América Latina

Brasil es un país de renta media-alta con un alto índice de desarrollo humano (IDH): 0,765 (2019). El Sistema Único de Salud (SUS) es un sistema universal y descentralizado, gratuito en el punto de atención, aunque el 27% de los brasileños tienen un seguro médico complementario voluntario. Los medicamentos se suministran gratuitamente a través del Sistema Único de Salud (SUS), aunque para algunos productos se exige copago.

Alrededor del 87% del gasto total en medicamentos y dispositivos médicos es gasto de bolsillo, lo que pone de manifiesto la importancia de la regulación de los precios. El permiso de comercialización y la aprobación del precio máximo son requisitos obligatorios para la comercialización de los medicamentos. Las políticas de precios incluyen la aprobación del precio máximo, la regulación de los márgenes de beneficio, la exención de impuestos, el ajuste anual de los precios y un descuento obligatorio para las compras públicas y los procesos para exigir el cumplimiento de las normas.

La fijación de precios de los nuevos medicamentos tiene en cuenta la situación de la patente y el beneficio terapéutico que aportan. Se establece a partir de una evaluación de la tecnología sanitaria y de los precios de referencia externos o internos, ya que para establecer los precios de los medicamentos con principios activos en el mercado se utilizan los precios internos de referencia. El precio máximo de los genéricos no debe superar el 65% del precio de referencia.

Los precios máximos aprobados y los precios de compra pública están disponibles públicamente.

Para la incorporación de medicamentos y otras tecnologías al SUS Brasil se utiliza un proceso de toma de decisiones basado en el valor que aportan estos productos. En este momento se está trabajando en hacer una evaluación de la situación actual, ver cómo se puede mejorar la participación de los pacientes en la toma de decisiones y en la reevaluación de las tecnologías.

Como sistema descentralizado, el Ministerio de Salud, los estados y los municipios adquieren medicamentos, según su nivel de responsabilidad. Las políticas de precios y reembolsos, incluida una política consolidada de genéricos, han sido importantes para promover la transparencia, la previsibilidad y la estabilidad de los precios, contribuyendo a su vez a la contención de costes y al acceso. Entre los retos actuales se encuentran los elevados índices de judicialización, los medicamentos con precios excesivos que no se corresponden con sus beneficios clínicos, la ausencia de disposiciones para la revisión de los precios y los problemas relacionados con la gobernanza y las políticas.

Para hacer frente a estos retos, los autores hacen tres recomendaciones principales. La primera: mejorar la gobernanza regulatoria, la segunda: incentivar el desarrollo y promover el acceso a medicamentos en base a mayor evidencia, que aporten beneficios clínicos adicionales a los existentes y que tengan precios justos, y la tercera: aumentar la concienciación de las partes interesadas, evitar la judicialización y minimizar su impacto; contribuir a cerrar la brecha entre la innovación y el acceso a los medicamentos.

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