A principios del año pasado, casi 150 inversionistas institucionales que en conjunto gestionan activos por más de 14 billones de dólares hicieron un llamamiento para que la respuesta mundial a la pandemia de covid-19 fuera “justa y equitativa”. Según Ed Silverman [1] hicieron especial referencia a la financiación para la asociación ACT Accelerator, un programa de la OMS dedicado a desarrollar, producir y garantizar un acceso equitativo a las vacunas, terapias y diagnósticos del Covid-19.

También dijeron que querían colaborar con la Fundación para el Acceso a los Medicamentos, una organización sin ánimo de lucro que monitorea si la industria farmacéutica amplia el acceso a sus productos, y promueve las “asociaciones interindustriales”. Estas asociaciones se centrarían en acelerar la I+D, ampliar la producción, generar estrategias de precios equitativos y establecer acuerdos de licencia voluntaria para vacunas y medicamentos. Y por último mencionaron la necesidad de explorar mecanismos de financiación innovadores para las respuestas nacionales y mundiales a Covid-19.

Esta respuesta parece razonable si se tiene en cuenta que, según un estudio de la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional, la economía mundial podía perder hasta 9,2 billones de dólares si los residentes en economías en desarrollo no tienen acceso a las vacunas Covid-19. Sin embargo, aunque no se ha evaluado el éxito de estas estrategias, el financiamiento para el ACT Accelerator sigue siendo insuficiente, pero las donaciones de vacunas han aumentado.

En noviembre 2021, el Centro Interreligioso de Responsabilidad Corporativa, una coalición de 300 grupos de inversores con vocación social que gestionan más de US$4 billones, presentó propuestas de los accionistas instando a los fabricantes de fármacos a ampliar el acceso a sus medicamentos en todo el mundo [2].

Estas organizaciones también publicaron un manifiesto llamado Expectativas de Equidad Farmacéutica que pide a los fabricantes de medicamentos que desarrollen y apliquen una política de derechos humanos. Entre los objetivos se encuentra la adopción de un modelo de negocio que proporcione medicamentos y tecnologías asequibles y accesibles, y que ofrezca transparencia en gastos en investigación y desarrollo, producción y fabricación; los precios, las patentes y la comercialización de medicamentos y vacunas. Además han pedido que respeten los derechos humanos durante la realización de ensayos clínicos, y revelen el objetivo de todas las campañas de cabildeo.

La coalición escribió cartas sugiriendo algunas propuestas específicas a Gilead Sciences, AbbVie, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Amgen, Pfizer y Moderna. En las cartas de Pfizer y Moderna, los inversionistas preguntaron como los fondos que han recibido del gobierno para desarrollar o fabricar productos covid afectaría el acceso, así como la viabilidad de transferir rápidamente la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos para acelerar la producción de vacunas por parte de fabricantes cualificados en países de bajos y medianos ingresos. A otras empresas les han preguntado sobre las prácticas anticompetitivas que puedan restringir el acceso a los medicamentos, como el uso de marañas de patentes, u otras estrategias que pueden impedir la venta de genéricos más baratos.

En enero pasado, más de 65 inversionistas institucionales, que gestionan más de US$3 billones, instaron a los directores de las empresas que fabrican las vacunas covid-19 a que vinculen la remuneración de los ejecutivos a la equidad en la distribución de las vacunas con la esperanza de lograr que la empresa contribuya al bien mundial. En sus cartas, los inversores pidieron a los comités que establecen los niveles de compensación para los consejos de administración de Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna y AstraZeneca que adopten los objetivos de la OMS de garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunas para finales de 2022 [3].

Los inversionistas también solicitaron que las empresas trabajaran con COVAX y con el African Vaccine Acquisition Trust; que divulguen los datos mensuales de producción y suministro; y que se comprometan a compartir la tecnología y los conocimientos para utilizarla, y que concedan licencias de producción voluntarias no exclusivas. Entre los firmantes de la carta se encuentran Nomura Asset Management, Storebrand y Cadrium.

Esta vez algunas de las empresas respondieron a los inversionistas explicando lo que estaban haciendo para mejorar el acceso a las vacunas, pero ninguna menciono como vincularían los objetivos de equidad en el acceso a las vacunas con el pago a los ejecutivos.