Roche está hablando con las autoridades de salud de la región sobre evaluación de tecnologías sanitarias, para reducir el desperdicio de recursos por medio de alianzas público-privadas.
¿Cuánto dinero se pudo haber invertido en lugar de comprar medicamentos que no sirven para tratar el covid-19? ¿Cuánto dinero se desperdició echándole alcohol a las frutas o limpiando las patas de las mascotas? Los cuestionamientos los hace el jefe de Políticas en salud para América Latina de la farmacéutica Roche, Héctor Castro, quien visitó el país hace dos semanas en el marco de una gira regional para promover nuevas políticas para el acceso de medicamentos, entre las que destaca una: la evaluación tecnológica sanitaria.
La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología en salud en diferentes puntos de su ciclo de vida y tiene como propósito la toma de decisiones informada con el fin de garantizar un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad; por esa razón es que la compañía está concertando reuniones con las autoridades de salud de Latinoamérica.
“El interés de nuestra organización es promover alianzas público-privadas en nuestros países para que los sistemas de salud sean más fuertes y más robustos”, manifestó Castro.
Además de la evaluación de tecnologías sanitarias, habló de la interconectividad de datos, que permite por ejemplo la historia clínica electrónica, pero también destacó otro tema que a juicio de la compañía es de suma importancia: las negociaciones centralizadas de compra de medicamentos que son de alto impacto para la población.
Castro explicó que para negociar mejores condiciones de precios o llegar a acuerdos de pago, si los pacientes responden a los medicamentos o de no pago, si ocurre lo contrario, es necesario que las partes involucradas se sienten a dialogar: ministerios de salud, profesionales de salud, sector privado ofertante de servicios o fabricantes de productos, como medicamentos o dispositivos, con el fin de lograr alianzas público-privadas.
“Una clásica, por ejemplo, es el Movimiento Salud 2030: Innovation Challenge, que permite que se sienten el Gobierno, universidades y el sector farmacéutico privado a buscar soluciones constructivas para que los pacientes tengan un mejor acceso”, ejemplificó sobre la red colaborativa que impulsa innovaciones y soluciones disruptivas para impactar de manera positiva en los desafíos de salud de Latinoamérica.
Castro reiteró que tanto el acceso universal a salud como la cobertura universal de salud implican que todas las personas y comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, oportunos y de calidad; y para lograrlo hay que prestar atención a la unificación de fuerzas.
En El Salvador, por ejemplo, unir fuerzas pasa por solventar la fragmentación del sistema: mientras una parte de la población es atendida por el Ministerio de Salud (MINSAL), otra es atendida por el Instituto Salvadoreño Social (ISSS) y otra parte por el sector privado. Una manera de hacerlo podría ser implementando el expediente universal electrónico que evitaría el desperdicio de recursos, porque el paciente podría ser atendido en cualquier lugar sin repetir exámenes ni procedimientos y mucho menos tiempo, que es crucial para diganósticos como cáncer.
Otra apuesta podría ser la medicina personalizada: la atención en salud personalizada permite ganar tiempo, que en pacientes crónicos apremia, en lugar de recetas generalizadas con los mismos medicamentos a todos los pacientes cuando es sabido que cada cuerpo humano responde de forma diferente.
Los cambios no son posibles de la noche a la mañana, admitió Castro, quien afirmó que el gobierno salvadoreño ha mostrado apertura y disposición.