Según ha dicho la ONG Health Justice Initiative (HJI), Moderna intentó cobrar al gobierno sudafricano un precio enorme por su vacuna contra la covid-19 en el punto álgido de la pandemia.
La empresa farmacéutica con sede en EE UU quería cobrar US$42 por vacuna a mediados de 2021, cuando las vacunas escaseaban, reduciendo ese precio a US$32,30 en el tercer trimestre y a US$28,50 en el cuarto trimestre.
En cambio, Pfizer ofreció sus vacunas a US$10 por dosis durante el mismo período, que, aunque era menos de una cuarta parte de lo que pedía Moderna, seguía siendo más alto que el precio que pagó la Unión Europea.
Según HJI, Moderna también exigía que Sudáfrica pagara el transporte de la vacuna desde sus oficinas europeas, amplias cláusulas de indemnización y un acuerdo de confidencialidad de 15 años.
Al final, Sudáfrica no compró las vacunas de Moderna
HJI recurrió al Tribunal Superior de Sudáfrica para obtener la correspondencia entre su gobierno y las compañías farmacéuticas durante la pandemia, y esta semana ha publicado un segundo análisis. En septiembre de 2023 divulgó el análisis inicial de los documentos.
La directora de HJI, Fatima Hassan, dijo que el análisis de los documentos sobre la negociación, realizado con la ayuda de Public Citizen “revela un patrón de intimidación e intentos de imponer términos de forma unilateral, especialmente por parte de Moderna y Pfizer, a la vez que se beneficiaban de una emergencia de salud global”.
Esta semana, en una conferencia de prensa, Jishian Ravinthiran, investigador de Public Citizen dijo: “Lo que estos documentos dejan en claro es que las corporaciones pueden explotar y explotarán las emergencias de salud pública para coaccionar a los gobiernos, particularmente a los de los países de ingresos bajos y medianos, para que acepten acuerdos irrazonables a cambio del suministro de medicamentos que salvan vidas”.
“Los esfuerzos internacionales para abordar futuras emergencias de salud globales, como el acuerdo sobre la pandemia, deben incluir disposiciones y salvaguardas sólidas para controlar estos intereses corporativos y garantizar el suministro rápido y equitativo de contramedidas vitales para todos”.
Pfizer quiso mantener el secreto
HJI también dijo que Pfizer quería un acuerdo de confidencialidad de 10 años, pero los documentos de negociación muestran que los funcionarios sudafricanos intentaron incluir disposiciones para “mitigar el poder y el control sin restricciones que Pfizer pretendía ejercer sobre el acuerdo de suministro, pero al final todo eso fue en gran medida infructuoso”.
Pfizer rechazó las disposiciones que habrían permitido la divulgación de información confidencial en circunstancias de emergencia para fortalecer la transparencia y la confianza en el programa de vacunación.
Esto a pesar de que los funcionarios del gobierno sudafricano se refirieron a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) sobre la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos para la salud, y advirtieron que estas disposiciones podían obstaculizar la supervisión de los legisladores y del Controlador General del país.
Hassan explicó: “La totalidad de los acuerdos firmados y los registros de la negociación muestran que estas empresas querían descaradamente mantener el secreto y evitar a toda costa la transparencia, y durante la pandemia se beneficiaron a costa del público”.
El informe concluye que la intimidación contractual de las farmacéuticas monopolistas socavó el programa de vacunación de Sudáfrica en detrimento de su población. Pide que en caso de emergencia sanitaria se exija transparencia en la adquisición de vacunas y medicamentos que salvan vidas con fondos públicos.
Los mecanismos voluntarios son insuficientes
El profesor Matthew Kavanagh, director de la Iniciativa de Políticas de Salud Global (Global Health Policy and Politics Initiative) del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown en EE UU, dijo que el ejemplo sudafricano era una lección para quienes en estos momentos están negociando un acuerdo pandémico en Ginebra.
Kavanagh explicó: “Se ha hablado mucho [durante las negociaciones] sobre cómo, en medio de una pandemia, podemos utilizar mecanismos voluntarios para asegurar el acceso; que los países deberían compartir su tecnología y que lo mejor que podemos hacer es simplemente asegurar un cierto porcentaje de dosis de vacunas para la Organización Mundial de la Salud, porque eso es lo que garantizará la equidad”.
“Pero aquí tenemos a un miembro del G20 incapaz de garantizar la equidad. ¿Qué cree que sucedió en los países de ingresos bajos y medianos que tienen mucho menos poder que Sudáfrica?”
Añadió que la evidencia recabada sobre las negociaciones de Sudáfrica muestra que la producción de vacunas tenía que haberse descentralizado hacia los países de ingresos bajos y medianos, pero con transferencia de tecnología y conocimientos.
“Hasta que no lo hagamos, ningún país de ingresos bajos y medianos tendrá suficiente poder para lograr realmente un acceso equitativo. Eso es algo que debe estar en la mesa de negociaciones en Ginebra”.
Necesidad de “hacerlo mejor en el futuro”
Peter Maybarduk, de Public Citizen, dijo que en Brasil y Colombia sucedió algo similar: “una extraordinaria deferencia hacia las compañías farmacéuticas”, en donde “a lo largo de los años han salido a la luz contratos o fragmentos de contratos”.
Maybarduk describió el “extraordinario secretismo” como un problema importante: “Fragmentar el mundo en muchas agencias de salud, que no saben exactamente qué está negociando la otra y qué términos se están estableciendo, reduce mucho el poder público, la transparencia y la capacidad de las agencias de salud para tomar decisiones informadas, por no hablar del poder de la acción colectiva que es realmente necesaria para adoptar una respuesta de salud global.
Lo ideal sería que las agencias de salud de todo el mundo se coordinaran y comprendieran a dónde van las dosis [de vacunas], cuándo, y en qué términos, para que podamos hacer llegar la mayor cantidad de vacunas a la mayor cantidad de personas posible, en el menor tiempo posible.
En cambio, la actividad comercial está siendo manejada por empresas, bajo un secretismo extraordinario, con prohibiciones sobre su divulgación a largo plazo. Vamos a tener que hacerlo mejor en el futuro”.
Maybarduk añadió que el acuerdo pandémico ofrece algunas opciones de mejora, incluyendo las condiciones para otorgar las subvenciones públicas para la investigación y desarrollo, que sustentan gran parte de la inversión farmacéutica: “Pero también vamos a necesitar iniciativas a nivel nacional y alguna acción colectiva concertada para establecer expectativas diferentes en los contratos de vacunas y otras contrataciones durante las emergencias de salud pública”.