Debajo de colchones, así como en baños y albercas de distintas casas permanecían decenas de medicamentos ‘chiviados’ para el supuesto tratamiento de enfermedades huérfanas, cáncer y VIH, que eran comercializados como originales en 18 droguerías de Bogotá.

La mayoría de ellos eran manipulados luego de un largo trayecto, vía terrestre, desde Caracas (Venezuela) hasta la capital; era planeado por una red de 37 personas y tenía una duración de día y medio.

Tras una investigación de un año por miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en compañía de la Fiscalía, Raúl Alfonso López Ángel fue señalado como el líder de la organización delincuencial y quien desde hacía una década traficaba con medicamentos. Todo de la mano de Álvaro Hernando Zambrano, empleado de la Secretaría de Salud, encargado de la vigilancia y el control de las droguerías y quien, al parecer, venía laborando en la entidad desde hacía 10 años.

Desde ese entonces, López Ángel convirtió su negocio en un emporio familiar que dejaba millones. Los investigadores calculan que cada uno de esos establecimientos podía generarles ganancias de al menos Pco50 millones semanales (1US$=Pco3,300).

En parte ese dinero se conseguía gracias a que tanto su ubicación como la fachada eran estratégicas. Varias de ellas estaban justo frente a la misma clínica u hospital donde los pacientes bajo esa condición eran atendidos. Además, los nombres coincidían con los de los centros de salud.

La Droguería Marlyn’s, ubicada a pocos metros de la Clínica Marly, y Farmacancerología, cerca al Instituto Nacional de Cancerología, son solo un par de ejemplos. Otras, que fueron selladas y ya entraron en un proceso de extinción de dominio, estaban en inmediaciones a los hospitales de Kennedy y Santa Clara.

Quizás lo más grave que descubrieron los investigadores tiene que ver con los componentes con los que adulteraban la droga y los efectos que estos tenían.

En una de las conversaciones que sostuvieron dos de los delincuentes –en total fueron interceptadas 50 líneas telefónicas– encontraron que incluso eran ‘rendidos’ con cemento blanco.

En otro de los audios, entre Martha Liliana Quiñonez –pieza clave de la organización y cuya función era la de hacer la logística para recibir y distribuir los medicamentos falsos– y Zambrano se les escucha hablar cínicamente sobre lo que él debería hacer pero no hace. –“Me llaman desde la clínica especialistas, que si les podemos ayudar a conseguir un Clonazepam gotas (medicina para tratar las convulsiones).

–“Sí, si lo tengo…Pero verdad que estoy hablando con el señor de salud. ¿Qué tal que venga y me cierre?

Lo que causa aún más indignación es que no les importaba alterar las fechas de vencimiento de las cajas, pese a que algunas de ellas se utilicen para tratar a personas que sufren de alzheimer o neumonía. Lo peor es que algunas otras son consideradas benzodiacepinas (actúan directamente sobre el sistema nervioso central y pueden ser utilizados como sedantes). Esa tarea la tenía otro delincuente y todo se vendía sin fórmula médica.

La pregunta es cómo los compradores caían. Además de la ubicación de las droguerías, los precios bajos eran un plus. El medicamento que costaba alrededor de Pso6 millones en el mercado legal, por ejemplo, era comercializado por ellos hasta por Pco4 millones, lo que prácticamente se convertía en una ganga.

Extinción de dominio a 108 bienes
El traslado de los medicamentos comenzaba en Venezuela, desde donde un operario de una empresa intermunicipal –a veces con el aval de los conductores– encaletaba la mercancía.

Esta viajaba por horas, cerca al motor del vehículo, junto a la caja de herramientas, sin la cadena de frío necesaria para garantizar la seguridad de alimentos y medicinas.

Después, esta era recibida en Cúcuta por otros miembros de la organización que se encargaban de hacer empaques falsos, reenvasar y llevar hasta los buses donde era trasladada hasta Bogotá.

Aquí finalmente eran distribuidas, ante los ojos de la persona que debía velar porque las droguerías cumplan.

La investigación de la Sijín de la Policía, bajo la coordinación de un capitán y la dirección del coronel Javier Barrera, logró capturar a 34 personas y llevarlas ante un juez. Por la calidad de las pruebas este decidió cobijarlos a todos con medida de aseguramiento, como prácticamente nunca se hace en estos casos. Un total de 14 serán trasladados a las diferentes cárceles de la ciudad y 18 tendrán prisión domiciliaria, mientras llega su juicio.

Las detenciones se hicieron simultáneamente, con el apoyo de 400 policías, el pasado 2 de diciembre. En total, se les hizo extinción de dominio a 108 bienes: 27 inmuebles, 22 carros, 13 motos y 46 establecimientos comerciales.