que rimonabant, un medicamento que debía comercializarse en EE.UU. con la marca Zimulti, había sido presentado por el grupo como un potencial éxito de ventas.

No obstante Sanofi-Aventis sufrió un gran golpe el 13 de junio cuando un comité de expertos consultado por el FDA rechazó rimonabant al estimar que existía un vínculo entre su consumo y el incremento de depresión y pensamientos suicidas.

Un portavoz de Sanofi-Aventis dijo a Reuters que la compañía había visto la declaración emitida por el bufete de abogados que presentó la demanda y que estaba “discutiendo las acusaciones contenidas en la declaración y planea defenderse vigorosamente,” aseguró.

Han pasado casi cuatro años desde la retirada de Vioxx (rofecoxib), y Merck como laboratorio fabricante se encuentra todavía enfrentando demandas judiciales y acusaciones de haber ocultado datos y de utilizar autores fantasmas.

Como se mencionó en el Boletín Fármacos de noviembre de 2007, Merck había ofrecido US$4.850 millones para resolver las demandas individuales que enfrentaba por Vioxx. Ahora, la farmacéutica ha anunciado la buena marcha de este acuerdo, informando que 44.000 personas (93% de los denunciantes) se han apuntado a la oferta. Para que tuviese efecto, el 85% de los pacientes que habían demandado debía presentar la documentación requerida.

La compañía tiene que comprobar que esos pacientes han presentado toda su documentación correctamente. “Estamos muy satisfechos con el gran número de inscripciones que estamos viendo y confiamos en que, cuando se verifiquen, se cumplirá el umbral del 85%”, ha dicho en un comunicado Ted Maer, uno de los abogados que coordinan el consejo de defensa de Merck en el caso.

Según The Wall Street Journal, los abogados de los demandantes calculan que las indemnizaciones oscilarían entre los US$50.000 y el millón y medio, en función de los factores de riesgo o el tiempo que el afectado consumiese el fármaco. Como media, las indemnizaciones podrían ser de US$200.000.

Acusaciones de ocultación de datos y “autores fantasmas” para elaborar estudios de Vioxx
No es la primera vez que se acusa a Merck de haber ocultado datos adversos de Vioxx para evitar problemas. Ahora, es la revista de la Asociación Estadounidense de Medicina (JAMA) la que reaviva la discusión con la publicación de dos artículos. Estas publicaciones han provocado un duro editorial por parte de la directora y el subdirector de la revista [a], que afirman: “Cuando se cuestiona o se amenaza la integridad en la ciencia o la práctica médica –como ocurre con la influencia de la industria–, tanto pacientes como médicos e investigadores están en peligro”.

Como figura en la revista, los autores de ambos estudios son médicos contratados por los abogados que trabajan en la acusación de Merck. Su objetividad en el análisis se sustenta en el hecho de haber puesto a disposición de los lectores todos los datos. Todos los documentos analizados en los estudios pueden ser consultados en la página web: dida.library.ucsf.edu.

En el primero de los trabajos [b] se acusa a Merck de maquillar datos sobre mortalidad en dos ensayos clínicos realizados para probar la eficacia de Vioxx en el tratamiento del Alzheimer (una indicación que no salió adelante). La manipulación, según los autores, es sutil, ya que el problema no está en los datos obtenidos, sino en la forma de presentarlos. Escriben: “Los artículos no incluían análisis estadísticos de los datos de mortalidad y los dos concluían que rofecoxib era bien tolerado”.

La farmacéutica utiliza este argumento en su defensa y sostiene que el problema no era suyo, sino de la revista donde se publicó el trabajo (o sea, JAMA), que no incluyó datos sobre la mortalidad en el estudio que ellos sí enviaron a la FDA.

Sin embargo, uno de los autores, el especialista de la Universidad de Washington Bruce Psaty, explicó a Público que Merck “no vio un problema de seguridad cuando el riesgo de muertes era tres veces mayor en el grupo que tomaba Vioxx”. “Ellos se preguntaban por las muertes atribuibles a Vioxx, pero no se fijaron en la fotografía completa”, añadió el experto, que considera que Merck es el único que maquilla sus datos.

El segundo de los trabajos que publicó JAMA [c] llegó a la conclusión de que muchas de las investigaciones científicas que respaldaron en la literatura médica la efectividad y seguridad de Vioxx, fueron escritas por “autores fantasmas” –que trabajaban para la empresa farmacéutica Merck– y atribuidas a destacados investigadores académicos que no eran más que “autores invitados” pues aportaron poco –o nada– a la elaboración del estudio.

En el contexto de los litigios en contra de Merck por las muertes que parecen estar relacionadas con el uso de Vioxx, miles de documentos internos de la empresa –cartas, correos electrónicos, contratos y memorandos enviados entre 1996 y el 2004– quedaron en el dominio público.

Los autores del estudio analizaron más de 20.000 documentos internos del laboratorio Merck y 250 publicaciones científicas relacionadas con el fármaco. Así hallaron autores distintos en los primeros borradores de los manuscritos y la versión final; la contratación de empresas expertas en la redacción de revisiones médicas para elaborar varios manuscritos que luego aparecieron firmados por académicos y la omisión, en algunos de casos, de que la investigación fue financiada por el laboratorio farmacéutico.

En su análisis, los autores hallaron 96 estudios sobre Vioxx publicados en la literatura médica cuya “producción” fue comentada en documentos internos de la empresa. De los 96 estudios, 24 fueron ensayos clínicos, mientras que los restantes 72 eran revisiones médicas. En cuanto a los 24 ensayos clínicos, los documentos de la empresa señalan que un empleado de Merck había sido asignado como el autor del primer borrador del manuscrito de los resultados.

Al seguirle el rastro a esos estudios y su salida a la luz pública en una revista científica, Ross y sus colegas constataron que en 16 de los 24 de estudios un autor con afiliación académica –y no el empleado de Merck– aparecía como el autor principal del estudio.

En 14 de los 16 reportes sobre los ensayos clínicos, el científico de Merck aparecía entre los autores del manuscritos –generalmente en el último puesto– y en dos casos, ni siquiera fue mencionado en la lista de autores.

Un caso específico es el del protocolo de investigación 078, un estudio que buscaba evaluar la efectividad del Vioxx en retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer, donde los documentos revelan que el estudio fue diseñado y realizado por científicos de Merck, pero en la publicación en la revista científica figuran tres investigadores académicos como los autores principales.

También hallaron documentos que señalan que la farmacéutica contrató a empresas especializadas en realizar manuscritos científicos, como Scientific Therapeutics Information, la elaboración de artículos de revisión del uso de rofecoxib y reclutaron a académicos para que figuraran como “autores invitados”.

Un caso, señalado en la publicación en JAMA, consistió en la elaboración de un manuscrito de 20 páginas por el que la firma Health Science Communications Inc recibió $23.841.

Otros documentos señalan que manuscritos completos eran entregados a los autores principales solo para ser editados y revisados. En algunos casos, esos “autores invitados” figuraban como único autor de la revisión.

Algunos investigadores recibieron pagos de entre $750 y $2.500 por su labor como “autores invitados”, al igual a como hay evidencia de un caso en que uno de los investigadores rechazó el pago porque lo consideraba inapropiado.

Consultados por el diario estadounidense The New York Times, algunos de los supuestos “autores invitados” aseguraron haber contribuido a los estudios de forma sustancial, pese a lo que señalan los documentos de la empresa. Es el caso de Steven H. Ferris y Louis Kirby, autores del mencionado estudio sobre el Alzheimer.

Ross y sus colegas señalan en su estudio que el hecho de revisar o editar un manuscrito no es suficiente participación para ostentar la autoría de un estudio. Sugieren necesario que se implemente la práctica de señalar quienes realizaron los borradores de los estudios y aportaron contenido intelectual para asegurar la ética y rectitud en la información científica que respalda la seguridad y eficacia de los fármacos que consumimos.

En un comunicado de prensa publicado en la página web de Merck (www.merck.com), la empresa señala que “muchos de los comentarios en JAMA del 16 de abril relacionados a Vioxx son falsos, engañosos o carecen de contenido”. También señalan que a la compañía no se le dio la oportunidad de dar una respuesta al estudio antes de su publicación y que lo que se publica en el estudio en JAMA son las mismas declaraciones falsas y engañosas sobre Merck que han usado los abogados que llevan los juicios contra la farmacéutica.

En EEUU, la farmacéutica Pfizer tiene abiertos unos 3.000 procesos judiciales a causa de los efectos secundarios de los COX2 Para su defensa, la compañía solicitó varios documentos confidenciales a las revistas y Archives of Internal Medicine (AIM), que ambas se negaron a suministrarle alegando que eso violaría sus estrictas normas de publicación. Un juez acaba de darles la razón a las publicaciones.

La máxima responsable de la revista JAMA, Catherine DeAngelis, y su consejero editorial, Joseph Thornton, publicaron un editorial [a] en el que explican sus argumentos y se felicitan por la decisión judicial. Ambos esgrimen que la confidencialidad del proceso de publicación y, sobre todo, el anonimato en el que se amparan los especialistas encargados de revisar los trabajos antes de que vean la luz (conocida como revisión por pares), es la mejor garantía de la excelencia y fiabilidad de sus contenidos.

El litigio también afecta a la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), aunque en este caso aún no hay una decisión judicial definitiva.

Las más de 3.000 demandas contra Pfizer (que proceden de consumidores particulares, compañías aseguradoras, mutuas, entre otras) esgrimen que la firma empleó datos falsos para aumentar la demanda comercial de sus modernos fármacos analgésicos. Estos “coxibs” son más caros que otros antiinflamatorios no esteroideos tradicionales y, además, fueron los causantes de serios problemas cardiovasculares en ciertos pacientes.

Revisores anónimos
Para preparar su defensa en estos casos, los abogados del laboratorio farmacéutico solicitaron a las tres publicaciones médicas varios documentos que acreditasen la seguridad de dos de sus fármacos: celecoxib, uno de sus productos “estrella” comercializado como Celebrex, y valdecoxib (que se vendió como Bextra, aunque fue retirado del mercado).

“En respuesta, les remitimos cientos de páginas de artículos publicados sobre celecoxib y valdecoxib”, explica el editorial de JAMA, “sin embargo, la citación nos exigía también todos los documentos relativos al proceso de aceptación o rechazo de estudios para ser publicados [en las revistas], copias de los manuscritos que habían sido rechazados, la identidad de los revisores y los comentarios que habían hecho durante el proceso”.

Precisamente el editorial subraya que el anonimato de sus revisores es la única manera de garantizar que éstos hacen una crítica profesional a los manuscritos de sus colegas “sin temor a represalias”. DeAngelis, ha explicado que estos especialistas que valoran los trabajos no cobran “absolutamente nada por su trabajo”. Sólo con la excepción de los especialistas en estadística (que no valoran los contenidos propiamente dichos), y que reciben “mucho menos de 100 dólares” por su asesoramiento.

La negativa de las publicaciones a develar todo este material confidencial, que habría “violado la santidad de este proceso”, se ha visto avalada ahora por la sentencia del juez Arlander Keys, de la Corte de Chicago, en el estado de Illinois. El magistrado considera que estos documentos deben permanecer secretos “para Pfizer, para el público en general y para la comunidad médica”.

La compañía, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que sólo quería obtener aquellos comentarios que habían sido enviados desde la revista a los investigadores de los estudios, “y sin tratar de obtener la identidad de los revisores”.

EE.UU. realizó acuerdos conciliatorios y obtuvo fallos por un valor de US$2.000 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2007, debido a alegatos de fraude contra el gobierno federal. El valor total de recuperaciones desde 1986, cuando el Congreso reforzó significativamente la Ley Civil de Reclamos Falsos, es de más de US$20.000 millones.

De los US$2.000 millones, US$1.45 mil millones están asociados a demandas entabladas por denunciantes bajo las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamos Falsos. Estas disposiciones para denuncias autorizan a personas, conocidas como “relatores”, a entablar demandas en nombre de EE.UU. contra quienes reclamen fondos federales falsa o fraudulentamente. Dichos casos incluyen una variedad de programas con financiación federal, desde Medicare y Medicaid a contratos de compra de suministros de defensa, préstamos para asistencia en desastre y subsidios agrícolas.

Las personas que, a sabiendas, realicen reclamos falsos de fondos federales son responsables por tres veces la pérdida sufrida por el gobierno, además de una multa civil de US$5.500 a 11.000 por cada reclamo. Los relatores reciben de 15 a 20% del producto de un enjuiciamiento exitoso si EE.UU. interviene en la acción qui tam, y hasta un 30% si EE.UU. se rehúsa a intervenir y el relator sigue adelante con la demanda por sí solo. En el años fiscal 2007, los denunciantes recibieron US$177 millones (Esta cifra no incluye las partes correspondientes a relatores para el año fiscal 2007 que no fueron otorgadas o que fueron otorgadas después del 30 de septiembre de 2007).

Como en los últimos años, la atención médica fue responsable de la mayor parte de los acuerdos conciliatorios y fallos asociados a fraude: 1.54 mil millones. Este número incluye tanto reclamos de denunciantes (relatores) como los iniciados por EE.UU. en investigaciones de fraude independientes. La recuperación de más dinero provino de fraudes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSD), en gran parte a los programas Medicare y Medicaid. También se recuperaron fondos para el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales, el programa de seguro TRICARE del Departamento de Defensa, el programa de atención médica del Departamento de Asuntos Veteranos de Guerra, y otros.

Las mayores recuperaciones en el área de la salud vinieron de compañías farmacéuticas y entidades asociadas. Por acuerdos conciliatorios realizados con Bristol-Myers Squibb Co., Aventis Pharmaceuticals, Inc., Medco Health Solutions, Inc., Purdue Pharma L.P. y Purdue Frederick Co., e InterMune, Inc. se consiguieron más de US$800 millones de los 1.5 mil millones. Además, la industria farmacéutica pagó US$264 millones para compensar los fraudes a los estados de la federación que financian una parte del Medicaid.

La investigación de la industria farmacéutica realizada por la División de lo Civil es parte de una iniciativa que comprende todo el ámbito del Departamento de Justicia. Alegatos típicos estaban relacionados a la promoción ilegal de medicamentos o aparatos médicos y hacer que el gobierno pagara por usos no considerados seguros y eficaces por la FDA, y uso no aprobado de los medicamentos (off label); pago de comisiones ilícitas a médicos, mayoristas y farmacias para inducir la compra de medicamentos o aparatos médicos; establecimiento de precios de medicamentos exagerados, sabiendo que los programas de salud federales utilizan estos precios para reembolsar a proveedores.

Los casos más importantes de la industria farmacéutica
Bristol-Myers Squibb (BMS) y Apothecon (su división genérica) pagaron US$328 millones al Departamento de Justicia por establecer precios altos de medicamentos y su uso fuera de etiqueta, y US$187 millones adicionales a los estados por fraude al Medicaid [a]. El acuerdo conciliatorio civil surge de siete acciones qui tam y resuelve alegatos de que:
1. BMS y Apothecon fijaron y mantuvieron precios exagerados, a sabiendas de que los programas de salud federales utilizaban dichos precios para reembolso, y luego utilizaron la diferencia entre el precio informado y el costo para inducir las ventas al aumentar las ganancias de los proveedores;
2. BMS pagó comisiones ilícitas a médicos en la forma de honorarios falsos por consultas para inducirlos a comprar los medicamentos de BMS;
3. BMS pagó comisiones ilícitas a mayoristas y farmacias minoristas para inducir la compra de sus genéricos;
4. BMS promovió su medicamento antipsicótico atípico, Abilify (aripiprazol), para uso en jóvenes y para tratar la psicosis asociada a la demencia, usos que no contaban con aprobación de la FDA; y
5. BMS violó la Ley de Descuentos en Medicamentos de Medicaid al informar “mejores precios” falsos al gobierno para su medicamento Serzone (nefazodona).

Aventis pagó unos US$180 millones por establecer y mantener precios fraudulentos y exagerados para su medicamento, Anzemet (dolasetron), a sabiendas de que programas de salud federales establecían tasas de reembolso con base en dichos precios. Además, Aventis pagó US$10 millones a varios gobiernos estatales con base en los mismos alegatos [b].

Purdue Pharma y Purdue Frederick en resolución de alegatos de fraude contra Medicaid y otros programas de salud federales, abonó la suma de US$100.6 millones (US$109 millones, incluidos intereses). El gobierno alegó que Purdue informó fraudulentamente que OxyContin (oxycodona) era menos adictiva y menos sujeta a abuso y desviación que otros analgésicos. El acuerdo conciliatorio civil resolvió alegatos de que, con base en estas alegaciones de marketing engañosas, Purdue causó, a sabiendas, la presentación de reclamos falsos asociados a OxyContin que no eran elegibles para reembolso federal. Además, Purdue pagó US$60 millones a programas de Medicaid estatales, canceló pagos por un valor de US$276 millones al gobierno federal, separó US$130 millones para resolver reclamos civiles privados, pagó US$5.3 millones a el estado de Virginia por fraude al Medicaid, y pagó US$20 millones para financiar el Programa de Monitoreo de Recetas del mismo estado. Finalmente, Purdue pagó US$500.000 en multas penales, el máximo permitido por la ley [c].

US$30.2 millones le costó a InterMune resolver las acusaciones sobre la comercialización de su medicamento Actimmune (interferon gamma-1b), para usos no aprobados por la FDA. El gobierno alegó que InterMune comercializó Actimmune para fibrosis pulmonar idiopática (FPI), una enfermedad fatal que causa cicatrices en el tejido pulmonar. A pesar de que la compañía no había logrado demostrar la eficacia de Actimmune para la FPI, llevó engañosamente a médicos y al público a creer que el ensayo realizado con el medicamento había tenido éxito. La relatora recibió US$5.7 millones como su parte de la recuperación. InterMune pagó US$6.7 millones adicionales a programas estatales de Medicaid [d].