Propiedad Intelectual y el Acceso a los Medicamentos

Se puede considerar que un ecosistema de investigación biomédica está formado por varios actores que colectivamente establecen una cadena de valor en la esfera pública y privada, en la que cada eslabón es esencial, y en la que el sector público desempeña un papel fundamental en la investigación básica y aplicada. No obstante, el resultado (y el valor añadido) de la investigación financiada y apoyada con fondos públicos se transfiere con frecuencia al sector privado, con lo que se pierde la capacidad de controlar o influir en cuestiones críticas, como la determinación de los precios de las tecnologías o la gestión de la propiedad intelectual (PI). Durante la pandemia por covid-19, el desarrollo de nuevas tecnologías para la salud apoyadas por el sector público se produjo a una velocidad nunca vista. A pesar de ello, grandes partes del mundo han sido excluidas del acceso equitativo a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas.

En este contexto, se ha puesto énfasis en la necesidad de que la innovación biomédica sea un bien público mundial (BPM), en el sentido de que no se puede excluir a otros de su consumo, es decir, no exclusivo, y el consumo por una parte no disminuye la cantidad disponible para otras partes, es decir, no rival. Sin embargo, la no exclusividad de un bien, como el conocimiento biomédico, depende de las decisiones políticas y de lo que establecen los derechos de propiedad intelectual (DPI), que son los que actualmente rigen y moldean la innovación biomédica y pueden convertir un bien público en una mercancía excluible y rival para los consumidores. Si bien la perspectiva de bien público mundial es crucial para justificar la necesidad de inversión pública en investigación y desarrollo (I+D), no capta toda la complejidad del retorno de la inversión para el público ni la responsabilidad de riesgos en el ecosistema de la innovación biomédica. Por lo tanto, lo que parece ser crítico es la gobernanza del conocimiento médico, dirigida a proteger y satisfacer el interés público.

Los centros de investigación financiados y apoyados por el sector público desempeñan un papel clave en la gobernanza del conocimiento biomédico. Durante las primeras fases de la pandemia por covid-19, entre enero de 2020 y septiembre de 2021, los centros públicos de investigación y las universidades presentaron casi el mismo número de solicitudes de patente para las vacunas y terapias covid-19 que las empresas privadas. Del mismo modo, los centros de investigación que utilizaron fondos públicos produjeron tecnologías importantes para la salud que se requerían para hacer frente a la pandemia, y que fueron posteriormente patentadas por empresas privadas. Desde esta perspectiva, las estrategias diseñadas por las instituciones públicas de investigación en materia de gestión de la propiedad intelectual biomédica tienen un impacto en la accesibilidad global a las tecnologías para la salud.

Parece haber consenso, con algunas excepciones entre las organizaciones que reciben financiamiento público, en que las patentes son una vía ineludible para la comercialización de los medicamentos. Esta premisa tiene un claro impacto en el comportamiento de varios actores que también influyen en las estrategias de transferencia de conocimiento y tecnología.

Hay diferentes formas de trabajar en pro del acceso equitativo, y se puede lograr mediante el uso de licencias no exclusivas o a través de la inclusión de condicionalidades para salvaguardar el acceso ulterior.

En esta investigación se abordarán las cuestiones mencionadas. En la primera parte se describirá el contexto actual y cómo covid-19 ha sido una oportunidad para aprovechar las iniciativas para garantizar un acceso más equitativo y asequible a las tecnologías para la salud. También se hará referencia a algunos conceptos e ideas cruciales que se identificaron en la bibliografía.

En segundo lugar, se compartirán los resultados del trabajo de campo basado en siete entrevistas, cinco con centros de investigación sobre la financiación pública y dos con expertos, en las que se destaca la lógica del proceso de transferencia de tecnología y las barreras para obtener licencias no exclusivas. La última parte recoge las principales conclusiones y recomendaciones.

En conjunto, este documento pretende identificar los obstáculos y las trabas que dificultan que el público se beneficie de la inversión pública en los centros de investigación, y sugerir remedios y soluciones, teniendo en cuenta lo sucedido recientemente durante la respuesta a la pandemia y con la cooperación internacional.