Ensayos Clínicos y Ética

Las empresas farmacéuticas justifican los elevados precios de los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas diciendo que cuesta miles de millones sacar un medicamento al mercado. Pero no hay forma de confirmar la veracidad de estas afirmaciones porque las empresas no revelan cuánto gastan realmente en investigación y desarrollo (I+D). Esto deja al público y a los proveedores de servicios médicos como Médicos Sin Fronteras (MSF) en la oscuridad. No sabemos si los precios que estamos pagando son justos, y si no los son, tenemos menos fuerza para abogar por unos precios más bajos.

Cada día, en más de 90 países, nuestros equipos de salud tratan a personas que se ven directa y desproporcionadamente afectadas por los altos precios que las empresas farmacéuticas cobran por los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas para tratar, prevenir y diagnosticar diversas enfermedades. Los altos precios impiden que las personas de las comunidades en las que trabajamos accedan a los productos médicos que necesitan. Y esos son sólo los productos que ya existen; las empresas también suelen dejar de invertir en el desarrollo de nuevos productos para la salud porque no ven suficientes oportunidades de beneficio.

La transparencia de los costes de I+D es aún más importante si se tiene en cuenta que el gobierno estadounidense gasta decenas de miles de millones de dólares al año para financiar la I+D de los nuevos productos médicos. En cambio, las empresas farmacéuticas mantienen los costes de I+D en secreto.

Los ensayos clínicos se consideran la parte más cara del proceso de sacar un medicamento al mercado. Hacer públicos estos costes nos situaría en mejor posición para exigir precios justos.

Tiene el derecho a saber
La financiación pública de los contribuyentes no sólo hace posible la mayor parte de la I+D temprana, incluyendo la que se realiza en las universidades y en los laboratorios federales. También desempeña un papel importante en la última fase del desarrollo de los nuevos medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas, incluyendo los ensayos clínicos. Sin embargo, las empresas farmacéuticas han mostrado poca consideración por el público que paga la factura. Se niegan a revelar con detalle cómo utilizan estas ayudas públicas, y si estos fondos influyen en el precio final de un producto y en los montos que contribuyen ellas mismas.

Las estimaciones más citadas sobre el coste medio del desarrollo de un medicamento se basan en estudios financiados por la industria con una metodología que ha sido ampliamente cuestionada. De hecho, estudios recientes sugieren que los precios de los medicamentos en EE UU generan mucho más de lo que las empresas gastan en la I+D, lo que significa que las empresas sólo intentan ganar el máximo dinero posible sin preocuparse demasiado por los consumidores. De hecho, es probable que las empresas farmacéuticas obtengan enormes beneficios a costa de los contribuyentes por partida doble: primero, a través de la financiación pública que reciben para realizar la I+D, y después, porque la gente paga en la farmacia unos precios que con frecuencia son excesivamente elevados.

Tomemos como ejemplo un par de las principales vacunas covid-19: Moderna recibió más de mil millones de dólares del gobierno estadounidense para crear una vacuna contra el covid-19, que se estima que ha hecho ganar a la empresa hasta US$18.000 millones sólo en el 2021. La vacuna de Pfizer-BioNTech también se creó a partir de investigación financiada con fondos públicos -con el apoyo del gobierno alemán- y se prevé que aporte US$36.000 millones en ese mismo periodo, las mayores ingresos que ha generado cualquier vacuna o medicamento en toda la historia.

A pesar de que Pfizer-BioNTech y Moderna se beneficiaron del apoyo del gobierno, el público no tiene idea de cuánto les costó a estas empresas desarrollar las vacunas covid-19. Si esta información fuera pública, los gobiernos, las agencias de salud mundiales y los proveedores de servicios de salud como MSF estarían en mejor posición para negociar precios asequibles y justos, y un acceso mundial más amplio, y protegerían a muchas más personas. En lugar de ello, nos hemos quedado en una situación en la que las empresas controlan férreamente el suministro mundial, protegiendo sus beneficios, y no satisfacen las necesidades mundiales, ya que menos del 12% de todas las vacunas administradas se han distribuido en los países de bajos ingresos.

Las vacunas están fácilmente disponibles y, por el momento, se administran gratuitamente en EE UU, se están pagando con el dinero de los contribuyentes. Si los precios de las vacunas contra la gripe son un indicio, los precios “pospandémicos” aumentarán las cargas financieras de los compradores y seguirán restringiendo el acceso a las vacunas, los medicamentos y las pruebas covid-19 en EE UU y en el extranjero.

Lo que la administración Biden puede hacer al respecto
Si las empresas farmacéuticas insisten en que deben cobrar precios elevados para recuperar el coste de la I+D, el público tiene derecho a saber lo que realmente cuesta esa I+D. Hacer públicos los costes de I+D -especialmente el coste de los ensayos clínicos- haría que la industria, que se le ha permitido controlar el acceso y dictar lo que el público paga por los productos médicos que salvan vidas, tuviera que finalmente rendir cuentas a la gente.

Un paso sencillo y crucial que puede dar el gobierno de EE UU para reducir los precios de los medicamentos y crear un sistema de I+D más acorde con las necesidades de salud de la población es divulgar los costes de los futuros ensayos clínicos en ClinicalTrials.gov, un sitio web público en el que las farmacéuticas que os desarrollan medicamentos ya están obligados legalmente a divulgar los resultados de los ensayos, o en un repositorio independiente vinculado a ClinicalTrials.gov.

Algunos legisladores del Congreso ya han subrayado la necesidad de que haya acceso público a la información sobre los costes de I+D. Ahora es el momento de pasar a la acción y anteponer la salud de las personas a los beneficios de las farmacéuticas.

Francis Collins, el director de los Institutos Nacionales de la Salud -que es la entidad gubernamental que aporta la mayor parte de los fondos públicos para I+D a los centros de investigación, los laboratorios públicos y las empresas farmacéuticas- ha dimitido tras más de diez años como director de la agencia. El gobierno de Biden y el Congreso deberían asegurarse de que quien asuma este papel se comprometa a divulgar públicamente los costes de los ensayos clínicos.

Ya no podemos permitirnos operar a ciegas. Necesitamos esta información para negociar y abogar por precios justos para los medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas que salvan vidas en todo el mundo.

Puede leer la carta de la coalición en inglés en este enlace https://www.doctorswithoutborders.org/sites/default/files/documents/CTJan2022OpenLetter.pdf