Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
A mediados de junio The Washington Post publicó un artículo que describe un caso de lucro privado, inusualmente rápido, a partir de una molécula que podría ser efectiva contra el Covid 10 que se descubrió con el dinero de los contribuyentes. Este ejemplo involucra a la Universidad Emory, el fondo de inversión Ridgeback Capital Management, que es el dueño de Ridgeback Bioetherapeutics y la multinacional farmacéutica Merck [1] y resumimos a continuación.
Investigadores de la Universidad de Emory recibieron, en cinco años, US$16 millones en becas gubernamentales para investigar la molécula, EIDD-2801, que podría ser efectiva contra el Covid 19. En marzo, la Universidad vendió la licencia de EIDD-2801 a Ridgeback Biotherapeutics, a través de un proceso confidencial y muy rápido, se negoció en dos semanas en lugar de los cuatro a seis meses que suelen tardar estos trámites. Se suponía que Ridgeback iba a hacer los ensayos clínicos y a desarrollar el producto hasta obtener su permiso de comercialización. Sin embargo, Ridgeback no tenía laboratorio ni plantas de manufactura, y a los dos meses vendió los derechos exclusivos para distribuir la molécula a nivel mundial a Merck. Además del pago inicial, Ridgeback recibirá otras cantidades no reveladas cuando la molécula alcance ciertos hitos en el proceso de desarrollo, y regalías, si llega a comercializarse.
Ridgeback Biotherapeutics está ubicado en Miami, es parte de la empresa Ridgeback Capital Management, fundada en 2006, y pertenece a un matrimonio que se dedica a gestionar inversiones (hedge funds), predominantemente acciones de la industria farmacéutica.
EIDD-2801 es parecido al remdesivir pero tiene la ventaja que es de administración oral. Tanto Merck como Ridgeback han dicho que, si se comercializa, el precio será accesible para todos los pacientes del mundo.
Antes de vender la licencia de EIDD-2801 a Merck, Ridgeback trató de obtener fondos adicionales del gobierno de EE UU, a través de BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), para financiar los ensayos clínicos. Según su exdirector ejecutivo, Bright, BARDA negó lo solicitud porque la Universidad de Emory ya había asegurado US$30 millones del gobierno federal (aunque solo utilizó 16) para esa molécula, y sin tener acceso a los resultados no juzgaron oportuno invertir más en ese compuesto. Además, había problemas con la solicitud de US$100, que entre otras cosas podía obligar al gobierno a pagar US$300 millones. Los correos electrónicos muestran que Ridgeback estuvo presionando a BARDA diciendo que el Vicesecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) quería que empezaran los ensayos clínicos lo antes posible, que estaban en juego vidas humanas, y no se podía avanzar sin su autorización.
Tras no haber recibido los fondos de BARDA, Ridgeback contrató a una CRO para realizar un ensayo clínico de seguridad contra placebo con 122 voluntarios en el Reino Unido.
Bright perdió su puesto e interpuso una demanda al gobierno diciendo que había recibido presiones del DHHS para que BARDA otorgara contratos a empresas bien conectadas, que como demuestran los correos electrónicos incluye a Ridgeback Biotherapeutics.
Este caso visibiliza la forma en que proyectos valiosos, financiados con recursos públicos, se convierten en objetos de especulación financiera a través de acuerdos confidenciales. Este tipo de negocios son frecuentes, generalmente involucran a pequeñas empresas respaldadas por capitalistas de riesgo que tratan de identificar los proyectos prometedores de los investigadores académicos. Estas pequeñas empresas están muy arraigadas en el modelo actual de desarrollo de medicamentos, lucran obteniendo los derechos sobre las nuevas moléculas, y tras esa primera inversión, tratan de avanzar las moléculas a través del proceso de desarrollo, hasta que una empresa más grande les compra los derechos y obtiene el permiso de comercialización. Es toda una cadena cuyo objetivo es lucrar.
Los demócratas en el Congreso y otros grupos de defensa de los consumidores han pedido que los contractos del gobierno para el desarrollo de tratamientos y vacunas Covid 19 tengan en cuenta el financiamiento público, y que se publiquen los términos de las licencias. Los demócratas quisieron incluir límites a los precios de las vacunas y terapias Covid 19 desarrolladas con los US$3.000 millones en subsidios de emergencia que el gobierno federal aprobó para las industrias farmacéuticas en marzo pasado, pero no lo lograron.
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