El Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) es una de las entidades de la seguridad social más numerosas del país, la tercera en cantidad de afiliados. Desde hace unos días, el Ministerio de Defensa nombró nuevas autoridades, lo que encendió la alarma en el gremio estatal ATE, ya que considera este paso como el inicio de un plan privatista. Entre las cuestiones que preocupan a los delegados sindicales es un polémico convenio con la cadena Farmacity, que comenzará a atender las recetas de la entidad. Este ingreso a la seguridad social es un nuevo paso en el avance de la empresa, apoyado en el poder de lobby ganado por la presencia de su ex CEO en el gobierno nacional. Además, alertan que el acuerdo podría dejar miles de despidos en la obra social.

Según informan diversos medios, hace un tiempo que el Ministerio de defensa, que maneja el IOSFA, tomó una serie de medidas que preocupan a los integrantes de ATE. En primer lugar, la cartera que conduce Oscar Aguad nombró a un empresario cordobés, Pedro Barrios, como nuevo presidente de la obra social y a Tomas Chavich, como gerente general. Desde ATE aseguran que Chavich “fue asesor especialista en jubilaciones privatizadas en Chile”. A partir de esto, se denunció “el actual estado de abandono de los servicios de la obra social”, que se suma a la “interrupción en la compra de insumos, la negativa para reemplazar personal y el vaciamiento del Policlínico Almagro, el único centro de atención propio de IOSFA, donde se cerró la guardia nocturna y el servicio de laboratorio a domicilio”.

En este contexto, el Ministerio de Defensa firmó con la cadenera un convenio para que los afiliados reciban los mismos descuentos en los locales de la cadena que en las 34 farmacias propias que el instituto tiene en todas las provincias. “Los trabajadores advierten que todos estos motivos, sumados a una operación de Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación y accionista de Farmacity, para quedarse con el padrón de afiliados, pondría en riesgo la estabilidad y la fuente laboral de los 3.500 empleados públicos”, sostuvieron desde ATE mediante el comunicado.