La Justicia ya avaló 214 reclamos; es el 73% de los pedidos realizados en 2015.

La justicia federal le notificó al Ministerio de Salud de la Nación que deberán cubrirse los reclamos de 214 pacientes por problemas para acceder a ciertas prestaciones. Eso ya es el 73% de todos los amparos judiciales informados el año pasado. Medicamentos, prótesis y tratamientos en general son los principales motivos de reclamo.

La información a la que accedió La Nación indica que entre 2014 y lo que va del año la cartera a cargo de Jorge Lemus recibió 821 amparos con sentencia favorable. Eso incluye tanto los reclamos de beneficiarios de los programas nacionales que brinda y debe cubrir el Ministerio de Salud, como de usuarios de prepagas y obras sociales. En este último caso, la notificación es solamente informativa; la cobertura se ordena a cada prestador.

En 2014 la justicia federal ordenó cubrir 313 tratamientos, mientras que el año pasado la cifra cayó levemente a 294 reclamos. Este año, las autoridades sanitarias ya acumulan 214 amparos por atender.

El aumento de los números para este año se debería a una deuda de la gestión anterior con los prestadores de uno de los programas de cobertura nacional. Desde el ministerio informaron a La Nación que hubo un crecimiento de los reclamos de parte de los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, también conocido como ex Profe por su nombre original: Programa Federal de Salud.

El programa Incluir Salud brinda cobertura socio-sanitaria a las personas con discapacidad, los adultos mayores en situación de pobreza, las mujeres con siete hijos o más o los pacientes con enfermedades que demandan tratamientos de alto costo, como son el cáncer, la hemofilia o la esclerosis múltiple.

A marzo de este año, la deuda con los prestadores ascendía a unos Par350 millones (1 US$=Par14,91), de acuerdo con los registros del proceso de regularización de los pagos a los proveedores desde diciembre pasado que se realiza a través de las provincias. Esos pagos se habían suspendido entre mayo y junio del año pasado, aunque el presupuesto del programa superaba los Par7500 millones, según informes oficiales sobre Incluir Salud. En 2014, el programa contaba con 1.048.390 beneficiarios.

Además de los tratamientos, las intervenciones y los servicios de rehabilitación que necesitan las personas con alguna discapacidad, hay enfermedades consideradas de muy alto costo que destruyen cualquier economía hogareña, más allá del nivel de cobertura que se tenga. Son más de un centenar los trastornos oncológicos, inmunológicos y hereditarios que pueden empobrecer a una familia cuando los tratamientos necesarios superan el 34% de los ingresos e incluyen medicamentos con precios en dólares.

Justamente, el acceso a esas terapias es el principal motivo de judicialización de la salud en nuestro país. El año pasado, en unas jornadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a propósito de los problemas de acceso a los llamados medicamentos de alto costo (MAC) se dijo que los amparos judiciales sólo para que las obras sociales, las prepagas y el Estado cubran esas terapias crecen un 10% anual desde hace 16 años.

Una forma de resolver este problema es contar con información de seguridad, eficacia, efectividad y costos basada en la mejor evidencia científica disponible y con acceso público. Esto, como en otros países, permitiría unificar criterios de atención en todos los subsistemas del sistema sanitario del país.

En el ministerio que dirige Lemus consideran que, para eso, es fundamental contar con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que es como se conoce a esos organismos técnicos. De hecho, a mediados del mes pasado, el Senado recibió un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet).

La evaluación técnica se aplica en el mundo a fármacos, equipos, procedimientos quirúrgicos, métodos diagnósticos y hasta estrategias de prevención con “criterios de eficacia, efectividad, equidad y la relación entre el costo y la efectividad”, como se cita en la iniciativa. Así, los jueces contarían con argumentos científicos para respaldar sus fallos y proteger a los pacientes.

Los reclamos, en cifras

Desde 2010, los amparos crecen un 10% anual 214

En 2016, una deuda con prestadores aumentó los reclamos 294

En 2015, la falta de cobertura de fármacos, prótesis y tratamientos, los motivos 313

En 2014, el primer registro oficial disponible hasta ahora