A medida que los países de ingresos altos comienzan a implementar campañas de vacunación contra Covid-19, aumenta la preocupación de que miles de millones de personas no recibirán la vacuna, lo que pone a la comunidad mundial en riesgo de prolongar esta pandemia y sus devastadores efectos colaterales.
La escasez en el suministro de vacunas Covid-19 y el nacionalismo de las vacunas, se traduce en que la gran mayoría de las personas en contextos afectados por conflictos y crisis, y en países de ingresos bajos y muchos de ingresos medios, no podrán acceder a la vacuna Covid-19 en 2021, y posiblemente durante varios años. COVAX, la iniciativa mundial para garantizar un acceso rápido y equitativo a las vacunas Covid-19 para todos los países, independientemente de los ingresos, actualmente espera que haya vacunas para un máximo del 20% de las poblaciones en los países de ingresos bajos y medios bajos, y es probable que la realidad sean mucho menos.
La pandemia y sus secuelas, sin embargo, no terminarán hasta que todos estén identificados y puedan ser vacunados. Esto requiere una distribución equitativa de vacunas tanto en los países de ingresos altos como en los de bajos ingresos, incluyendo a los refugiados y las personas desplazadas internamente, cuyo número superó los 80 millones en 2020, lo que resultó en una enorme cantidad de personas que carecen de protecciones internacionales y no tienen acceso adecuado a los sistemas de salud. Como muchas de estas poblaciones pueden ser móviles, si no se incluyen en los esfuerzos de vacunación, representarán riesgos adicionales para la propagación de Covid-19.
Existen otras preocupaciones en torno a que muchas de las vacunas Covid-19 requieren almacenamiento en frío. Esto exige inversiones para fortalecer los sistemas de salud y las cadenas de suministro para garantizar que las dosis puedan llegar de manera efectiva a los lugares afectados por conflictos o a áreas que carecen de electricidad o equipos especializados.
Mesfin Teklu Tessema, director senior de salud del International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate), dijo:
“Para garantizar que nadie se quede rezagado, hay que invertir inmediatamente en fortalecer los sistemas de salud. Esto incluye apuntalar las cadenas de suministro, asignar financiamiento sostenible y adecuado y empoderar a los trabajadores de salud comunitarios y de primera línea, para que puedan brindar atención directamente a los necesitados dentro de sus entornos locales. Para hacer esto, instamos a los países de altos ingresos a aumentar sus inversiones tanto en COVAX como en la provisión de asistencia humanitaria, que sigue siendo esencial, especialmente dada la gravedad de los impactos colaterales de Covid-19.
También alentamos a los gobiernos de altos ingresos a compartir la tecnología, los conocimientos y la propiedad intelectual relacionada con Covid-19, para que otros países puedan fabricar estas vacunas que salvan vidas en sus propias instalaciones. Como bien público mundial, las vacunas Covid-19 deben ser asequibles para los países de bajos ingresos y distribuirse de manera equitativa, priorizando a los trabajadores de la salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo, incluyendo a los refugiados y a las comunidades desplazadas. Por último, el fortalecimiento de la oferta y la disponibilidad de vacunas debe realizarse junto con el esfuerzo para aumentar la demanda de vacunas. Cualquier campaña debe apuntar a generar confianza e involucrar a las comunidades locales en los procesos de planificación”.
Si bien la comunidad mundial se prepara para la distribución equitativa de las vacunas Covid-19, también existe la necesidad urgente de garantizar que estos esfuerzos no se realicen a expensas de la inversión continua en las inmunizaciones básicas de rutina. Existe una amenaza real de brotes de enfermedades prevenibles con vacunas como el sarampión debido a las interrupciones en la inmunización de rutina por el Covid-19. Esto es especialmente cierto en contextos frágiles y afectados por conflictos, que representan el 44% de todos los niños que no tienen acceso a las vacunas básicas.
Para abordar esto, el International Rescue Committee (IRC) recientemente unió fuerzas con Gavi, la alianza por las vacunas, en una asociación destinada a entregar vacunas a los más vulnerables que residen en el Cuerno de África y el Sahel, regiones propensas a diversas crisis de inseguridad alimentaria y brotes de enfermedad. Junto con su participación en COVAX y los esfuerzos continuos para fortalecer los sistemas de salud, el IRC tiene como objetivo garantizar el fin de las enfermedades prevenibles por vacunación y la muerte en contextos frágiles, incluyendo por Covid-19.
Nota de Salud y Fármacos: Amnistía Internacional advirtió en diciembre que si no se toman medidas urgentes, dado el nacionalismo de las vacunas, 70 países pobres solo podrían vacunar contra el Covid 19 al 10% de su población en 2021, en cambio los países ricos han acumulado suficientes vacunas como para vacunar al triple de su población en el 2021 (y los canadienses se han asegurado el quíntuple de las dosis que necesitan) [1]. Según ese artículo, a principios de diciembre, los países en donde reside el 14% de la población habían establecido acuerdos para contar con el 54% de las vacunas más promisorias. De hecho, los países ricos han comprado todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech. Oxford/AstraZeneca han prometido que el 64% de su producción será para los que residen en países en desarrollo (pero la mayoría de sus dosis son para China e India, por lo que muchos otros países en desarrollo se quedarían sin vacunas).
Esta acumulación de vacunas por parte de los países ricos impide lograr que todos los ciudadanos del mundo estemos protegidos del Covid 19. Además, viola los derechos humanos que los países ricos debieran proteger.
Amnistía International, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam han formado una alianza (People’s Vaccine Alliance) para solicitar que la vacuna sea accesible y asequible a todos. La alianza utilizó las bases de datos de Airfinity para analizar los acuerdos establecidos entre diversos países y ocho productores de vacunas. Documentaron que 67 países de ingresos bajos y medio-bajos podrían quedarse sin vacunas. En solo cinco de esos países se han documentado 1,5 millones de casos de Covid. Una de las soluciones que propone The People’s Vaccine Alliance es que las empresas compartan la tecnología y la propiedad intelectual a través del banco de tecnologías Covid que ha establecido la OMS, para que se puedan producir miles de millones de vacunas adicionales y así cubrir a la población mundial.
La Alianza también solicita a los gobiernos que hagan todo lo posible para que la vacuna se considere un bien público global, y se pueda distribuir gratuitamente y de forma equitativa en todo el mundo. Un primer paso sería apoyar la iniciativa que India y Sudáfrica han presentado al Consejo de la OMC, que solicita la exención de las protecciones a su propiedad intelectual para todos los productos Covid (vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos) hasta que todo el mundo esté protegido. AstraZeneca/Oxford, Moderna y Pfizer/BioNTech han recibido más de US$5.000 millones en subvenciones públicas para el desarrollo de la vacuna, por lo que deberían sentir cierta obligación de contribuir al bienestar global.
El sistema actual, en el que las empresas farmacéuticas utilizan fondos gubernamentales para la investigación, conservan los derechos exclusivos y mantienen en secreto su tecnología para aumentar las ganancias, podría costar muchas vidas. Los gobiernos se deberían asegurar de que la industria no privilegia a unos a expensas de la vida de las personas.