"Las políticas nacionales de los Estados deben apoyar aún más las funciones de los farmacéuticos en la promoción de la salud, el acceso del paciente a la información y la asistencia farmacéutica. Es decir, deben establecerse mecanismos que integren a la profesión farmacéutica al cien por cien en los sistemas sanitarios con vistas a otorgar una mayor responsabilidad a estos profesionales en los resultados obtenidos por los pacientes". Ésta es la principal conclusión lanzada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) en el documento de consenso, dado a conocer la semana pasada, con el que resume los contenidos de su 69 Congreso Mundial, celebrado en Estambul (Turquía) del 3 al 8 de septiembre.
Bajo el lema: ‘Responsabilidad por los resultados del paciente: ¿Estás preparado?’, más de 3.000 representantes de 120 asociaciones nacionales, entre ellas el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), debatieron sobre los pilares en los que debe sustentarse esa mayor responsabilidad solicitada para los farmacéuticos. Unos pilares que pasarían "por establecer estrategias que faciliten su labor asistencial, ya que es la propia sociedad quien reclama un mayor compromiso suyo en la salud de la población", indicó Carmen Peña, presidenta del CGCOF, durante su discurso como vicepresidenta de la FIP.
Algunas de las estrategias apoyadas en el documento de consenso, y que deberían ser lideradas por los gobiernos nacionales, pasarían por fomentar el intercambio de información entre el farmacéutico y el paciente (a lo que respondería la Atención Farmacéutica) y al fomento de modelos de comunicación directa entre boticarios y médicos.
Por otra parte, también en relación con la seguridad en los resultados, la FIP presentó su ‘Plan para la creación de una guía para combatir las falsificaciones’, un documento que se distribuirá a los organismos farmacéuticos miembros y en el que se recoge una lista de los 32 fármacos más susceptibles de ser adulterados, así como una serie de técnicas para su detección.