Problemas que deben afrontar los legisladores y las empresas para reducir los costos.

Por años, incluso décadas, todos —de pacientes a presidentes— se han quejado de la espiral de precios de los medicamentos recetados. Sin embargo, poco se ha hecho para que cambie eso. Tal vez ha llegado el momento.

En mayo del 2017, AARP Bulletin publicó un amplio informe sobre por qué los medicamentos cuestan tanto. Aunque el sistema de salud de Estados Unidos es increíblemente complejo, la respuesta se reduce a algo simple: en un mundo de leyes de patentes fuertes y regulación de precios limitada, las compañías farmacéuticas con fines de lucro tienen un poder extraordinario de cobrar lo que quieren por los medicamentos que ofrecen.

Poco ha cambiado. Los precios de los medicamentos siguen subiendo mucho más rápido que la tasa de inflación. Según el Instituto de Política Pública de AARP (en inglés), el costo promedio anual de un medicamento de marca se triplicado en la última década, de $1,868 en el 2006 a $6,798 en el 2017, Los adultos mayores ahora toman un promedio de 4.5 medicamentos cada mes, lo cual puede sumar un costo total de más de $30,000 al año por medicamentos de marca.

Lo que es diferente es que los precios están tan fuera de control que demócratas y republicanos han encontrado algo en lo que están de acuerdo. Esto hace que los defensores de los consumidores tengan la esperanza de que pronto se haga algo al respecto. En el Congreso se han presentado varios proyectos de ley bipartidistas para atacar el problema. Y el mes de mayo pasado, la Administración Trump dio a conocer un plan para hacer frente a los altos precios de los medicamentos que contiene muchas estrategias de sentido común respaldadas por AARP.

La solución no será simple. “Debido a que nuestro sistema de salud está muy fragmentado, no existe una solución milagrosa para este problema”, explica Leigh Purvis, directora de Investigación de Servicios de Salud del Instituto de Política Pública de AARP.

Pero AARP cree que una combinación de tácticas puede controlar los precios de los medicamentos. Esto incluye dar al Gobierno federal la capacidad de negociar al comprar medicamentos, legalizar la importación segura de medicamentos que se venden a precios más bajos en otros países y limitar los costos de bolsillo de los pacientes.

Un enfoque final es cambiar las reglamentaciones del sistema de patentes que permiten que los fabricantes de productos farmacéuticos de marca congelen la competencia de las alternativas genéricas que podrían reducir los precios. “Las compañías farmacéuticas son increíblemente innovadoras para hallar formas de fortalecer sus monopolios”, dice Purvis.

Para ayudar en la lucha por reducir los costos de los medicamentos recetados, AARP ha lanzado la campaña Basta con medicamentos costosos, una iniciativa de alcance nacional para persuadir a los legisladores federales y estatales a tomar medidas sobre el tema. La campaña incluye esfuerzos de cabildeo, programas de información al consumidor y la publicación de nuevas investigaciones sobre los precios de los medicamentos.

Sigue leyendo para aprender más acerca de los diferentes factores detrás de los altos precios de los medicamentos y lo que se puede hacer al respecto.

El problema: Poco poder de negociación
Una de las razones por las que Estados Unidos tiene los costos de medicamentos recetados más altos del mundo es que somos la única nación industrializada cuyo Gobierno no negocia los precios con los fabricantes de medicamentos. La ley del 2003 que creó la cobertura de medicamentos para pacientes ambulatorios bajo la Parte D de Medicare tiene algo de culpa. Medicare —que incluye tanto la Parte D como la Parte B (administrada por el proveedor) de medicamentos recetados— representa el 30% del gasto de medicamentos en los planes de la Parte D de Medicare en Estados Unidos, que actualmente cubren a cerca de 44 millones de adultos. Estos planes deben proporcionar casi todos los medicamentos de seis clases determinadas de fármacos (como antidepresivos y medicamentos contra el cáncer) y al menos dos medicamentos, si están disponibles, en todas las demás categorías de tratamiento. Estos requisitos pueden limitar la capacidad de los planes de la Parte D para negociar con las compañías farmacéuticas. Más importante aún, la influencia de los planes individuales de la Parte D ni siquiera se aproxima a la que Medicare tendría si negociara con las compañías farmacéuticas en nombre de todos los beneficiarios.

En contraste, Australia, Japón y la mayoría de los países europeos tienen algún tipo de programa nacional de salud con juntas de revisión de medicamentos que negocian con los fabricantes. Analizan si un nuevo medicamento es más eficaz que sus encarnaciones anteriores o es simplemente una versión ligeramente modificada. A menudo, son capaces de negociar descuentos significativos porque pueden dejar de comprar si las compañías no cooperan. De esta manera, el medicamento Humira —que trata enfermedades autoinmunes como la psoriasis, la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide (y es el fármaco más vendido en el mundo)— alcanzó los $3,431 mensuales en Estados Unidos en el 2015, pero solo cuesta $982 en Francia. El medicamento para el asma Advair tenía un precio mensual de $310 aquí, mientras que en Alemania solo costaba $38. La lista sigue y sigue.

La solución: Dar a Medicare la capacidad de negociar con los fabricantes es la mejor manera de atacar los altos precios de los medicamentos. Algo que también ayudaría: permitir a los planes de la Parte D más flexibilidad para crear sus formularios (listas de medicamentos cubiertos), arbitrar disputas entre fabricantes y aseguradoras, y usar el precio de un medicamento en otros países para ayudar a fijar su precio aquí. “Usar los precios de ellos como base para determinar el valor aumenta la capacidad de negociación [de Medicare]”, expresa Ameet Sarpatwari, subdirectora del Programa de Regulación, Tratamientos y Derecho del Brigham and Women’s Hospital de Boston. “Después de todo, los fabricantes siguen obteniendo beneficios de sus ventas en el extranjero”.

El problema: La falta de importación
Si los precios de los medicamentos que usamos en Estados Unidos son mucho más bajos en otros lugares, ¿por qué no importarlos? A menudo se menciona a Canadá como un proveedor obvio; los medicamentos recetados, medidos por el gasto minorista por persona, cuestan un 33% menos allí que en Estados Unidos, según un informe del Commonwealth Fund del 2017. Y las personas aquí han estado comprando medicamentos en Canadá durante años. Pero la importación comercial a gran escala de medicamentos, a través de farmacias en internet o mediante compras transfronterizas sigue siendo ilegal.

La solución: La legislación propuesta permitiría a los pacientes comprar medicamentos para uso personal a precios más bajos en las farmacias canadienses. Los críticos dicen que esto abriría las puertas a falsificaciones perjudiciales. Pero hay maneras de establecer salvaguardias. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ya ha importado medicamentos de manera segura en casos de escasez crítica. Y más del 40% de los medicamentos, tanto de marca como genéricos, se fabrican en el extranjero.

El problema: Patentes que no vencen
Para fomentar la innovación y permitir que las compañías farmacéuticas recuperen sus gastos, el Gobierno federal concede patentes de 20 años para nuevos medicamentos; las patentes otorgan a los fabricantes el derecho exclusivo de comercialización del producto. Debido a que lleva años llevar el medicamento al mercado, los fabricantes terminan con un monopolio que dura, en promedio, alrededor de 14 años. En ese momento, teóricamente, los fabricantes de medicamentos genéricos pueden empezar a vender las versiones competitivas.

La sustitución de medicamentos de marca por medicamentos genéricos puede reducir drásticamente los costos. En el 2012, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. (GAO) estimó que los medicamentos genéricos le habían ahorrado al sistema de salud del país un billón de dólares ($1 trillion) durante la década anterior.

Pero las compañías farmacéuticas hacen todo lo que pueden para retener sus monopolios. Por ejemplo, pueden “perennizar” sus patentes, por lo general mediante la readaptación o la reformulación de los medicamentos. Estas estrategias, como cambiar el horario de dosificación, no necesariamente mejoran el medicamento; sin embargo, pueden añadir hasta 20 años o más a sus períodos de monopolio. Estas pequeñas modificaciones evitan en la práctica que los medicamentos genéricos menos costosos entren al mercado.

“Incluso un pequeño retoque puede ser suficiente para pasar con éxito por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas”, dice Robin Feldman, autora de Drugs, Money & Secret Handshakes y profesora de la Facultad de Derecho de UC Hastings en San Francisco. “En realidad, es posible encadenar modificaciones una y otra vez, y nadie pregunta si obtenemos algo de valor por nuestro dinero”.

En un análisis del 2018, Feldman y sus colegas encontraron que de los cerca de 100 medicamentos más vendidos, más del 70% extendieron su protección al menos una vez. Por ejemplo, el monopolio de Lyrica, un medicamento usado para tratar el dolor neurálgico, se extendió del 2009 al 2018 por medio de 16 adiciones. El monopolio del medicamento para el colesterol Crestor se prolongó del 2008 al 2022 con 32 adiciones. “Estos no son casos atípicos”, dice Feldman. “Esta es la norma”.

La solución: Se habla en el Congreso de atacar la práctica de hacer perennes las patentes, dice Purvis. “Pero hacer una reforma completa de patentes sería muy complicado y un arma muy pesada”, agrega. “Mientras tanto, hay pequeños esfuerzos que apenas sí tocan la superficie de los abusos”.

El problema: Los intermediarios misteriosos
Entre quienes compran en el mostrador de la farmacia y las compañías que fabrican los medicamentos hay varios intermediarios Los medicamentos en sí van del fabricante al mayorista y del mayorista a la farmacia. El dinero sigue una ruta más complicada. En un extremo, las personas y sus planes de salud contribuyen dinero al sistema; en el otro, el fabricante recibe el pago. En medio, hay un flujo confuso de dinero entre varias partes, incluidas farmacias, mayoristas y otras entidades llamadas PBM (administradores de beneficios farmacéuticos), que administran los beneficios de medicamentos en nombre de las aseguradoras y negocian con los fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias.

Las interacciones entre estas partes y los acuerdos que hacen presentan varias oportunidades para reducir el precio final de los medicamentos —o para aumentarlo aún más—. Debido a que hay poca transparencia en este mercado y las transacciones entre las partes en la cadena de suministro de medicamentos rara vez se hacen públicas, puede ser difícil saber si alguna de ellas está contribuyendo al aumento de los precios de los medicamentos o si está siendo incentivada para no mantener los precios bajo control.

La solución: Dada la complejidad del sistema de distribución farmacéutica, no hay respuestas sencillas, pero es posible introducir mejoras. Por un lado, dice Purvis, las aseguradoras deben estar al tanto de los reembolsos y las tarifas que se están negociando en su nombre dentro de la cadena de distribución; ese conocimiento podría ayudarlas a erradicar posibles ineficiencias. Sin embargo, Purvis agrega que otras soluciones sugeridas, tales como las propuestas de revelar públicamente información detallada sobre todas las transacciones que tienen lugar dentro de la cadena de suministro, podrían ser contraproducentes. “Muchos expertos han señalado que esto permitiría a los competidores calcular lo que sus rivales están cobrando, lo cual podría reducir el incentivo para ofrecer precios más bajos. Estas divulgaciones también podrían permitirles a los fabricantes de medicamentos coordinar aumentos de precios”.

El problema: El regalo de la investigación
Las grandes compañías farmacéuticas justifican los altos precios de los medicamentos diciendo que son necesarios para cubrir los costos de la investigación y el desarrollo innovadores. Esa cifra está fijada en $2,600 millones ($2.6 billion) por medicamento, según un análisis realizado en el 2014 por el Tufts Center for the Study of Drug Development, que obtiene el 25% de sus fondos de donaciones de las compañías farmacéuticas. Pero los expertos dicen que la estimación de los costos de desarrollo es algo engañosa porque abarca mucho más que los gastos reales para guiar un medicamento a través del largo proceso de aprobación; por ejemplo, también incluye los costos de capital (lo que el dinero rendiría si se invirtiera en lugar de inmovilizarlo en el desarrollo de un medicamento nuevo).

La realidad es que prácticamente todos los medicamentos nuevos de hoy en día, como las inmunoterapias de éxito para el cáncer, tienen sus raíces en la investigación financiada por el Gobierno que realizan los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) o se lleva a cabo en los principales centros académicos del país. Cada uno de los 210 medicamentos nuevos aprobados por la FDA entre el 2010 y el 2016 comenzó a crearse en laboratorios financiados por NIH, lo que representa una subvención total de más de $100,000 millones ($100 billion), según revela un informe del 2018 de investigadores de Bentley University.

Las compañías farmacéuticas rara vez (o nunca) se embarcan en estas actividades de investigación básica, la clase de investigación que un día podría llevar al descubrimiento de un medicamento innovador pero no tiene beneficios inmediatos. Ese trabajo, cada vez más, está financiado por los contribuyentes. Sovaldi, un medicamento de Gilead Sciences, es un buen ejemplo de cómo se lleva a cabo este proceso. El medicamento, un tratamiento muy exitoso contra el virus de la hepatitis C, fue desarrollado por una empresa biotecnológica cofundada por un científico del VA (Departamento de Asuntos de Veteranos). Gilead compró la compañía, incluidos los derechos de monopolio, por $11,000 millones ($11 billion), y luego gastó otros $300 millones para hacer ensayos clínicos con Sovaldi. Según un análisis realizado en el 2014 por investigadores de University of Liverpool, en el 2013 el medicamento tenía un precio de $1,000 por píldora —u $84,000 por el tratamiento de doce semanas—, aunque la fabricación de un tratamiento no costaba más de $136. La patente no caduca hasta el 2029, lo que le garantiza a la empresa generosos beneficios durante muchos años.

Todo es perfectamente legal, ya que a los científicos financiados por los contribuyentes se les permite patentar sus descubrimientos para que los medicamentos nuevos puedan llegar más rápido de la mesa del laboratorio a la cabecera del paciente.

La solución: Los responsables de la formulación de políticas están considerando una variedad de opciones, tales como exigir un mayor rendimiento de la inversión para la investigación financiada por los contribuyentes que en última instancia se comercializa, o permitir que el Gobierno infrinja, o incluso anule, las patentes de los fabricantes de medicamentos que cobran precios irrazonablemente altos.

Otros enfoques que podrían ayudar:

El resultado final de todo esto es que “las personas reales que sufren de enfermedades reales no deberían tener que mendigar, pedir prestado o robar para controlar su enfermedad”, dice Rena Conti, directora asociada de Investigación de Biofarmacia y Políticas Públicas del Instituto para la Innovación y Políticas del Sistema de Salud de Boston University. “Nuestro sistema puede mejorar”.

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