AGENCIAS REGULADORAS Y POLÍTICAS

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América Latina

México. Regresa la compra de medicinas al centro
Maribel R. Coronel
El Economista, 20 de octubre de 2013
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Con la aprobación del paquete de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2014, si el Senado da su aval, regresarán al control de la Federación dos puntos cruciales del gasto público: el pago de la nómina de los profesores de educación básica y de servicios médicos, así como la compra consolidada de medicamentos.

Se quita el control de estos dos gastos a los gobernadores con el objetivo de que se avance en mayor transparencia y en combate a la corrupción en las entidades federativas tanto en el ámbito educativo como en el de salud. En particular, hablando del gasto en salud, se ha comprobado con insistentes casos que, al no tener el Gobernador estatal la obligación alguna de reportar con claridad el destino de cuantiosos recursos, muchos se han ido por la libre utilizándolos para lo que más les convenga, y ello no necesariamente coincide con el cuidado de la salud de sus gobernados.

Aquí hemos mencionado los casos de desvío de recursos de salud en Tabasco, Aguascalientes, Guerrero y Michoacán. A éstos ahora se suma el estado de Guanajuato, cuyo Congreso estatal acaba de aprobar la realización de una auditoría a la Secretaría de Finanzas por sospecha de sobreprecios pagados en medicinas y por la entrega de insulina caduca a pacientes con diabetes. Las empresas involucradas son: Intercontinental de Medicamentos, Phoenix Farmacéutica, así como Distribuidora Internacional de Medicamento y Equipo Médico.

La histórica corrupción en torno de la compra de medicamentos es muy conocida dentro del gobierno. De acuerdo con cálculos oficiales, el sector público adquiere cerca de Pm50.000 millones (1US$=Pm 1,35) anuales en fármacos y terapias de toda índole, y habría que ver qué proporción se desperdicia. Los desvíos se han venido combatiendo en instituciones como el IMSS, el ISSSTE o Pemex, mediante distintas estrategias; la última es la megacompra consolidada que termina en diciembre que, al hacerse mediante Compranet vía Internet, ha permitido grandes pasos en transparencia.

Pero si por este lado se redujo el riesgo, con el Seguro Popular se abrió un amplio espacio que permitió el desvío de presupuesto destinado a salud y, específicamente, a compra de medicamentos. No se pusieron candados en este presupuesto, y dicha omisión ha resultado muy costosa. Se destinaron Pm miles de millones para cobertura en salud a población que estaba totalmente desprotegida, se empezaron a canalizar esos cuantiosos montos a los estados y no pasó mucho tiempo para que los gobernadores encontraran opciones para aprovecharlos hacia otros fines que no eran salud ni medicinas.

El Seguro Popular, que hoy lleva Gabriel O’Shea Cuevas, opera como un fondo asegurador destinando recursos a las 32 entidades federativas en función del empadronamiento de derechohabientes y sus necesidades. La ventaja es que O’Shea Cuevas tiene muy claro lo que se necesita para avanzar en mayor eficiencia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (comúnmente conocida como Seguro Popular), pues él mismo lo dice: “Ya fui borracho y ahora soy cantinero”; y es de esperarse que haya hecho un buen trabajo con los legisladores para dejarles clara la necesidad de imponer controles y transparencia en el ejercicio de esos recursos para la adquisición de terapias medicinales.

Los legisladores deben estar aprobando en el paquete presupuestal un candado donde queda claro que las compras de medicinas ya no serán realizadas por cada entidad, sino que el gasto en medicinas será ejercido por el Seguro Popular, es decir, regresa ese control a la Federación. Y cada estado deberá estar recibiendo los medicamentos y terapias que necesite su población empadronada.