El próximo 1 de enero de 2016 entrará en vigo el Convenio el Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, firmado por 23 países entre ellos España.

Este tratado contra la falsificación de medicamentos y productos sanitarios, también denominado ‘Convención Medicrime’, supone la aplicación de un instrumento internacional centrado en aspectos relacionados con la prevención, la protección de las víctimas, la promoción de la cooperación nacional e internacional y la inclusión en el derecho penal de los delitos relativos a la falsificación de productos médicos que supongan una amenaza contra la salud.

La falsificación de medicamentos y productos sanitarios constituye un riesgo grave, muchas veces con daño irreversible, para la salud y por ello es preciso tipificar las conductas asociadas con estas falsificaciones como delictivas, según informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Además, esta amenaza global hace precisa la cooperación, coordinación y comunicación entre las autoridades de distintos países en la lucha contra estos delitos.

España firmó el convenio en octubre de 2012 y lo ratificó un año más tarde, en agosto de 2013. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con el de Justicia, se ha trabajado para la incorporación del contenido del convenio al derecho español, que se ha producido hace pocos meses mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Con esta modificación, en nuestro Código Penal se han introducido y tipificado nuevas conductas y se han incrementado las penas.

Por el momento, la incidencia del problema de los medicamentos falsificados en la cadena legal de distribución y suministro en España es nula ya que no se ha detectado ningún caso, gracias a un marco legal administrativo centrado en el control de todas las actividades que se extienden desde la fabricación de los medicamentos hasta su entrega a los pacientes.

Sin embargo el riesgo que para la salud pública suponen estas falsificaciones ha motivado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios haya impulsado la firma y puesta en marcha de las medidas del convenio, como parte de sus actuaciones frente a los medicamentos falsificados que se han visto plasmadas desde el año 2008.

Además, próximamente se verán prolongadas con una nueva Estrategia frente a Medicamentos Falsificados 2016-2019 en la que, si bien se incluirán nuevas actividades, se mantienen las bases de cooperación, intercambio de información y formación de todos los agentes implicados tan necesarias para una lucha eficaz frente a este problema.