Si la pandemia de coronavirus confirmó algo sobre las grandes farmacéuticas, fue que su modelo de negocio se basa en la especulación implacable y sin remordimientos. Las corporaciones tratan de aprovechar su acceso a la investigación que realizan las instituciones públicas, sus conexiones con las agencias reguladoras y su influencia en la política para garantizar que pueden maximizar sus ganancias. No es un panorama agradable. Así que no es de extrañar que los gigantes farmacéuticos prefieran que no se analicen ni debatan sus prácticas empresariales. En particular, quieren evitar el escrutinio de los activistas de la salud pública, los defensores de los consumidores y los defensores del acceso a vacunas y medicamentos seguros y asequibles.

Esta es la dura y constante realidad, independientemente del partido que controle la Casa Blanca y el Congreso, independientemente de quién dirija los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, independientemente de quién lleve la voz cantante en la Organización Mundial de la Salud.

La semana pasada, el gigante farmacéutico Moderna se apresuró a aplacar la preocupación por sus planes de cuadruplicar el precio de su vacuna covid-19, de US$26 por dosis a US$110-130 por dosis. “Creo”, afirmó el director general de Moderna, Stéphane Bancel, “que este rango de precios es coherente con su valor”.

¿En serio? Veamos las cifras.

A Moderna le cuesta tan solo US$2,85 producir una dosis de la vacuna. Así que estamos hablando de un precio que estaría aproximadamente US$127 por encima del coste de producir una dosis para administrar en el brazo de alguien. Aun teniendo en cuenta los excesivos estándares de las empresas farmacéuticas, esto es, como sugieren los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Peter Welch (D-Vt.), un ejemplo de “especulación indecorosa”.

¿Necesita Moderna el dinero? No. En los dos últimos años, la empresa ha obtenido beneficios superiores a los US$18.000 millones con su vacuna. La empresa está literalmente inundada de dinero, hasta el punto de que su consejero delegado tiene ahora una fortuna de más de US$6.000 millones, frente a los US$4.300 millones de 2021. “Así es la codicia corporativa”, dice el ex secretario de Trabajo Robert Reich.

Pero, Moderna ¿no debería poderse beneficiar de la vacuna que ha creado? En realidad, como señala la oficina del senador Bernie Sanders, la vacuna de Moderna fue “desarrollada en colaboración con científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una agencia gubernamental estadounidense financiada por los contribuyentes estadounidenses”. El gobierno federal aportó directamente US$1.700 millones a la investigación y el desarrollo de la vacuna covid-19 de Moderna, y garantizó a la empresa miles de millones adicionales en ventas”.

Sanders, como nuevo presidente de la Comisión de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado (Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions), insta a la empresa a reconsiderar la subida de precios.

El senador independiente de Vermont escribió en una carta a Bancel:

“El enorme aumento de precio que ustedes han propuesto tendrá un impacto negativo significativo en los presupuestos de Medicaid, Medicare y otros programas gubernamentales que seguirán cubriendo la vacuna sin que los pacientes tengan que compartir los gastos. Su decisión costará miles de millones de dólares a los contribuyentes. Su escandaloso aumento de precio también incrementará las primas de los seguros de salud privados. Tal vez lo más significativo sea que cuadruplicar los precios hará que la vacuna no esté disponible para muchos millones de estadounidenses sin seguro o con seguro insuficiente que no podrán pagarla. ¿Cuántos de estos estadounidenses morirán por covid-19 por tener un acceso limitado a estas vacunas que salvan vidas? Aunque nadie puede predecir la cifra exacta, podrían ser miles. En medio de una pandemia mortal, restringir el acceso a esta vacuna tan necesaria es inconcebible”.

Sanders está utilizando su plataforma para llamar la atención sobre la especulación y las malas prácticas de una empresa farmacéutica. Cuenta con destacados aliados en el Capitolio, como el recién elegido demócrata por Pensilvania John Fetterman, quién afirma: “Me presenté al Senado para detener exactamente este tipo de especulación inmoral con los precios”. Y estos críticos de la industria farmacéutica saben que entre el pueblo estadounidense hay muchos que piensan lo mismo -casi el 75% de ellos afirman que no confían en que las empresas farmacéuticas fijen precios justos para sus productos.

Pero no siempre es fácil entablar un debate honesto sobre la especulación de las grandes farmacéuticas porque, obviamente, la industria preferiría impedir esa discusión.

Esto es algo que los críticos de la industria han dicho durante mucho tiempo, mientras destacaban el gran gasto de los donantes corporativos y de los comités de acción política que han ganado ascendencia con demócratas y republicanos. Pero un importante informe de Lee Fang confirma lo qué las grandes farmacéuticas están dispuestas a hacer para salirse con la suya.

Fang ha descubierto que se esforzaron en frustrar la campaña internacional para conseguir que los gobiernos anulen las normas de propiedad intelectual, con el objetivo de poder compartir la información sobre el desarrollo de las vacunas y lograr que se puedan fabricar vacunas, pruebas y tratamientos covid-19 de forma rápida y barata en el Sur Global. Tras revisar los documentos solicitados a Twitter, que incluían detalles sobre los esfuerzos de las empresas farmacéuticas por restar importancia a los mensajes de los activistas, Fang escribió que “las grandes farmacéuticas lanzaron una intensa campaña mundial de cabildeo para garantizar el dominio corporativo sobre los productos médicos que fueron cruciales para combatir la pandemia”. En última instancia, la campaña para compartir el conocimiento para producir la vacuna covid en otras partes del mundo fracasó”.

Aunque Fang observó que no estaba claro si el gigante de las redes sociales respondió a la presión, no cabe duda de que el intenso cabildeo fue ambicioso. Y el esfuerzo por impedir que los gobiernos apoyaran una exención al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -que habría suavizado las restricciones a la propiedad intelectual para que las vacunas y tratamientos covid-19 se pudieran fabricar más fácil y rápidamente en los países en desarrollo- ha tenido un gran éxito. De hecho, un informe publicado el pasado otoño por Político y la Oficina de Periodismo de Investigación (Bureau of Investigative Journalism) reveló que “las grandes farmacéuticas utilizaron sus enormes esfuerzos de presión e influencia para intentar acabar con una propuesta que amenazaba los propios principios de la industria”. El informe seguía con el siguiente texto…

“Los altos ejecutivos de la industria tuvieron acceso directo a altos funcionarios de la UE, que se opuso a la propuesta desde el principio y animó a los países miembros potencialmente rebeldes, entre ellos Italia y Francia, a alinearse. Y EE UU, tras una dramática intervención tardía a favor de una exención para las vacunas, ocho meses después de presentar la propuesta, dejo de darle seguimiento cuando la administración Biden se vio presionada por la industria y el Congreso, como informó The Intercept”.

Maaza Seyoum, coordinadora del Sur Global en People’s Vaccine Alliance, expresó su preocupación por las acusaciones que sugieren que la industria farmacéutica y los gobiernos aliados a la misma -especialmente Alemania- “intentaron silenciar las críticas legítimas durante una crisis”. Lori Wallach, veterana defensora del comercio justo, revisó los últimos informes y advirtió que los cabilderos de Big Pharma y los gigantes corporativos, a través de “su codicioso control monopolístico de los medicamentos”, han causado muertes innecesarias y han sumido aún más en la pobreza a personas de todo el mundo.

“Harán lo que sea para aumentar sus beneficios”, afirma Wallach, directora del programa Rethink Trade del American Economic Liberties Project, refiriéndose a las grandes empresas farmacéuticas.

Esta determinación por acaparar beneficios es un tema digno de discusión y debate, como lo es la cuestión más amplia del precio de los medicamentos.

La People’s Vaccine Alliance lleva mucho tiempo defendiendo “una vacuna del pueblo, no una vacuna con ánimo de lucro”. Ahora que Moderna se está posicionando para una nueva y espectacular subida de precios de hasta US$130 por dosis de una vacuna covid cuya producción cuesta US$2,85, debemos prestar atención, tal como el grupo nos recuerda: “Esto supone un sobreprecio de más del 4.000% por encima del coste, en una vacuna que se desarrolló con una enorme financiación pública. Es obsceno”.