AGENCIAS REGULADORAS Y POLÍTICAS

Entrevistas

El Salvador. DNM por la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos
DiarioCoLatino, 18 de junio de 2014
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José Vicente Coto es uno de los funcionarios de la administración anterior que fueron ratificados para un segundo quinquenio de trabajo, quien sigue al frente de la Dirección Nacional de Medicamentos. Coto señaló los retos, logros y peligros que enfrenta la institución que recién cumple dos años de su creación, pero que ha generado expectativas en el ámbito nacional e internacional. “La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya generó un recomendable para evaluar si este es el modelo de agencia reguladora que le conviene a los países, por sus resultados”, expresó.

Considerada como un triunfo de la sociedad civil organizada que demandó su creación, pero Coto teme el “silencio” de casi un año de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia ante tres recursos de inconstitucionalidad presentados por empresas farmacéuticas que podrían poner fin a la DNM, y con ello, a los derechos de la población salvadoreña a medicamentos a precios regulados.

¿Cómo nace la Dirección Nacional de Medicamentos?
Nacemos por mandato de la Constitución de la República, que reza que el Estado debe proveer los recursos indispensables para el control de la calidad de productos químicos, medicamentos y obviamente ha sido un vacío histórico del país.

¿Quién lo ejercía antes de la DNM?
El Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) había tomado ese desafío, pero no era su razón de ser y generó al final de cuentas, un desorden. Es cuando nace la Dirección Nacional de Medicamentos para llevar orden y el Estado trata de cumplir con el mandato constitucional de proteger la salud de la población a través, de medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

¿Cuándo iniciaron su trabajo?
Hace dos años y hemos estado ordenando el mercado de los medicamentos en tres sentidos fundamentales, el primero de ellos, es el Registro Sanitario, que era un caos, encontramos 40.000 expedientes que estaban en desorden, y eso es un proceso que recién terminamos en diciembre. Ahora ya tenemos un Registro Sanitario.

¿Qué logró este ordenamiento?
Ahora tenemos un listado de 14.000 medicamentos que son los que, actualmente tienen permiso de comercializarse en el país.

¿Cuáles fueron las acciones para el control de precios?
El tema de los precios fue delicado, como país habíamos llegado a tener un mercado abusivo en el precio de los medicamentos, de tal manera que la población tenía que pagar un altísimo precio por medicinas, que son productos que no se pueden obviar ante una enfermedad. Y con los precios altos, la persona comprometía su economía familiar. Este segundo aspecto lo abordamos generando un proceso que terminó con la elaboración de un Listado de Precios de Venta Máxima al Público. Y esto tenía como objetivo fundamental acabar con el mercado abusivo de precios.

¿Cuál fue el logro de este ordenamiento?
Hemos tenido en el primer año, un ahorro de más de 60 millones de dólares, que la población está dejando de pagar en sus facturas de medicamentos; esto significa que muchas familias han tenido ahorro económico, que ya no pagan 70 ó 90 dólares, los que compran varios fármacos están ahorrando hasta cien dólares al mes, de tal manera que la economía familiar se beneficia, porque son productos indispensables que estas familias estaban pagando.

En cuanto a la calidad ¿qué logros obtuvieron?
Este tercer aspecto de trabajo lo hemos asumido como una “misión”, porque es velar por la calidad de los medicamentos que es un mandato constitucional y es así como, la Dirección Nacional de Medicamentos surge con esa vocación de poder verificar la calidad de los medicamentos que consume la población.

¿Cuántos han sido verificados?
A la fecha, hemos verificados más de 2.000 productos, y hemos encontramos algunas inconformidades en el sentido de que existen productos, que tenían etiquetado un principio activo, y el contenido del frasco contenía otro medicamento, otro producto.

Esta verificación que recién comenzó en diciembre del año pasado, la vamos a ir completando posiblemente en dos o tres años, y podremos asegurarle a la población que se verificaron todos los medicamentos. En estos dos años, a pesar de ser un corto tiempo de trabajo, los frutos de la Ley de Medicamentos han permitido que la población perciba el ordenamiento del mercado farmacéutico en cuanto al registro y a los precios.

¿Cuál es el resultado con los precios?
El abuso del mercado farmacéutico que teníamos han ido a la baja, y en este momento tenemos a El Salvador posicionado por debajo del promedio centroamericano, que es el objetivo de la ley.

¿Cuál ha sido el efecto en las empresas farmacéuticas?
Siempre sigue siendo un negocio para las empresas farmacéuticas, pero, no es un negocio abusivo, sino que, es un negocio más como lo es en Honduras o Guatemala.

¿Cuál es el área que demanda mayor control?
El área de calidad por registro, porque jamás en el país se había controlado y en el futuro este es el horizonte de la DNM, la profundización de calidad de los medicamentos, y creemos importante que se siga ordenando el proceso y se mejore la calidad del registro.

No solo basta tener un registro que ya esté en armonía con lo que están vendiendo en el mercado farmacéutico sino que, nuevos productos puedan ingresar expeditamente al mercado, que no se tarden cuatro años para ser comercializados. Así también, que los productos que tienen alerta sanitaria, puedan ser resueltos de inmediato, esto lo garantizará la existencia de una institución que sea eficaz y ágil en el proceso.

¿Qué ocurre con los medicamentos de venta libre y los precios?
Es un tema que todavía no está finiquitado, tenemos que plantearnos la evaluación de los precios con los productos de venta libre, que se han disparado en los precios, – por ahora- la Ley de Medicamentos no permite regularlo; pero nosotros estamos por solicitar un estudio a nivel de la Asamblea Legislativa sobre el precio y la calidad de los medicamentos de venta libre, es un largo terreno que recorrer.

¿Alguna perspectiva sobre el uso de medicamentos?
Sí, tenemos esa área de trabajo que todavía no hemos tocado a fondo, solo accidentalmente, que se relaciona con el “uso racional de los medicamentos”, la población debe entender que solo debemos comprar lo que necesitamos, tomar las dosis indicadas por el médico y utilizarlos el tiempo que fueron estipulados. Los medicamentos no son cualquier producto de consumo, así que este tema será retomado y profundizado por la DNM, para este nuevo quinquenio.

¿Cuáles son los escollos más fuertes que ha encontrado?
Es lógico, que la primera reacción de un mercado que fue desordenado generó crisis porque no sabía el rol de la DNM, el temor al cambio, esa fue la primera reacción que se dio. Recién iniciado nuestro trabajo y aun sin contar con un presupuesto, tuvimos las primeras especulaciones que afirmaban que las consecuencias serían el encarecimiento de los productos, el desabastecimiento del mercado, la pérdida del empleo, de tal manera que eso generó un miedo anticipado. Sin embargo, a dos años, tenemos un mercado que está más abastecido que el año pasado, hay un 7% de incremento en las plazas en la industria y comercio de medicamentos, esto significa un sector dinamizado. El volumen de las ventas aumentó y pese a que el precio de la medicina bajó, esto ha generado que el volumen de la venta se incrementara. Fueron temores infundados que han sido desvirtuados con los avances que hemos logrado.

¿Cuál es la situación de la DNM con los recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional?
Es una amenaza latente y se debe a que algunos sectores no se conforman con la pérdida de esa ganancia de 60 millones de dólares al año.

Esto nos preocupa, quizás porque estamos acostumbrados a presenciar que se privilegia el interés económico de un sector sobre el bien común de un Estado que es la población. Obviamente, algunas demandas siguen vivas en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, son más de siete demandas que no han sido resueltas, y nos preguntamos por qué han esperado tanto para sus resoluciones. Estamos ante esa expectativa, ¿Qué resolverá la Sala de lo Constitucional?, si privilegiará el Estado de Derecho beneficiando a la población, o los intereses económicos particulares.

¿Cuál sería la reacción de la sociedad civil y de las organizaciones frente a una derogatoria de la Ley de Medicamentos?
Recordemos que ese anteproyecto de ley, que se convirtió en el marco normativo del mercado farmacéutico y fue votado por unanimidad por los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, tuvo a su base el esfuerzo y lucha de la sociedad civil y las organizaciones sociales, que se convirtieron en factor determinante para contar con esta normativa.

La gente estaba cansada de que le vendieran los medicamentos con precios altos, y lo comprobaron al visitar y comparar precios en Guatemala, Honduras, México y no digamos, los que fueron a Europa, todos coincidían en que los precios eran más bajos que en el país. Estas cosas se fueron sumando y la población civil expresó esa inconformidad y es así, como presionan a la Asamblea Legislativa para su aprobación; este marco jurídico es un logro interesante producto de la queja y exigencia de la población civil, para contar con precios más justos de los medicamentos.

Estos recursos presentados por los propietarios de las farmacéuticas, ¿son un peligro inminente?
Es una situación en la que han querido poner en peligro el trabajo de la DNM, sin embargo en el momento debido, la sociedad se ha hecho escuchar y ha defendido sus conquistas. Y para la DNM este acompañamiento de la sociedad ha sido vital en este proceso.

Se han presentado tres demandas puntuales a la ley, la primera es por la competencia, si le corresponde a la Dirección Nacional de Medicamentos o al Consejo Superior de Salud; la segunda, es la regulación de precios de los medicamentos y la tercera tiene que ver con la legalidad de la permanencia de médicos en las farmacias, ya que estos recetan las medicinas que vende el mismo establecimiento.

Sobre lo primero puedo decir que el artículo 68 de la Constitución de la República, da la atribución al Consejo Superior de Salud Pública de vigilar las profesiones relacionadas con la salud. Y el artículo 69, manda al Estado a proveer los recursos que fueran necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los medicamentos, por medio de un organismo de vigilancia y es ahí, donde la Asamblea Legislativa creó la Dirección Nacional de Medicamentos, es un mandato constitucional.

Y la tercera, sobre los médicos en la farmacia, como DNM presentamos nuestros argumentos sobre la inconveniencia ética de que existan médicos en las farmacias, pero la Sala de lo Constitucional rechazó nuestro escrito, vemos que se ha privilegiado claramente el interés económico. Y esto es preocupante.