Sin duda, un problema universal de los sistemas de salud es la accesibilidad del público a los medicamentos. Como cualquier producto sujeto a los vaivenes del mercado, la facilidad con que se consiguen depende de su precio y disponibilidad.

El tema de los altos precios origina ardientes debates y políticas correctivas en muchos países, entre ellos EE UU, el cual –por su profunda filosofía de libre mercado– tiene probablemente los medicamentos más caros del mundo. Por otro lado, la disponibilidad de estos depende –en general– de factores geográficos, y de su fabricación y distribución.

El gran problema del alto precio de las medicinas es que causa el llamado gasto de bolsillo, el cual se define por el pago total (personas sin cobertura de salud) o pago parcial (personas con cobertura) que debe hacer el consumidor si quiere acceder a estos productos. En el Perú, se calcula que entre el 43% y 47% del gasto de bolsillo en el cuidado de la salud se destina a la compra de medicamentos (Nota de Salud y Fármacos: el gasto de bolsillo es una parte del problema, pero el alto precio de los medicamentos también afecta la capacidad de los sistemas públicos y de las aseguradoras para pagar por los medicamentos, y a la larga también repercute en los ciudadanos a través de subidas de impuestos o del encarecimiento de las primas de seguros de salud).

Por otro lado, el problema de disponibilidad se manifiesta cuando un medicamento no está presente en el lugar que se necesita. En el Perú, de cada 10 personas que reciben una receta médica en un centro de salud o en un hospital del Estado, sólo seis obtienen los medicamentos recetados en la farmacia del local. De las otras cuatro, tres obtienen alguno y una, ninguno. Ese 40% de frustrados pacientes debe comprar apresuradamente su medicina en farmacias privadas, estratégicamente ubicadas en los alrededores del centro de salud, farmacias que sólo en el 64% de los casos ofrece un medicamento genérico barato. Venden, más bien, caros productos de marca que el desesperado paciente, en su necesidad, debe comprar.

Los genéricos
El descubrimiento de una medicina sigue un proceso muy largo y tedioso. Miles de sustancias son probadas y experimentadas, buscando la que pueda tener el mayor beneficio con los menores riesgos posibles. Para compensar esos gastos –llamados de investigación y desarrollo–, las empresas farmacéuticas gozan de la llamada protección de la patente, mediante la cual sólo ellos pueden comercializar el medicamento por un tiempo determinado (alrededor de 15 años).

Una vez cumplido ese plazo, el fármaco puede ser fabricado por cualquier compañía farmacéutica y se convierte en un medicamento genérico, el cual cuesta significativamente menos que el original.

En el Perú, los medicamentos de marca son en promedio 5,6 veces más caros que los genéricos. Esta variabilidad va desde 0,6 veces, para el anestésico local lidocaína, hasta 37 veces más, para el ansiolítico alprazolam. En el caso de los antihipertensivos, la diferencia es 8,8 veces mayor, mientras que en los antidiabéticos es 4,6 veces superior, y en los antibióticos, 5,3 mayor. Los fármacos de marca que se usan en salud mental son aproximadamente 11 veces más caros que los genéricos. (Nota de Salud y Fármacos: Aquí el autor mezcla conceptos diferentes. Hay genéricos que pueden ser de marca. La marca es el nombre que la compañía le pone al producto. El llevar un nombre de marca es independiente de estar protegido por la patente. Los medicamentos protegidos por patente tienen exclusividad en el mercado y eso les permite poner el precio que quieran)

Ciertos países han logrado disminuir el costo de las medicinas apelando al uso masivo de los genéricos. En EE UU, el 90% de los medicamentos que se recetan pertenece a dicho grupo.

Decreto de urgencia
Ante los graves problemas que tiene la población –especialmente la de menos recursos–, la semana pasada el Gobierno Peruano anunció el Decreto de Urgencia 007- 2019, que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad.

En esencia, la norma desea corregir dos cosas: el enorme gasto de bolsillo que representa la compra de medicamentos y la poca disponibilidad de medicamentos genéricos en las farmacias del sector público y privado.

Para eso, elaborará una lista de 40 medicamentos esenciales (todos los cuales están ya incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, los cuales deberán estar obligatoriamente disponibles en las farmacias públicas y privadas de todo el Perú. Esa lista incluye analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y otros. Un punto muy importante es que el Ministerio de Salud (Minsa) se asegure de que esos productos sean tan efectivos como los de marca (bioequivalencia).

Por otro lado –y esta es una idea muy interesante–, el Minsa comercializará directamente al público los cuarenta productos de la lista de medicamentos esenciales. Para eso, ampliará el número de farmacias propias (en la actualidad, tiene sólo tres) y abrirá una en cada uno de los establecimientos públicos de salud. En una reciente entrevista en una emisora de radio, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, nos decía que –en la actualidad– 30 tabletas del antidiabético metformina cuestan S/50 si son de marca, S/10 si son genéricas y S/4,50 en sus tres farmacias. De abrirse esos cientos de locales, no hay duda de que –a esos precios– el público preferirá comprar esos cuarenta productos esenciales en las boticas del Minsa.

El decreto autoriza también que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) sea la única entidad que haga la compra de todas las medicinas que se necesitarán.

El decreto incluye a los medicamentos biosimilares, versiones genéricas y más baratas de los extraordinariamente caros medicamentos biológicos, muy usados en cáncer y otras enfermedades autoinmunes.

Corolario
El Ejecutivo se ha trazado un plan con tiempos muy estrechos. Por ejemplo, el reglamento del decreto mencionado (con todos los detalles de cómo se implementará la ley) deberá estar listo el 30 de noviembre. Del mismo modo, la implementación de la ley deberá ser completada en marzo del próximo año. Sin un Congreso que enlentezca el proceso, el Ejecutivo se ha puesto la soga al cuello. O cumple, y demuestra que puede hacer las cosas, o buscará excusas para explicar su ineficiencia.