EE UU y Canadá

La historia demuestra que ocultar datos de ensayos clínicos puede ser mortal.

Vioxx es un ejemplo bien conocido de cómo la agencia reguladora de medicamentos de EE UU ocultó información importante sobre los daños del fármaco durante más de tres años [1], antes de que fuera retirado del mercado y decenas de miles de personas murieron a consecuencia de ello.

En las dos últimas décadas se han puesto en marcha numerosas iniciativas para mejorar el acceso a los datos de los ensayos, después de que se evidenciara que lo que se publicaba en las revistas especializadas a menudo era selectivo y engañoso.

Eminentes científicos han conseguido que los organismos reguladores de medicamentos europeos y canadienses permitan el acceso a los datos de los ensayos, pero un reciente análisis publicado en el Journal of Law, Medicine, & Ethics (Revista de Derecho, Medicina y Ética) [2] concluye que la FDA estadounidense sigue estando por detrás de las demás en lo que a transparencia de datos se refiere.

Europa a la cabeza
Los reguladores de los medicamentos han sido tradicionalmente los guardianes de la gran cantidad de datos procedentes de los ensayos, y los mantenían ocultos al público. Pero, hace más de una década, los esfuerzos del profesor danés Peter Gøtzsche dieron un vuelco a esta situación.

Gøtzsche y su estudiante de doctorado estaban investigando los efectos de un fármaco contra la obesidad y solicitaron los datos de los ensayos en poder de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

“Ya teníamos pruebas fehacientes de que la información que ofrecen las revistas médicas sobre la eficacia y los daños de estos fármacos era incompleta, así que solicitamos los datos que tenían las agencias reguladoras sobre las pastillas contra la obesidad, porque estábamos convencidos de que nos acercarían más a la verdad”, explica Gøtzsche.

Al principio, la EMA rechazó su solicitud alegando que debía proteger la información comercial confidencial, pero Gøtzsche no se dejó intimidar. Presentó una queja formal al Defensor del Pueblo Europeo.

Tras un arduo proceso de tres años, el Defensor del Pueblo acusó a la EMA de “mala administración” por negarse a compartir sus datos; era una acusación grave y embarazosa [3], así que la EMA no tuvo más remedio que capitular.

En 2013, la EMA anunció [4] que facilitaría el acceso público a los datos regulatorios, que incluían los informes de los estudios, los protocolos y los datos brutos anonimizados de los pacientes que se habían incorporado a programas estadísticos, permitiendo que cualquiera pudiera analizar de forma independiente los datos de todos los medicamentos nuevos que aprobaba.

Fue un momento agridulce para Gøtzsche.

“Estaba satisfecho con el resultado, pero también me sentí un poco traicionado. Cuando la EMA alardeaba de ser transparente, omitía convenientemente informar al público que básicamente se vio obligada a tomar la decisión gracias a mis esfuerzos y a los del Defensor del Pueblo”, dijo Gøtzsche.

“Llevo tiempo en esto y sé que así es exactamente cómo funciona la industria farmacéutica. Encubren sus fracasos y alardean de lo que otros les obligan a hacer”, añadió.

Desde entonces se han publicado millones de páginas con datos de ensayos. Curiosamente, esta hazaña ha pasado desapercibida y la respuesta de la comunidad investigadora ha sido más bien tibia.

Gøtzsche sospecha que se debe a que el análisis de los documentos normativos es complejo, se requiere experiencia para descifrarlos, y pocos investigadores la tienen.

“Hacer revisiones sistemáticas de los informes de estudios clínicos en poder de las agencias reguladoras de medicamentos es un trabajo ingente, pero es la diferencia entre producir revisiones fiables o meras revisiones inútiles, afirma Gøtzsche.

Desde entonces, el grupo de Gøtzsche ha demostrado que esto sucede en las revisiones de ensayos con antidepresivos.

Cuando compararon los datos de las revistas médicas con los de los documentos regulatorios, descubrieron importantes discrepancias, como la infranotificación de daños, incluyendo intentos de suicidio y comportamiento agresivo.

El regulador canadiense en el punto de mira
Los investigadores creyeron que el histórico cambio de política en Europa ayudaría a desbloquear los documentos reguladores en otros lugares que históricamente los habían mantenido ocultos.

En 2016, Peter Doshi, profesor de la Universidad de Maryland y editor jefe en The BMJ solicitó al regulador canadiense de medicamentos, Health Canada, la divulgación de los datos no publicados de los ensayos clínicos con antivirales para el tratamiento de la gripe (Tamiflu, Relenza) y tres vacunas contra el virus del papiloma humano.

Tras cierta resistencia, Health Canada accedió a permitir que Doshi accediera a los documentos, pero le impuso un acuerdo de confidencialidad que le impediría hacer públicos sus hallazgos.

Cuando Doshi se negó a firmar el acuerdo de confidencialidad, se denegó su solicitud de acceso a los datos del ensayo, por lo que interpuso una demanda ante un tribunal federal solicitando una revisión judicial de la decisión del regulador.

Sorprendentemente, en 2018, en el caso de Peter Doshi contra el Fiscal General de Canadá [5], un juez de un tribunal federal falló a favor de Doshi [6] y del interés del público, ordenando a Health Canada que entregara los datos del ensayo para que se hiciera un escrutinio independiente.

Tras la sentencia, Doshi declaró a The BMJ: “Para mí, este caso siempre ha tenido que ver con algo más amplio que mi solicitud en concreto. Se trata del principio de transparencia. Si mi caso sienta un precedente y Health Canada empieza a poner los datos de los ensayos clínicos a disposición de los demás -con prontitud y sin imponer acuerdos de confidencialidad-, esa será la verdadera victoria”.

Cabe destacar que el regulador canadiense de medicamentos ha ido un paso más allá que la EMA al divulgar de forma proactiva los datos no sólo de las presentaciones de medicamentos aprobados, sino también de las “presentaciones de medicamentos y productos biológicos no aprobados y retirados… y las solicitudes de comercialización de dispositivos médicos de clase III y IV” [7].

¿Y la FDA estadounidense?
La FDA estadounidense alberga el mayor repositorio conocido de datos de ensayos clínicos del mundo, pero no los comparte de forma proactiva.

En 2018, la FDA lanzó un nuevo programa piloto para publicar proactivamente los informes de los estudios clínicos correspondientes a los ensayos pivotales de nueve medicamentos recientemente aprobados – pero la agencia puso fin a ese programa en marzo de 2020 [8].

“Es muy típico de la FDA, que está muy endeudada con la industria; algunos la han apodado como la Agencia que Arrastra los Pies cuando se trata del interés público”, dijo Gøtzsche.

En la actualidad, el único mecanismo para conocer los datos regulatorios de los medicamentos aprobados por la FDA es presentar solicitudes utilizando la Ley de Libertad de Información (FOIA), un largo proceso que a menudo resulta en la entrega de documentos con muchas tachaduras (redactados) de escaso valor.

Un estudio realizado por investigadores estadounidenses analizó la disposición de la FDA a divulgar datos [9], en comparación con otros organismos reguladores, la EMA y Health Canada.

Descubrieron que entre 2016 y abril de 2021, la EMA publicó datos de 123 productos médicos únicos, mientras que Health Canada publicó datos de 73 productos médicos únicos entre 2019 y abril de 2021.

En marcado contraste, la FDA solo divulgó proactivamente los datos que respaldan a un solo medicamento que fue aprobado en 2018, lo que demuestra claramente que la agencia no ha logrado seguir el ritmo de los organismos reguladores europeos y canadienses.

El problema del secretismo de datos dentro de la FDA ha sido especialmente evidente durante la pandemia. Recientemente, informé en The BMJ de que la agencia no había revelado las “señales de seguridad” de la vacuna covid-19 que se detectaron durante el periodo de poscomercialización [10].

Además, el grupo sin ánimo de lucro Profesionales Médicos y de la Salud Pública por la Transparencia (Public Health and Medical Professionals for Transparency) tuvo que demandar a la FDA [11] para acceder a los documentos de los ensayos que utilizó para autorizar la vacuna covid-19 de ARNm de Pfizer. En un principio, la agencia quería 75 años para publicar todos los datos, pero un juez federal rechazó su petición [12] y ordenó la publicación de los documentos a un ritmo de 55.000 páginas al mes, lo que llevó aproximadamente 8 meses.

Dado el uso generalizado de esta importante intervención de salud pública, y los miles de millones de dólares en fondos públicos que se utilizaron para investigar y desarrollar las vacunas [13], estos datos deberían haberse hecho públicos inmediatamente.

El secretismo de los datos ha socavado el sistema de salud al subvertir la asignación de los recursos destinados a asustar y erosionar la confianza pública. El daño causado a la confianza de la gente en las vacunas, y en los medicamentos en general, se dejará sentir durante generaciones y es probable que perjudique a la salud pública.