Novedades sobre la Covid

Muchas de las organizaciones presuntamente independientes que defienden los derechos médicos y civiles de los consumidores, que generaron la idea de que había un gran apoyo al mandato de vacunación, recibían financiamiento de uno de los fabricantes de las vacunas.

En medio del acalorado debate sobre el plan de Chicago para obligar a los empleadores a exigir que sus trabajadores se vacunaran contra la covid-19, Karen Freeman-Wilson, presidenta de la Chicago Urban League, apareció en televisión para desestimar las acusaciones de que esas normas dañaban de manera desproporcionada a la comunidad negra.

En agosto de 2021, Freeman-Wilson afirmó en WTTW: “Los factores que afectan a la salud y la seguridad sobrepasan por mucho la preocupación respecto a que se esté marginando a algunos o que se estén creando barreras”.

Anteriormente, ese mismo año, su grupo había recibido una donación de US$100.000 de Pfizer, el fabricante de una de las vacunas contra la covid-19 más usadas en EE UU. El dinero debía destinarse a un proyecto para promover “la seguridad y la eficacia de la vacuna”. A pesar de que la Chicago Urban League por lo general no vacila en revelar el nombre de las empresas de las que recibe donaciones, en la sección “aliados” [1] de su página web no se incluye a Pfizer. Tampoco se mencionó este financiamiento durante la entrevista.

La donación a la Chicago Urban League fue una de las tantas que hizo Pfizer a organizaciones sin fines de lucro y a organizaciones comerciales. Pfizer repartió financiamientos especiales a diferentes grupos distribuidos por todo el país que cabildearon a favor de políticas gubernamentales que hicieran que la vacunación contra la covid-19 fuera obligatoria.

La larga lista [2] de los que recibieron dinero del gigante farmacéutico incluye a organizaciones de consumidores, de médicos y a organizaciones médicas, así como también a organizaciones de salud pública y a organizaciones de derechos civiles sin fines de lucro. Muchos de estos grupos no revelaron que recibían financiamiento de Pfizer al mismo tiempo que promovían políticas que obligarían a los trabajadores a vacunarse.

En el país, se emitieron mandatos de vacunación en diferentes ocasiones, que a veces se superponían. A nivel federal, el presidente Joe Biden promulgó un decreto —que finalmente fue derogado por un tribunal— que obligaba a todos los empleadores con 100 empleados o más a exigirles que se vacunaran. Varios gobiernos estatales y locales obligaron a los empleados públicos a vacunarse y trataron de hacer lo mismo con los empleados del sector privado. Y muchos de los grandes empleadores obligaron a sus trabajadores a vacunarse sin que lo mandara el gobierno.

Quienes criticaban estas obligaciones impuestas a los empleadores han señalado que la mayoría de los mandatos propuestos, incluyendo los de Biden, no contemplaban excepciones para las personas con inmunidad natural debido a un contagio previo. Quienes promovían esta obligatoriedad aseguraban que las vacunas prevendrían la transmisión de la covid-19 [3], un argumento que en ese momento no tenía un sustento científico y que desde entonces se ha esclarecido más.

En julio de 2021, Biden afirmó falsamente [4] que “si se vacunaban, no se contagiarán de covid-19”, mientras su administración y los gobiernos locales preparaban los mandatos. Rochelle Walensky, directora del CDC, también aseguró que las personas vacunadas “no portan el virus” [5].

No obstante, no fueron únicamente estas afirmaciones infundadas de funcionarios importantes del gobierno las que sentaron las bases para los mandatos de vacunación. Una coalición de grupos prominentes, que recibían el apoyo de Pfizer y de la industria farmacéutica, fueron los principales defensores de las políticas coercitivas de vacunación. Estos son algunos de los ejemplos más importantes:

• En agosto de 2021, la National Consumers League, una entidad establecida hace 100 años que monitorea a las coporaciones, anunció que apoyaría “los mandatos del gobierno y de los empleadores que exigieran vacunarse [contra la covid-19]” [6]. Esto ocurrió casi durante el mismo período en el que aceptó US$75.000 de Pfizer para apoyar las “iniciativas de las políticas de vacunación”. En parte, la organización también es liderada por Andrea LaRue, miembro de la junta directiva de la NCL. El sitio web de la NCL no revela que LaRue haya sido contratada por Pfizer para cabildear: percibe una gran cantidad de dinero por un trabajo que se centra en las políticas de vacunación [7].
• En 2021, la Immunization Partnership, una organización de salud pública sin fines de lucro que está radicada en Houston, cabildeó públicamente en contra de la legislación de Texas, que se había diseñado para impedir el uso de pasaportes de vacunación y los mandatos de vacunación municipales. La Immunization Partnership aseguró que los proyectos “menoscaban el papel vital de la salud pública y de los expertos médicos de nuestro estado en la lucha contra esta pandemia” [8]. La Asociación no reveló que, ese año, había recibido US$35.000 de Pfizer para “cabildear a los legisladores”.
• La American Pharmacists Association, el American College of Preventive Medicine, la Academy of Managed Care Pharmacy, la American Society for Clinical Pathology y el American College of Emergency Physicians firmaron una carta [9] en la que apoyaban la orden de la administración de Biden que obliga a los empleadores con 100 trabajadores o más a exigirles que se apliquen todas las vacunas o que se hagan una prueba covid al menos semanalmente. Todas estas organizaciones recibieron donaciones de Pfizer.
• La National Hispanic Medical Association trabajó con Culture One World [10], la empresa de relaciones públicas, para distribuir “comunicados de prensa y emplazamientos publicitarios” que “instaban a los empleadores de trabajadores esenciales a exigir la vacunación contra la covid-19”. El grupo también firmó declaraciones conjuntas que cabildeaban a favor del mandato de vacunación de la administración de Biden. Según los registros del IRS [11], la NHMA recibió US$30.000 de BIO, un grupo de presión de la industria de las vacunas que representa a Pfizer y Moderna.
• La American Academy of Pediatrics fue una de las organizaciones más prominentes que trabajó para obtener el apoyo público para los mandatos de vacunación. En 2021, la organización recibió varias becas especializadas de Pfizer. Pfizer también proporcionó subsidios a consejos estatales de la AAP, destinados al cabildeo sobre las políticas de vacunación. Por ejemplo, el consejo regional de la AAP en Ohio cabildeó a la legislatura de Ohio [12] para que se opusiera a los proyectos que pretendían frenar las políticas coercitivas de vacunación contra la covid-19. Al mismo tiempo, percibían un subsidio de Pfizer para influir en la “legislación sobre la inmunización”.

En gran medida, la industria farmacéutica permaneció en un segundo plano respecto de las controvertidas políticas de vacunación obligatoria, que enfrentaban la oposición de un conjunto amplio de organizaciones civiles libertarias, sindicatos de trabajadores y grupos comunitarios. En su lugar, la industria movilizó el apoyo a esta medida mediante organizaciones intermediarias a las que normalmente proporciona apoyo monetario.

Ni Pfizer ni la mayoría de las organizaciones mencionadas que fueron financiadas por este gigante farmacéutico respondieron a nuestra solicitud de comentarios.

El American College of Preventive Medicine señaló, en un correo electrónico, que la organización apoyó el mandato de vacunación contra la covid-19 después de que presentaran la política al comité. Drew Wallace, vocero de la ACPM, dijo que “respecto a la pregunta específica sobre las vacunas contra la covid-19, apoyar un mandato no indica que se apoye a un fabricante sobre otro”.

Los críticos indican que el dinero de la industria farmacéutica representa un conflicto de interés inherente que moldeó el discurso sobre los mandatos de vacunación contra la covid-19.

Jenin Younes, un abogado que antes trabajaba con la New Civil Liberties Alliance —que presentó una de las primeras demandas contra los mandatos de vacunación—, afirmó que “si las personas o las instituciones defienden o implementan la obligatoriedad sin revelar que tienen vínculos con los fabricantes, es una violación ética grave y, posiblemente, también es ilegal. Se debería investigar cuidadosamente”.

El Dr. Aaron Kheriaty, experto en bioética, señaló que es habitual que las farmacéuticas financien a organizaciones independientes para moldear las decisiones médicas y las políticas de atención de la salud.

Según Kheriaty, la actuación de Pfizer es una “forma de manipulación comercial que impulsa los mandatos de vacunación usando organizaciones que se adjudican una credibilidad científica o pregonan que actúan en defensa del interés público, a la vez que están creando por la fuerza un mercado para los productos de la empresa”.

También observó que “las farmacéuticas gastan enormes cantidades de su presupuesto en marketing, lo que incluye a varias organizaciones de servicios para la salud y organizaciones intermediarias. Lo hacen porque es una inversión que les reditúa. Comercialmente, tiene mucho sentido”.

Durante mucho tiempo, la industria farmacéutica ha influido en el diseño de políticas de servicios de salud mediante organizaciones externas que hacen abogacia.

Como es bien sabido, el difunto Evan Morris, ex lobista de Genentech, en una ocasión controló un presupuesto de más de US$50 millones para el cabildeo: la mayoría se distribuyó a grupos independientes que amplificaron los mensajes del gigante farmacéutico.

Para una intervención particularmente lucrativa, Morris se valió de grupos independientes para avivar el miedo y emitir noticias sobre la gripe aviar y la necesidad de que el gobierno se aprovisionara de Tamiflu. Según se informa [13], esta estrategia de relaciones públicas le ayudó a recaudar cientos de millones de dólares para Genentech y para Roche, la empresa matriz, que fabrica el Tamiflu.

En otra ocasión, Morris logró que la FDA se demorara en prohibir el uso del Avastin, un medicamento oncológico que, en ese momento, era uno de los productos más rentables de Genentech. La FDA había determinado que el Avastin no era eficaz para tratar el cáncer de mama, pero Smith movilizó a sus grupos de apoyo para obligar a la Agencia a reconsiderar su decisión, según informó el Wall Street Journal [14].

Se han documentado detalladamente los esfuerzos de otros controvertidos fabricantes de medicamentos que intentaron emplear estrategias similares. Por ejemplo, Purdue Pharma financió solapadamente a grupos de apoyo independientes [15] para promover que se relajaran los criterios para prescribir OxyContin y otros analgésicos muy adictivos.

En el caso de Pfizer, la empresa pudo movilizar el apoyo generalizado de los legisladores para lograr que su vacuna contra la covid-19 se convirtiera en uno de los productos médicos más lucrativos de la historia. Solo en 2021, Pfizer generó ingresos por más de US$36.700 millones con la vacuna [16].

El Dr. Martin Kulldorff, un profesor de medicina de la Universidad de Harvard que en la actualidad está en licencia, afirmó: “Desde el punto de vista de la salud pública, [los mandatos de vacunación] no tuvieron mucho sentido por dos razones”.

“Una es que, si tuvo covid-19, entonces su inmunidad es excelente. La segunda es que, en 2021, cuando había escasez de vacunas, lo más importante era vacunar a los mayores y a los norteamericanos de alto riesgo —lo mismo que en otros lugares, como la India y Brasil— pero, en vez de eso, muchas de las vacunas se administraron a personas más jóvenes que tenían un riesgo bajo y no las necesitaban”.

Posteriormente, la administración de Biden se enfrentó a una sucesión de fallos de juzgados federales que declararon que esta medida era inconstitucional. En enero de 2022, la Corte Suprema revocó el mandato, impuesto por la OSHA, de que los empleados por negocios donde trabajaran más de 100 personas recibieran las vacunas contra la covid-19, pero mantuvo la obligatoriedad para los que trabajaban en instituciones médicas.

Los trabajadores afectados por otros mandatos de vacunación no tuvieron tanta suerte. La Ciudad de Nueva York despidió a más de 1700 de sus empleados municipales porque se negaron a acatar la orden de vacunarse que había entrado en vigor en octubre de 2021 [17]. Este año, la Ciudad eliminó esa obligación [18], pero muchos de los trabajadores despedidos siguen luchando judicialmente para recuperar sus empleos.

La Universidad de California (Escuela de Medicina Irvine) despidió al bioeticista Kheriaty por negarse a acatar el mandato de vacunación impuesto por la institución: alegó que tenía inmunidad natural por una infección previa. Es una de las miles de personas que perdieron sus empleos por políticas similares.

Kheriaty afirmó: “Arrojamos por la borda el principio del consentimiento informado y asumimos —sin tener evidencia— que la vacuna contra la covid-19 ayudaría a otras personas, además de a quien la recibiera”.