Desde 2017 hasta la fecha, los gobiernos estatales, locales y diferentes grupos de nativos americanos (así se refieren a los diferentes pueblos de indios americanos) han presentado más de 3.300 demandas contra los fabricantes de opioides, por haber minimizado los riesgos de esos productos, y contra los distribuidores y las farmacias por ignorar las señales de alarma que indicaban que las recetas se estaban desviando hacia el tráfico ilegal y provocando adicción.

Según datos del gobierno federal, la crisis de los opioides ha causado casi 650.000 muertes por sobredosis desde 1999, y ahora se están produciendo unas 80.000 muertes al año. Durante la pandemia de covid 19, las sobredosis por opioides – fármacos de venta con receta y heroína- aumentaron un 38% en el 2020, y 15% en 2021.

Las prescripciones de opioides aumentaron drásticamente en la década de 1990, cuando las empresas promocionaron agresivamente estos fármacos; posteriormente, cuando se empezó a dificultar el acceso a los medicamentos de venta con receta, los adictos empezaron a utilizar heroína, y ahora la mayoría de las muertes por sobredosis se deben al consumo de fentanilo.

Según el Congreso de EE UU, el costo económico de la crisis de los opioides solo en 2020 se cifró en US$1,5 billones mientras que los acuerdos monetarios que se han alcanzado con las empresas y las farmacias son alrededor de US$50.000 millones.

Ninguna de las empresas involucradas en estos acuerdos admite haber cometido delitos.

Salud y Fármacos ha ido resumiendo los acuerdos alcanzados con las empresas y farmacias a medida que se han ido produciendo. En esta nota resumimos lo sucedido desde octubre 2022 hasta mediados de enero de 2023.

McKinsey & Co. Reuters informó el 27 de octubre de 2022 [1] que la consultora McKinsey & Co había llegado a un acuerdo para resolver las demandas de cientos de gobiernos locales y distritos escolares de todo el país que le acusaron de haber alimentado una epidemia de adicción a los opiáceos mientras trabajaba para empresas farmacéutica que producen opioides. Este acuerdo se anunció en un tribunal federal de San Francisco, pero los términos del acuerdo no se han divulgado.

La empresa tiene pendientes demandas de planes de seguros médicos, tribus de nativos americanos y familias de niños expuestos a opiáceos en el útero (lo que puede provocar síntomas de abstinencia al nacer y problemas de salud y desarrollo a largo plazo). Las demandas se han interpuesto en varios estados, pero para realizar todos los procedimientos previos al juicio, se han consolidado ante el juez de distrito Charles Breyer de San Francisco. McKensey intentó que el juez desestimara los casos porque la empresa tiene sede en Nueva York y dijo que lo otros estados no tienen jurisdicción sobre ella, pero el juez desestimó la solicitud porque McKinsey “dirigió intencionadamente sus actividades” a esos estados en sus consultorías sobre opioides.

Los demandantes acusan a la empresa de impulsar tácticas agresivas para aumentar las ventas de opioides, entre otras cosas dirigiéndose a médicos que se sabía que eran prescriptores prolíficos.

CVS, Walgreens y Walmart son las tres farmacias comunitarias que dominan el mercado de EE UU. Si el acuerdo alcanzado el 2 de noviembre de 2022 por el que tendrán que pagar US13.800 millones se convierte en definitivo, se pondrá fin a gran parte del extenso litigio que ha prolongado durante años, aunque sigue habiendo algunos casos pendientes contra farmacias más pequeñas y de ámbito regional, como Rite Aid Corp y Kroger Co [2].

El estado de Ohio ya había ganado un juicio contra estas tres farmacias, por el que fueron sentenciadas a pagar US$650,6 millones.

CVS pagaría US$4.900 millones a los gobiernos locales y unos US$130 millones a las tribus nativas americanas a lo largo de una década. Walgreens entregaría US$4.800 millones a los gobiernos estatales y municipales y US$155 millones a las tribus en 15 años [3]. Estos acuerdos no serán definitivos hasta que no sean aceptados por los fiscales.

Walmart aceptó pagar US$3.100 millones, pero el plan tiene que ser aprobado por 43 estados [4]. Se espera que Walmart empiece a pagar antes que las otras cadenas de farmacias, probablemente en noviembre de 2023. A través de este acuerdo, el estado de Nueva York recibirá US$116 millones, y la empresa se ha comprometido a mejorar la forma en que dispensan los medicamentos.

En las conversaciones que mantienen con las farmacias, los demandantes solicitan medidas cautelares que obliguen a las cadenas a cambiar algunas prácticas y mejorar las salvaguardias en torno a la dispensación de opiáceos. Quieren que las cadenas de farmacias establezcan sistemas que alerten cuando haya sospecha de abuso de opiáceos, contribuyan a identificar a los médicos que recetan en exceso, y prohíban los incentivos para los farmacéuticos que dependen de la cantidad de medicamentos dispensados (se considera que estos incentivos aumentan el riesgo de que los medicamentos se dispensen de forma inadecuada) [5].

Un portavoz de CVS dijo que la empresa puso en marcha hace una década un sistema de control para identificar y gestionar a los médicos con patrones de prescripción de alto riesgo. En aquel momento, la empresa eliminó la dispensación de sustancias controladas de sus estadísticas para medir el rendimiento y remunerar a los farmacéuticos [2].

Un portavoz de Walgreens dijo que la cadena también omite la dispensación de opioides de las métricas de rendimiento, sin especificar cuándo entró en vigor esa política, afirmó que estaba abandonando el uso de indicadores de productividad del personal para mejorar el ambiente de trabajo de la empresa y permitir que los farmacéuticos se centren en la atención al paciente. El portavoz dijo que el cambio no está relacionado con el litigio de opioides. “Se espera que los farmacéuticos se tomen todo el tiempo que necesiten para asegurarse de que las recetas de sustancias controladas se dispensan con un propósito médico legítimo”, dijo el portavoz de Walgreens [5].

Walmart tiene pendiente un juicio federal por el que se la ha acusado de pretender aumentar sus beneficios limitando el número de empleados y poniendo presión para que dispensaran los medicamentos con rapidez [5].

A principios de 2022, Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKensson aceptaron pagar una sanción de US$26.000, mientras que Purdue Pharma entró en un concurso de acreedores para pagar una sanción de US$6.000 [6].

San Francisco no está incluido en el acuerdo nacional, y el 3 de enero de 2023 se llegó a un acuerdo por el que CVS pagará US$470 millones. Además, California recibirá US$500 millones del acuerdo con Walgreens y US265 millones del acuerdo con Walmart [7].

Teva. El 4 de noviembre de 2022 se acordó que Teva tendrá que pagar al estado de Nueva York US$523 millones, y lo hará en un periodo de 18 años. En diciembre de 2021, Teva fue declarada responsable, junto con decenas de empresas, de contribuir a la crisis de opioides en EE UU. Las otras empresas llegaron a acuerdos antes de que se celebrara el juicio. Si Teva hubiera participado en el acuerdo en lugar de proceder con el juicio solo habría recibido US$210,5 millones [8].

La fiscalía indicó que con este acuerdo concluye la batalla legal iniciada en 2019 contra los fabricantes y distribuidores de opioides.

En total, incluyendo el resultado de este juicio, el estado de Nueva York habrá recaudado US$2.000 millones que se dedicarán a la prevención y el tratamiento de las adicciones. Aproximadamente la mitad de esta cuantía proviene de los US$26.000 millones que se acordaron con McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen y Johnson & Johnson.

Teva ya había llegado a un acuerdo de principios por el que pagaría US$4.500 millones durante 13 años a más de una docena de estados (incluyendo acuerdos previos por US$500 millones [9].

Teva y AbbVie. El 22 de noviembre de 2022, Teva y AbbVie llegaron a acuerdos por US$6.600 millones para resolver miles de demandas de los estados y gobiernos locales por el marketing de opioides [10]. Teva pagará US$4.250 millones y proveerá naloxona y AbbVie pagará hasta US$2.370 millones. Las cantidades finales dependerán del número de estados y municipios que acepten el acuerdo.

AmeriSourceBergen. El 30 de diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE UU (DoJ) demandó a la empresa por contribuir a la crisis de opioides [11]. Según el DoJ, la farmacéutica, que ya acordó pagar US$6.100 millones a los Estados para resolver demandas, ha estado ocultando pedidos sospechosos y violando su obligación de ofrecer información sobre las recetas desde 2014.

Por ejemplo, AmerisourceBergen sabía que dos farmacias de los estados de Florida y Virginia Occidental estaban vendiendo medicamentos de venta con receta a posibles adictos “en estacionamientos por dinero en efectivo”, y vendió tabletas de oxicodona a una farmacia de Colorado sin poner ningún tipo de trabas. Más tarde se conoció que la farmacia vendía drogas a once personas con adicción, dos de los cuales murieron por sobredosis.

Se supo que gestionaba compras directas con una farmacia de Nueva Jersey. Cuando el caso alcanzó notoriedad, AmerisourceBergen disminuyó las transacciones, aunque incluyó a un tercero para manejar las ventas. Según la fiscal adjunta “En medio de una catastrófica epidemia de opioides, AmerisourceBergen supuestamente alteró sus sistemas internos de una manera que redujo la cantidad de pedidos que se sindicarían como sospechosos”. “En resumen, la denuncia del gobierno alega que, durante años, AmerisourceBergen priorizó las ganancias sobre sus obligaciones legales y sobre el bienestar de los estadounidenses”, agregó.

Denuncias a prescriptores. El 14 de diciembre, el Departamento de Justicia demandó a un médico de Long Island por distribuir píldoras de oxicodona de forma ilegal [12]. En este caso, los que recibían las píldoras tenían que pagar en efectivo. En concreto, la investigación ha revelado que el Dr Hassad dirigía un consultorio médico en Great Neck, Nueva York, en el que cobraba a sus pacientes cientos de dólares en efectivo a cambio de una receta mensual ilegal de oxicodona. Estas recetas de oxicodona no respondían a una necesidad médica legítima. A menudo, el cobro en efectivo se sumaba a la facturación por diversos procedimientos al seguro del paciente, muchos de los cuales nunca se llevaron a cabo [12].

El Dr Hassad recetó oxicodona a un agente encubierto en cada una de las visitas a lo largo de un año, incluida la primera. Ninguna de las recetas de oxicodona tenía una finalidad médica legítima. Además, tras ejecutarse una orden de registro en sus consultas médicas, Hassad se puso en contacto con los pacientes e intentó convencerlos de que modificaran su testimonio sobre sus recetas de oxicodona [12].