La Fiscalía Nacional Económica (FNE), a cargo de Enrique Vergara, volvió a poner su lupa sobre el mercado farmacéutico chileno al iniciar una investigación de oficio sobre la relación comercial entre las cadenas Cruz Verde y SalcoBrand.

Esta investigación se daría en el marco de un acuerdo alcanzado en octubre de 2007 por el cual la distribuidora de medicamentos Socofar, parte del grupo Cruz Verde, se había comprometido a suministrar todos los productos genéricos a su competidor, SalcoBrand.

Los dueños de Cruz Verde tienen además participación en los laboratorios Mintlab, que producen medicamentos genéricos.

Fuentes de la industria indicaron que la señal de alarma se debe a la advertencia recibida por Laboratorios Chile de que SalcoBrand (controlada por la familia Yarur), podría reducir la compra de sus medicamentos genéricos. La medida de SalcoBrand puso una voz de alerta entre los laboratorios medianos y pequeños, ya que las participaciones sumadas de esa cadena y Cruz Verde alcanzan al 61% del mercado chileno en venta de medicamentos.

Si bien reconocen estar atentos, en las oficinas en Chile del laboratorio de la multinacional Teva Pharmaceutical, afirman que su relación con las farmacias se mantiene en sus cánones normales.

Frente a esto, la FNE inició una investigación y le ha solicitado información a todas las cadenas de farmacias y a los grandes y pequeños laboratorios. Además, ha citado a declarar a varios ejecutivos del sector.

Si bien son varios los ejecutivos que reconocen la incertidumbre que genera el acuerdo entre Cruz Verde y SalcoBrand, la industria de los laboratorios guarda absoluto silencio.

El gerente general de Socofar, Eduardo Gilberto, dijo que están “seguros de que esta investigación concluirá que no existen infracciones de ningún tipo a la libre competencia, pues hemos actuado con estricto apego a la ley y en beneficio del consumidor”. Además, aseguró que “en cuanto a los requerimientos de información, como es nuestra política habitual, hemos aportado toda la información que nos ha sido solicitada por parte de la autoridad”. SalcoBrand prefirió no hacer comentarios.

El presidente de la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (Unfach) -que agrupa a las pequeñas cadenas de farmacias-, Raúl Álvarez, aseguró que las grandes cadenas presionan en forma indebida a los laboratorios para conseguir mejores precios. “Porque tienen poder de compra”, sostuvo.

Buena relación
Cruz Verde (de la familia Harding) tiene una larga relación con el Banco BCI (de la familia Yarur), el que ha financiado parte del plan de expansión de la compañía. Adicionalmente, luego de que los Yarur compraran SalcoBrand, varios ejecutivos de Cruz Verde pasaron a administración de la empresa competidora.

Cristián Steffens (quien llegó a tener una participación minoritaria en la firma de los Harding) asumió como director ejecutivo de SalcoBrand; Ramón Ávila llegó a la gerencia comercial (el mismo cargo que tenía en Cruz Verde). A ellos se sumó Claudio Hoffman, quien fuera gerente de cadena Cruz Verde.

La Corte Suprema rechaza demanda
La Tercera Sala de la Corte Suprema ha rechazado el recurso de reclamación interpuesto por la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacias Independientes (AFFI), entidad que denunció al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) a los grandes laboratorios por prácticas predatorias y desleales.

El tribunal resolvió que las pruebas presentadas por la AFFI no son pertinentes para acreditar los cargos imputados y dejó en pie la resolución del TDLC que también rechazó la demanda. Para el tribunal, las acciones emprendidas por las grandes cadenas no constituyen una infracción.

Según el requerimiento, por más de un año Novasalud y otros laboratorios entregaron a seleccionados profesionales médicos talonarios, cuponeras e informativos de propaganda que promueven la prescripción de determinados medicamentos, con descuentos o dosis gratis, sólo en las grandes cadenas de farmacias.

Esta práctica discriminaría a los establecimientos independientes, pues quedan excluidos de este “círculo vicioso” que pretende dirigir la prescripción e incentivar su venta en sitios específicos que pertenecerían a grandes conglomerados. Entre las pruebas que presentaron estaban los registros de las ofertas y los muestrarios de medicamentos donde se presentaban las ofertas.

La demanda iba dirigida contra laboratorios Boehringer Ingelheim, Pfizer Chile, Novartis Chile, Corporación Farmacéutica Recalcine, ITF Farma Chile, Farmacias Ahumada, Farmacias Salcobrand, Sociedad Farmacéutica Cruz Verde y ABF Administradora de Beneficios Farmacéuticos.

Luego que la Circular 04 de 2006 [a] de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) eliminó el reporte de Precios Promedio a Distribuidor (PPD) y Precios Sugeridos al Público (PSP) que venía funcionando regularmente desde el año 2002 y los reemplazó por el reporte del Precio Unitario Mínimo (pum) y el Precio Unitario Máximo (PUM), el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana adelantó una serie de estudios técnicos y económicos para determinar las consecuencias de esta medida sobre las asimetrías de información prevalentes en este mercado y su impacto sobre el acceso al medicamento. De estos estudios preliminares se desprenden las siguientes consideraciones y propuestas:

– El precio unitario mínimo (pum) no reemplaza el Precio Promedio Distribuidor (PPD) y posiblemente no será de conocimiento público

El “pum” corresponde al precio unitario más bajo de ventas netas y el “PPD” era un promedio aritmético de precios a diferentes canales de distribución, por lo tanto, no son equivalentes. En cuanto a su difusión pública, las farmacéuticas consideran que los “pum” deben protegerse como “secreto industrial” y dicen sus voceros que existe un compromiso del gobierno para no divulgarlos. El PPD no tenía restricciones legales en su difusión y se había convertido en uno de los indicadores más razonables de los precios reales del mercado, dadas las deformaciones absurdas que se presentaban con el Precio Sugerido al Público (PSP). Por lo tanto, es posible que inicialmente los “pum” no sean divulgados, pero, seguramente las organizaciones de consumidores sostendrán que el conocimiento de este precio es un derecho adquirido y que el “derecho a la información” está limitado solo en los casos en que se afecte la seguridad nacional. Por lo tanto, es previsible una batalla legal que puede conducir a la publicación de estos precios o reajustes en la norma.

– El Precio Unitario Máximo (PUM) no reemplaza el Precio Sugerido al Público (PSP) y tampoco servirá como precio de referencia

El “PUM” corresponde al precio unitario más alto de ventas netas y el “PSP” era un precio sugerido al consumidor final, por lo tanto, no son equivalentes. El PSP había perdido gran parte de su valor por reportes de precios demasiado elevados, casos de marcas genéricas y secundarias reportando precios superiores a los de la marca original, casos de diferencias de más del 1.000% entre PPD y PSP del mismo reporte, etc. Posiblemente el “PUM” no será deformado por este tipo de prácticas, pero, necesita ser reajustado para servir como un precio de referencia, porque en todo caso se trata de un precio “de fábrica”, al que obviamente debe agregársele un margen de comercialización. ¿Cuál?

– El sistema general de salud requiere información farmacológica y económica del mercado real

Es un hecho cierto que el sistema general de salud necesita el flujo de información farmacológica y económica de calidad entre todos los actores de la oferta y demanda farmacéutica para disminuir las imperfecciones que caracterizan este mercado. Por esta razón y luego de analizar las circulares de la CNPM y concluir que no resolverán los problemas de información imperfecta, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana decidió que su Sistema Vademecum Med-Informática – Catálogo Farmacéutico Nacional incluya precios encuestados reales del mercado para mantener los beneficios del Precio Promedio Distribuidor (PPD) que no debió ser eliminado y mejorar la calidad de los precios al consumidor, creando incluso una categoría “institucional” que refleja una realidad inobjetable de este mercado.

– ¿En que consiste el Precio Distribuidor Estimado (PDE)?
El Precio Distribuidor Estimado (PDE) es el que busca mantener los beneficios del Precio Promedio Distribuidor (PPD). Toma los datos del PPD reportado hasta el 2006 y estima un incremento de acuerdo con el índice de precios al productor (IPP). En los productos nuevos y de “alto costo”, puede tomar precios encuestados “del” distribuidor o restar un porcentaje de comercialización al “PPE” real del mercado.

– ¿En que consiste el Precio Público Encuestado (PPE)?
El Precio Público Encuestado (PPE) es el que busca corregir las deformaciones del antiguo Precio Sugerido al Público (PSP). Toma datos de encuestas reales de precios del mercado y publica el más difundido. Seguramente permitirá analizar la coherencia del Precio Unitario Máximo (PUM) cuando éste se publique.

– ¿En que consiste el Precio Institucional Encuestado (PIE)?
El Precio Institucional Encuestado (PIE) también toma datos reales de las listas de “precios institucionales” que se han difundido ampliamente en las negociaciones con entidades. Pueden ser sustancialmente menores porque suponen grandes volúmenes.

El Sernac advirtió sobre una diferencia de hasta 127% en la compra de medicamentos en una misma farmacia, utilizando tarjetas de crédito de diferentes empresas como medio de pago.

La entidad reiteró el llamado a los consumidores a exigir la información necesaria y sobre todo a conocer las tasas de interés de estos instrumentos, recordando que incluso por tres medicamentos comprados a pagar en doce meses, se puede acabar pagando el doble.

Para el análisis del costo de la compra a crédito de medicamentos, la entidad fiscalizadora consideró las tarjetas de nueve empresas de venta al por menor (supermercados, tiendas por departamento y farmacias), 15 bancos, una cooperativa y tres cajas de compensación.

De la simulación de la compra a doce meses de tres medicamentos de uso común en personas mayores (para el tratamiento de la hipertensión y la diabetes melitus) con todas las tarjetas, se concluye que con la sola decisión de cuál tarjeta utilizar en una farmacia, el ahorro puede alcanzar los 58.962 pesos chilenos [US$1= 470 pesos].

La diferencia entre el valor al contado de un medicamento y el costo de su financiación se relaciona con cobros agregados como: la tasa de interés, comisiones e impuestos (más gastos notariales para los créditos de las cajas de compensación), y varían desde un mínimo de 5.106 (en Caja de Compensación Los Andes) hasta un máximo de 50.232 (en Banco de Chile), los que generan una diferencia de un 883% (45.126 pesos). Es decir, por la compra con el crédito más caro de tres medicamentos, se podrían haber adquirido seis productos.

El Sernac planteó a los consumidores que deben tener claro que pagar a crédito puede implicar encarecer una compra de 41.509 pesos al contado en un 115%, llegando a pagar 89.291 pesos. Por su parte, por decidir qué tarjeta usar en una misma farmacia, el ahorro por concepto de cobros sobre el capital, puede llegar a un 883% (45.126 pesos).

Al evaluar el costo al contado del mismo grupo de medicamentos, el Sernac identificó diferencias que pueden llegar a superar los 10.000 pesos.