El senado suizo votó a favor de un amplio paquete de medidas para frenar el encarecimiento de la atención médica, que todavía tiene que ser aprobado por el gobierno federal y otra cámara parlamentaria. El paquete incluye varias propuestas para reducir los precios de los medicamentos y mejorar el acceso a tratamientos nuevos de alto precio. Expertos en leyes y en salud pública están en desacuerdo con estas medidas, y dicen que en lugar de abaratar podrían encarecer los precios de los medicamentos en Suiza y afectar el precio de los fármacos en todo el mundo. A continuación, el resumen de una noticia publicada en Swissinfo.ch [1].
Una de las propuestas es que la ley de seguros de salud incorpore la compra de medicamento a través de acuerdos de entrada gestionada entre la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) y las empresas farmacéuticas. El acuerdo establece los términos y condiciones para que un medicamento se incluya en la lista de especialidades o formulario y esté cubierto por el seguro médico. El problema es que tanto los precios como las condiciones acordadas serían confidenciales.
Muchos países, especialmente en Europa, tienen medidas para establecer los precios y facilitar el acceso a tratamientos nuevos y caros. Aproximadamente 28 de los 41 países de altos ingresos y de la Unión Europea que participaron en una encuesta utilizan acuerdos de entrada gestionada [2].
Las empresas farmacéuticas están cada vez más dispuestas a ofrecer descuentos y reembolsos, con la condición de que no se divulguen. Los expertos sostienen que la confidencialidad les permite adaptar las estrategias de precios a las diferentes necesidades de los distintos países.
Una encuesta realizada en 2017 en 11 países descubrió que recibieron descuentos en nuevos medicamentos de entre un 20 y 29 % [3]. Kerstin Noëlle Vokinger, experta en derecho y medicina de la Universidad de Zúrich, sostiene que en algunas situaciones los descuentos o reembolso no son un problema, pero lo que preocupa es el creciente secretismo.
Otras medidas controvertidas sobre el precio de los medicamentos:
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“Si un país solo piensa en sí mismo porque cree que el secreto le ayudará a obtener un precio más bajo, todo el sistema dejará de funcionar, porque los demás países también perderán la motivación para ser transparentes”.
Suiza ha tenido uno de los sistemas de fijación de precios de medicamentos más transparentes del mundo. Una vez se llega a un acuerdo con las empresas farmacéuticas, se publican los precios en la lista de especialidades y pueden servir de referencia para otros países. Suiza también se basa en los precios de un grupo de países de referencia para sus propias negociaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado firmemente los descuentos confidenciales, advirtiendo que pueden distorsionar los precios de los medicamentos. En 2019, Suiza respaldó una resolución de la OMS que instaba a los países a compartir información sobre los precios netos y facilitar el intercambio de datos.
El creciente secretismo contradice esta tradición, y coloca a los gobiernos en una posición débil para negociar con las compañías farmacéuticas.
Un estudio dirigido por Vokinger encontró que en Suiza el número de medicamentos con descuento aumentó de uno en 2012 a 51 en octubre de 2020 [4]. De estos, al menos 14 no habían publicado el monto del descuento o el precio que pagaron a las empresas farmacéuticas.
Un estudio observacional publicado en diciembre sobre los acuerdos de entrada gestionada en Italia encontró poca evidencia de que esos modelos redujeran el gasto farmacéutico [5]. Esto se explica porque las compañías farmacéuticas a menudo comienzan las negociaciones con precios más altos de los que usarían si los precios fueran transparentes. Este sistema también alarga las negociaciones, retrasando la comercialización de medicamentos.
El jefe de datos de Suiza ya se ha pronunciado en contra de reducir la transparencia, diciendo que contradice el principio de acceso público. En última instancia, dice Vokinger, es una cuestión de rendición de cuentas. “La sociedad y los pacientes tienen derecho a saber cuánto cuesta un tratamiento”.
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