Después del último escándalo de vacunas en China, que resultó en más de una docena de arrestos y una multa de US$1.300 millones para un fabricante nacional, las autoridades del país presentaron propuestas para castigar futuras violaciones que involucren a las vacunas.

La Administración estatal de China para la regulación del mercado publicó el aviso de un borrador de proyecto de ley para regular la producción, distribución y uso de vacunas. China estuvo solicitando comentarios sobre la propuesta hasta el 25 de noviembre.

Las multas serían aplicables cuando las compañías envíen resultados de prueba falsos, no retiren los lotes que no superaron la prueba o por otras violaciones. Los funcionarios proponen una escala móvil para las multas, en función de la gravedad de la infracción. Es el primer enfoque regulatorio en China que es específico para las vacunas, después de una serie de escándalos que en los últimos años erosionaron la confianza en las vacunas en el país.

Según la propuesta, las multas podrían ser hasta 10 veces superiores al valor del producto en el mercado.

Este verano, los reguladores chinos encontraron problemas en la integridad de los datos durante una inspección por sorpresa en Changchun Changsheng Life Sciences, desencadenando una controversia a nivel nacional sobre las vacunas contra la rabia que llevaron a arrestos de ejecutivos de la empresa, además de renuncias, degradaciones y despidos de funcionarios gubernamentales. Durante el escándalo, los ciudadanos acudieron a las redes sociales para expresar desconfianza en la industria farmacéutica nacional de China, lo que provocó que el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang respondieran.

Los funcionarios eventualmente multaron a la compañía con US$1.300 millones y volvieron a inspeccionar a todos los demás fabricantes de vacunas del país, para luego exonerarlos.

El episodio de Changsheng siguió a otro escándalo en China en 2016, cuando los funcionarios descubrieron que un grupo había estado distribuyendo vacunas ilegales potencialmente peligrosas en la provincia de Shandong durante años. El líder del plan, Pang Hongwei, recibió una sentencia de 19 años de prisión. Como reacción al escándalo, las autoridades chinas arrestaron a 324 personas y echaron o degradaron a 357 funcionarios gubernamentales. La situación expuso lagunas en el sistema de distribución de vacunas del país, y luego los abogados solicitaron al país que reforzara sus leyes para apoyar la seguridad de la vacuna.