Las Patentes y Otros Mecanismos para Ampliar la Exclusividad en el Mercado

Resumen
La declaración de la Organización Mundial de la Salud de que “la emergencia mundial de salud de covid-19 ha terminado” ha eliminado el sentimiento de urgencia que durante más de tres años configuró los debates sobre la salud mundial. A raíz de la pandemia, el tema de la propiedad intelectual y su influencia en el acceso a las tecnologías de la salud fue objeto de amplios e intensos debates. El apoyo recabado para una propuesta de exención de determinadas partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la creación del banco de Acceso Mancomunado a Tecnología contra el covid-19 (Covid Technologies Access Pool o C-TAP), y una serie de iniciativas nacionales y regionales destinadas a aumentar la producción de bienes para la salud, son solo algunos ejemplos de iniciativas en que las necesidades de muchos se consideraron más importantes que los beneficios y los monopolios.

Varios procesos políticos que durante la pandemia se dejaron de lado, se estancaron o incluso se detuvieron se han reanudado, mientras que las iniciativas que se originaron como respuesta a la pandemia han evolucionado o han seguido su curso.

En este informe se analizan algunas de las intervenciones diseñadas durante la pandemia de covid-19 para contrarrestar el impacto de un uso excesivo de las herramientas de protección de la propiedad intelectual (PI). En segundo lugar, se evalúan los recientes debates políticos posteriores a la pandemia, a todos los niveles, sobre el papel de la PI en el acceso a la innovación. Por último, se exponen varias recomendaciones sobre la gestión de la PI y los correspondientes procesos políticos, con el fin de mejorar el acceso a las tecnologías para la salud.

Recomendaciones

• Se debería dar mayor visibilidad a los procesos del Reglamento de Salud Internacional y del Órgano de Negociación Internacional, y mayor acceso a la sociedad civil que defiende el interés público para que las organizaciones que trabajan por el interés público puedan aportar su experiencia, incluyendo la transmisión de las demandas de las entidades del Sur Global. Asimismo, los gobiernos nacionales deberían rendir cuentas sobre las posiciones que mantienen durante las negociaciones y su coherencia con las políticas actuales, con sus compromisos previos y con sus futuros planes en ámbitos diferentes al de la salud.
• Para garantizar un acceso más equitativo a las tecnologías de la salud durante las pandemias y otras emergencias de salud, las partes que negocian en el Órgano de Negociación Internacional deberían acordar cláusulas vinculantes sobre la anulación de las normas de propiedad intelectual en caso de que se declare una emergencia de salud pública internacional.
• La revisión de la política farmacéutica de la UE, y otras iniciativas asociadas, ofrece una oportunidad histórica para que la agenda pública dé prioridad al acceso a los medicamentos, a la transparencia en los costes de I+D y al uso de la propiedad intelectual en favor de la salud. Es fundamental que los legisladores, tanto de la UE como nacionales, participen activamente en el análisis y el debate. La sociedad civil tiene que desempeñar un papel en la educación de la población sobre la importancia de la legislación.
• En el panorama de la salud mundial postpandemia, las cuestiones de propiedad intelectual seguirán siendo conflictivas y se requerirá un debate basado en evidencia entre todas las partes interesadas. La contribución de la sociedad civil a este debate es fundamental para garantizar el interés público. Herramientas como el navegador de flexibilidades de los ADPIC se deberían ampliar para alcanzar su potencial y contribuir a una mejor comprensión, a nivel nacional, del coste de proteger demasiado estrictamente la PI en las tecnologías de salud.
• Los gobiernos deberían dar instrucciones a las organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, la OMC y la OMPI, para que adopten medidas concretas para estudiar la viabilidad de un instrumento o convenio internacional que reconozca a los tratamientos, las vacunas y las pruebas diagnósticas como bienes públicos mundiales, en caso de pandemia o emergencia de salud.