Una serie de grupos de defensa de los pacientes, entre ellos Trinity Health y Common Spirit Health, han firmado una carta abierta al director general de Pfizer, Albert Bourla, en la que rechazan la afirmación de la empresa de que su propiedad intelectual es un derecho humano. Esta afirmación, según los grupos, se produjo en respuesta a la presión ejercida para que Republica Dominicana emitiera una licencia obligatoria para el Paxlovid de Pfizer, afirma Zoey Becker en una nota publicada en FiercePharma [1].

Como ya sabemos, Pfizer concedió al Medicines Patent Pool una licencia voluntaria para que otras empresas puedan producir genéricos de su antiviral y los distribuyan a 95 países, entre los que no figura la Republica Dominicana. KEI, un grupo de defensa de los consumidores solicitó que la Republica Dominicana emitiera una licencia obligatoria para producir el antiviral. Según Becker [1], Pfizer se negó con los siguientes argumentos:

• Hay incertidumbre sobre si el Paxlovid es “el tratamiento de excelencia” para la covid-19.
• El gobierno, antes de conceder dicha licencia, debe establecer que es una “emergencia” o una “cuestión de seguridad nacional” que amerita la medida, “Sólo entonces, el Estado tiene la facultad de suspender algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, derechos reconocidos por la Constitución”, dijo la empresa.

Trinity Health y Common Spirit Health, que tienen inversiones en la empresa, escribieron en la carta a Bourla “Nos inquieta profundamente la invocación de los derechos humanos por parte de Pfizer como táctica para proteger su patente sobre el Paxlovid, y lo consideramos una clara traición a la confianza pública y al contrato social corporativo de Pfizer” [1].

Una portavoz de Pfizer negó haber invocado el derecho humano y afirmó que “el derecho a la propiedad intelectual es un derecho fundamental consagrado por la Constitución de la República Dominicana, protegido tanto para las personas físicas como para las jurídicas…Subrayamos que tales derechos no pueden ser restringidos de manera arbitraria, injustificada, innecesaria, desproporcionada o caprichosa, sino que requiere una justificación fundada en la ley y demostrada por hechos, susceptibles de revisión” [1].