El Gobierno y los laboratorios nacionales se dieron tregua en la guerra fría que mantienen desde que Cambiemos llegó al poder y que tuvo su pico el año pasado, con el retiro de las empresas farmacéuticas del convenio de provisión de remedios al PAMI, la obra social de los jubilados. La necesidad de desactivar conflictos en un año electoral logró suavizar una tensa relación que, si bien está centrada en lo económico, también está fuertemente atravesada por la política.

El deshielo permitió que una iniciativa del sector, llamada Medicamentos de Primer Nivel (MPN), sea ahora promovida como propia por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y forme parte del combo de medidas que el presidente Mauricio Macri presentará este miércoles para intentar moderar la inflación, impulsar el consumo y mejorar así en las encuestas.

Es un programa originalmente dirigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un universo de un millón de titulares, con unos 4,3 millones de hijos a cargo y que en su enorme mayoría (93%) no tienen cobertura de ninguna obra social y se atienden en el sistema público de salud.

El plan tiene tres franjas de cobertura, con descuentos de 40, 50 y 70% sobre el precio de venta al público del medicamento en unas 6.000 farmacias de todo el país.

El objetivo del plan MPN, más allá de las razones de responsabilidad social que invocan los laboratorios, es ganar espacio en un segmento de la población que hoy prácticamente no compra medicamentos de marca ni con garantías de que no sean falsificados.

Luego de las negociaciones entre los laboratorios y el Gobierno, la Anses incorporó el sistema MPN, además de a la AUH, a los planes Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Complementarios y Tarjeta Alimentaria de pobreza extrema, y en una próxima etapa podrían ser abarcados los titulares de pensiones no contributivas, excombatientes de Malvinas y víctimas de femicidio.

Entre todos sumarían otro millón y medio más de beneficiarios, dijeron fuentes de la Anses. Además, se sumó el programa Más Vida, de la provincia de Buenos Aires, que tiene unos 300.000 beneficiarios a los que entrega alimentos.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es hoy la nueva interlocutora de los laboratorios, que venían de chocar con la Jefatura de Gabinete, en particular con Gustavo Lopetegui, que si bien fuentes oficiales confirman que aún “sigue” el tema, actualmente es secretario de Energía y tiene otras prioridades de gestión.

Lopetegui trabajaba junto a Mario Quintana, con quien los laboratorios mantienen una larga disputa comercial y que veían, y ven, al exdueño de Farmacity detrás de cada medida para el sector, pese a que formalmente está autoexcluido del tema. Si bien dejó su cargo en el gabinete, dentro de la coalición gobernante Quintana tiene el aval político de Elisa Carrió, que acusó a los laboratorios de ser “golpistas” y de intentar sobornarla. La recomposición del diálogo entre el Gobierno y un sector al que acusa de estar cartelizado también se tradujo este año en un rápido acuerdo con el PAMI, al cabo de una negociación menos tortuosa que la de 2018.

En los anuncios del miércoles, la Anses lanzará créditos para sus beneficiarios y acompañará este capítulo de los medicamentos con descuentos en la compra de materiales de la construcción, alimentos, electrodomésticos y artefactos de gas de consumo eficiente, indumentaria y turismo, entre otros.

Un sector en crisis
Pero la industria farmacéutica convive con otra realidad y varios laboratorios enfrentan una situación crítica. La semana pasada pidió un proceso preventivo de crisis el laboratorio Elea, de Hugo Sigman y Daniel Sielecki, que obliga a la empresa y al gremio a sentarse a negociar eventuales suspensiones, despidos o recortes de turnos. Ya venían con distintos problemas y achiques de personal los laboratorios Craveri, Beta, TRB Pharma y Roux Ocefa, entre otros.

La megadevaluación pegó duro en un negocio en el que el 80% de los insumos se paga en dólares y que, además, por la recesión cayó la venta de remedios. “Convirtieron el medicamento, un bien de demanda inelástica, es decir que por una cuestión de salud no se deja de consumir, aunque suba de precio, en un bien elástico, que la gente deja de comprar”, se quejaron en un laboratorio nacional.

La crisis incluso desafía ciertas miradas conspirativas. Algunos, por ejemplo, destacan los buenos vínculos de los dueños de Elea con el kirchnerismo (el fallecido excanciller Héctor Timerman estaba casado con Anabella Sielecki, hermana de Daniel) y se extrañan de su decisión, dado que actualmente está ampliando su planta de Villa de Mayo.

Pero hay otro caso, el de Beta, que abrió un PPC el año pasado y hoy tiene dificultades para pagar los sueldos. Su vicepresidente, Gregorio Zidar, miembro de la familia propietaria, es cercano a Macri, a quien secundó en Boca cuando el Presidente lideraba el club de la Ribera. Para la crisis parece que no hay grieta.