Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de 2022 contiene varias reformas diseñadas para reducir el alto costo de los medicamentos de venta con receta y hacerlos más accesibles para los pacientes, incluyendo los adultos mayores inscritos en Medicare. Una de esas reformas es el programa de negociación de precios de medicamentos, que ofrece una vía para abaratar los precios de un conjunto de medicamentos de alto costo, los llamados medicamentos de fuente única, para los que actualmente no hay un equivalente genérico en el mercado. Según este programa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que es responsable de implementar Medicare, y el fabricante de los medicamentos seleccionados negocian los precios que utilizarán las empresas al negociar con los proveedores de servicios farmacéuticos para los beneficiarios de Medicare.
Las compañías farmacéuticas han presentado demandas en tribunales de todo el país impugnando el programa IRA bajo varias teorías, incluyendo teorías basadas en la Cláusula de Expropiación y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución. En cada uno de los casos, Public Citizen, junto con Patients for Affordable Drugs Now, Doctors for America, Protect Our Care y Families USA, presentaron un escrito amicus curiae apoyando al gobierno. Los escritos amicus de Public Citizen explican que los altos precios de los medicamentos de venta con receta obligan a muchos afiliados a Medicare, incluyendo a los adultos mayores, a recortar otros gastos necesarios o renunciar a medicamentos que no pueden pagar, con el riesgo de sufrir efectos adversos para su salud y una muerte prematura. Además, debido a que las teorías de las empresas se basan en las premisas erróneas de que las compañías farmacéuticas están obligadas a participar en Medicare y en que el precio que prefieren cobrar a los pacientes de Medicare es el precio de “mercado” a partir del cual se debe evaluar cualquier descuento en virtud del programa, nuestros escritos también explican cómo se establecen los precios de los medicamentos en EE UU.
Los casos incluyen:
El 29 de abril de 2024, el tribunal de distrito concedió la moción de la agencia para un juicio sumario y denegó la moción de la empresa. El tribunal sostuvo que el programa no resulta en una expropiación, no obliga a expresarse y no impone una “condición inconstitucional” a la empresa.
El 29 de abril de 2024, el tribunal de distrito concedió la moción de la agencia para un juicio sumario y denegó la moción de la empresa. El tribunal sostuvo que el programa no resulta en una expropiación, no obliga a expresarse y no impone una “condición inconstitucional” a la empresa.
El 1 de marzo de 2024, el tribunal de distrito desestimó el caso. En cuanto a la cuestión del debido proceso abordada en nuestro escrito, el tribunal sostuvo que la demanda carecía de fundamento porque los fabricantes de medicamentos no tienen derechos sobre la venta de medicamentos a un precio que el gobierno no está dispuesto a pagar, y porque el programa IRA es voluntario, no coercitivo.
El 3 de julio de 2024, el tribunal de distrito, al rechazar cada uno de los reclamos constitucionales y estatutarios de la empresa, otorgó una sentencia sumaria a favor de la agencia.