Lo admitió en un reportaje el encargado para Latinoamérica de la farmacéutica Novartis. El cambio de gobierno generó, según sus palabras, “otro clima de negocios”, pero se advierte que para ingresar al mundo hay que adaptarse a los estándares que reclaman. El acuerdo entre INPI es otro punto a favor de este lobby. La ofensiva se da en medio de la denuncia del llamado The Big Pharma Project, que investiga cómo los laboratorios encarecen los medicamentos en la región.

Desde que varias organizaciones alertaron sobre el denominado Programa Piloto de Patentes de Prospección (PPH), puesto en marcha gracias a un acuerdo firmado en febrero entre la Argentina y Estados Unidos, el tema de la protección intelectual de los medicamentos quedó en el centro de la escena. El cambio de gobierno en 2015 generó una ola de reclamos de las grandes farmacéuticas, que buscan mejorar sus ganancias a través de una legislación que beneficie sus posiciones. Este lobby quedó al descubierto en una reciente entrevista con uno de los principales directivos del sector. “Hay voluntad del Gobierno (argentino) de avanzar en una regulación que proteja más la propiedad intelectual”, sostuvo Andrés Graziosi, jefe de Novartis Latinoamérica. Si bien en la nota admitió que todavía no hay “avances concretos”, sus palabras dejan al descubierto que el avance de la gran industria de los fármacos puso a nuestro país en su GPS.

En una entrevista publicada por el diario Clarín, Graziosi habló de la nueva relación que tiene la industria multinacional de medicamentos con el gobierno argentino, que en los últimos meses dio una serie de concesiones a estos grupos, como el acuerdo de patentes firmado entre el Instituto Nacional de la Propiedaad Intelectual (INPI) y la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés). “Vemos buena voluntad de avanzar en una regulación que permita una mayor protección de la investigación y desarrollo (I+D). Estamos en conversaciones con el Gobierno. Si la Argentina quiere insertarse en el mundo tiene que encaminarse a una mejor protección de propiedad intelectual”, remarcó el referente de la Big Pharma, como se conoce en el mundo al conglomerado que firman los laboratorios multinacionales.

Además de acuerdo de patentes, el cambio de gobierno generó otras iniciativas bien vistas por la industria, como el final de la regulación del precio de los medicamentos, la flexibilización de la importación y la eliminación de algunas trabas burocráticas para poner en marcha estudios clínicos. Ahora, la idea es aumentar los derechos de las patentes. “Las conversaciones con los distintos ministerios y agencias de gobierno nos hacen ver que hay voluntad de equiparar los estándares de Argentina a los internacionales, pero por ahora hay solo conversaciones”, admitió Graziosi en la misma nota.

“Este gobierno modificó normas y estableció tiempos de aprobación de los estudios en línea con los criterios internacionales. Ahora la Argentina es más competitiva”, indicó el ejecutivo cuya empresa está en el puesto 16 en el ranking local de laboratorios. Eso permitirá que Novartis traiga al país estudios clínicos en etapas más tempranas de desarrollo, para los que se requiere más conocimiento, inversión y personal más especializado. “Vemos el mercado argentino con buenas perspectivas a futuro porque este Gobierno está intentando fomentar la innovación y desarrollo, cambiar el marco regulatorio, dando más financiación a obras sociales. Hay otro clima de negocios”, se sinceró el CEO farmacéutico.

Esta nota se da en momentos que toda la industria farmacéutica está cuestionada por su lobby en los países de la región, una vez que se conoció el trabajo de investigación The Big Pharma Project, que denuncia “las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo”.

“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, fundación colombiana que trabaja en el tema del acceso a los tratamientos. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa el abogado y economista que estudia desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica. Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas “como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional”. “Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte, según una nota publicada por el diario Tiempo Argentino.

El 20 de enero pasado, Dámaso Pardo –titular del INPI –firmó con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un memorando de entendimiento que “busca dotar de dinamismo al procedimiento de resolución de expedientes”. El acuerdo –examinado para la investigación de The Big Pharma Project– establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos para la aprobación de una patente si el solicitante ha obtenido un título equivalente de una oficina extranjera y sin la necesidad de que las autoridades argentinas hagan su propio examen al pedido. “Esto es grave y le hemos pedido al Congreso que informe los alcances sobre este memorando”, dice Lorena Di Giano, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo.