Derecho: Litigios

Según un análisis de Public Citizen, más del 80% de los acuerdos financieros recientes con las compañías farmacéuticas a nivel estatal y federal se relacionan con la crisis de los opioides

Según un nuevo análisis de Public Citizen, entre 1991 y 2021, los gobiernos federales y estatales de EE UU lograron acuerdos o sentencias judiciales contra fabricantes farmacéuticos en al menos 482 casos que han terminado en multas por US$62.300 millones. Este total representa un pequeño porcentaje de los US$1,9 billones de ingresos netos obtenidos por las 35 compañías farmacéuticas más grandes durante solo 19 de esos 31 años (2000-2018).

Según el estudio, en 2020-2021, la industria farmacéutica pagó US$16.300 millones en acuerdos financieros estatales y federales (el 81% de todas las multas de ese tipo durante ese período de dos años) para resolver casos sobre su rol en la crisis de los opioides. Entre 2018 y 2021, hubo 70 acuerdos, por un total de US$23.700 millones.

Los acuerdos por opioides formaron parte de un patrón continuo de litigios desde al menos el año 2016.

A principios de este mes (mayo 2024), se ordenó a Endo Health Solutions Inc. que pague US$1.086 millones en multas penales y US$450 millones en decomisos penales por distribuir medicamentos opioides mal etiquetados.

Michael Abrams, MPH, PhD, autor principal del informe explicó: “Los US$62.300 millones que las grandes farmacéuticas han pagado en multas y acuerdos en las últimas tres décadas reflejan la mala conducta generalizada en la industria. Desafortunadamente, incluso estas cifras gigantescas son demasiado pequeñas para disciplinar a una industria monopolista y especulativa, que reportó ingresos netos de US$1,9 billones en las primeras dos décadas de este siglo”.

El nuevo informe es el quinto de una serie de informes que el Health Research Group de Public Citizen ha estado publicando desde 2010 sobre los acuerdos legales entre los fabricantes farmacéuticos y el gobierno de EE UU. Este último agrega cuatro años de datos (2018-2021), lo que amplía el análisis de tendencias a un total de 31 años (1991-2021). Este y los informes previos fueron coescritos por el fundador del Health Research Group, el Dr. Sidney Wolfe, quien falleció a principios de este año.

Otros datos importantes son:

• Entre 2018 y 2021, cada uno de los nuevos acuerdos gubernamentales fue por un monto relativamente alto, pero el número de casos por año fue relativamente bajo en comparación con los años pico, de 2010 a 2013, cuando hubo 203 acuerdos en total.

• Entre 2018 y 2021, la mayoría (63 %) de los acuerdos farmacéuticos fueron federales.

• A partir de 1991, las acciones penales y la acción de cualquier tipo contra ejecutivos farmacéuticos han sido poco frecuentes.

• Entre 1991 y 2021, las infracciones que se denunciaron con mayor frecuencia fueron por fraude en la fijación de precios de medicamentos (210 de las 545 infracciones mencionadas, 39 %), aunque los cargos por promoción ilegal generaron la mayor cantidad de dólares en acuerdos (36 %, US$22.300 millones de los 62.300 millones en acuerdos).

• A lo largo de los 31 años estudiados, hubo aparentemente mucha reincidencia: a menudo, las mismas empresas farmacéuticas estuvieron involucradas en varios casos. Los principales infractores por cantidad de casos resueltos fueron Pfizer (15), Novartis (12), GlaxoSmithKline (9) y Bristol Myers Squibb (9); y por monto en dólares fueron Purdue (US$8.900 millones), Johnson & Johnson (US$8.400 millones), GlaxoSmithKline (US$7.900 millones) y Pfizer (US$4.700 millones).

El caso presentado por Hawai contra los fabricantes de clopidogrel (Plavix), el medicamento para el corazón es notable porque acabó en una sentencia de US$834 millones contra el fabricante del fármaco en 2021. El tribunal dictaminó que el fabricante de este fármaco engañó a los consumidores asiáticos y de las islas del Pacífico sobre la eficacia del medicamento en estos grupos étnicos.

Abrams dijo: “Este caso en particular es notable porque demuestra que incluso un solo estado puede demandar con éxito cuando un fabricante farmacéutico etiqueta mal su producto, e ilustra además que este tipo de demandas son apropiadas cuando hay sesgo en la información sobre medicamentos contra grupos raciales o étnicos”.

El informe concluye que, si los estados y el gobierno federal se centraran más en la actividad delictiva y se hiciera un mayor uso de las denuncias de delatores, podrían contribuir al esfuerzo para responsabilizar a la industria farmacéutica por sus abusos.

El informe completo está disponible en este enlace https://www.citizen.org/wp-content/uploads/2681.pdf