Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Puntos principales
“¿Es una amenaza directa? No lo sé”. El asesor del Primer Ministro belga se preguntaba con calma al explicar una llamada telefónica de cabilderos que recibió en 2021, pero el contenido de la conversación es extraordinario.
La llamada era de un portavoz de Janssen, la filial de Johnson & Johnson (J&J) fundada en Bélgica que desarrolló la vacuna covid-19 de una sola dosis. Según este asesor, el portavoz les advirtió que si Bélgica apoyaba la radical propuesta presentada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Janssen podría replantearse sus enormes inversiones multimillonarias en investigación y desarrollo (I+D) en Bélgica [Nota de SyF: la vacuna de Janssen ha sido retirada del mercado de EE UU y otros países por efectos secundarios graves].
La propuesta que provocó este temor, conocida como la exención ADPIC, hubiera permitido rescindir algunos de los derechos de propiedad intelectual (PI) sobre los productos covid-19 durante la pandemia. El intento era otorgar a las empresas que quisieran producir vacunas y tratamientos “total libertad para operar”, explicó un funcionario de un país que copatrocinó la propuesta.
Pero las grandes farmacéuticas dijeron que una exención pondría en peligro la inversión y la innovación, y los países ricos, en particular los miembros de la UE y el Reino Unido, se opusieron a ella argumentando que no reduciría las enormes diferencias en la disponibilidad de vacunas entre los países ricos y los más pobres.
POLÍTICO y la Oficina de Periodismo de Investigación (BIJ) pueden explicar cómo los negociadores diluyeron y obstaculizaron esta propuesta hasta que finalmente fue aprobada por gobiernos desesperados por salvar un proyecto que flaqueaba. A través de entrevistas con diplomáticos, funcionarios, grupos de presión y activistas, así como analizando las reuniones y documentos internos, pudimos descubrir quiénes fueron los principales responsables de que se acabara con la exención.
Las grandes farmacéuticas utilizaron su enorme capacidad de presión e influencia para intentar acabar con una propuesta que amenazaba los principios básicos de su industria. Sus ejecutivos de alto nivel tuvieron acceso directo a los funcionarios de alto nivel de la UE, que se opuso a la propuesta desde el principio y animó a los países miembros que podían ser renuentes, como Italia y Francia, a alinearse. Y, según informó The Intercept, EE UU, tras una dramática intervención tardía a favor de una exención para las vacunas, ocho meses después de que se hubiera presentado la propuesta, se paralizó cuando el gobierno de Biden se vio presionado por la industria y el Congreso.
Cuando finalmente se alcanzó un compromiso, se cuestionó su valor. El resultado -un pequeño cambio en un aspecto de los derechos de propiedad intelectual- fue tildado de “inútil” por un diplomático con sede en Ginebra, y quedó muy lejos del brillante ejemplo de solidaridad mundial que la OMC pretendía.
Victor do Prado, que hasta principios de este año fue un alto funcionario de la OMC, dijo que era difícil predecir si la exención habría impulsado la producción, pero califica la respuesta a la propuesta como sintomática de una “respuesta unilateral y nacionalista” a la covid-19.
“Se trata de un problema mundial. Se requiere una solución global, y una solución global requiere cooperación”, afirmó. “Una exención podría haber incentivado esa cooperación”.
Winnie Byanyima, copresidenta de la organización sin ánimo de lucro People’s Vaccine Alliance y directora ejecutiva de ONUSIDA, el programa de las Naciones Unidas para el VIH, dijo que las conclusiones de POLITICO y de la Oficina de Periodismo Investigativo eran “extremadamente graves” y pidió que se siguiera investigando.
Acepte la llamada
Los asesores gubernamentales no son ajenos a las llamadas telefónicas y correos electrónicos de los grupos de presión (cabilderos). El asesor belga trabajaba con el primer ministro del país, Alexander De Croo, y durante la pandemia por covid-19 atendió múltiples llamadas de representantes de las grandes farmacéuticas. Estaban ansiosos por explicar por qué pensaban que una exención afectaría sus inversiones en I +D. Pero la llamada de Janssen se distingue de las otras.
Al igual que otras grandes farmacéuticas, J&J se opuso a la exención, advirtiendo públicamente que abrir la producción de vacunas a “fabricantes sin experiencia” podría socavar la seguridad de los consumidores.
Bélgica, uno de los centros europeos de la industria farmacéutica, también se opuso a la exención. Pero parece que a Janssen le preocupaba que la postura del país pudiera cambiar, posiblemente después de que algunos políticos belgas parecieran receptivos a la propuesta.
Poco después de que la ministra de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Meryame Kitir, apareciera en televisión para apoyar la eliminación de las protecciones de PI de las vacunas a finales de abril de 2021, el asesor recibió una llamada del portavoz de asuntos públicos de Janssen.
“Me dijeron: ‘Si Bélgica apoya esto, la sede [de J&J] en Nueva Jersey se va a inquietar y podría revisar el presupuesto de I+D [investigación y desarrollo]'”, dijo el asesor a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investitativo. Janssen se autodenomina el mayor inversor privado en I+D del país, habiendo invertido €1.540 millones en 2019.
Nueve días después de la aparición televisiva de Kitir, la administración Biden dio un sorprendente giro de 180 grados al anunciar que apoyaría una exención limitada a las vacunas covid-19. El primer ministro belga respondió convocando una reunión del gabinete, en la que dejó claro que el país no seguiría su ejemplo.
El asesor insistió en que la llamada de los cabilderos de Janssen no había cambiado la postura de Bélgica y que este tipo de conversaciones eran “típicas de todos los grupos de presión”. Bélgica creía que una exención podría haber dado un pequeño impulso a la producción de vacunas -no más del 10 por ciento-, y para eso no merecía la pena perturbar a la industria farmacéutica del país, incluyendo la I+D en las universidades.
La oficina de De Croo dijo: “El gobierno belga nunca tomó ninguna decisión o se vio obligado a tomar una decisión sobre la producción de vacunas covid-19 bajo la presión de la industria farmacéutica, ni en tema de patentes ni sobre ningún otro aspecto relacionado con esta cuestión”.
J&J negó que tal conversación hubiera tenido lugar y dijo que no representa la posición de la empresa. Sin embargo, expresó su preocupación por el creciente uso de licencias obligatorias – licencias que emite un gobierno para permitir que una empresa distinta a la titular de la patente fabrique un producto- “especialmente para favorecer a las industrias nacionales”.
“[El uso de licencias obligatorias] amenaza el sistema general de PI, que ha facilitado el desarrollo de medicamentos que hoy en día salvan las vidas de millones de pacientes y en el futuro podría desarrollar nuevas terapias para millones más”.
El asesor calificó al portavoz de “bastante bajo en el escalafón” de J&J, y dijo que se tomaron la llamada con cierta incredulidad. “¿Esto se negocia con la sede en Nueva Jersey? No lo creo. ¿Es sólo una forma barata de transmitir su punto de vista rápidamente? Sí, probablemente”.
Al final estaban tan “hartos” de recibir llamadas de cabilderos de las empresas farmacéuticas sobre la exención que simplemente dejaron de contestar. “Cada vez que volvían a sacar el tema de la propiedad intelectual, les decía: ‘Miren, ya hemos tomado una decisión. Esta fue nuestra postura desde el principio. No veo como algo importante podría cambiarla'”, dijo el asesor.
“Toda la discusión sobre PI se alargó tanto que, al final, me limité a ignorar sus llamadas”.
Ejerza presión
El relato anterior hace eco al de otros de alrededor del mundo. Un funcionario indonesio dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo que, en 2020, cuando el país estaba en conversaciones con una empresa farmacéutica diferente sobre un medicamento covid-19, la empresa presionó a Indonesia por su posición respecto a la exención. El “castigo” fue reducir la inversión, dijo el funcionario.
Esta presión retrasó la decisión de Indonesia de copatrocinar la exención. No lo hizo hasta mayo de 2021, después de que grupos de la sociedad civil y empresas farmacéuticas indonesias instaran al gobierno a respaldarla.
En ocasiones, la industria ni siquiera necesitó proferir tales amenazas. Varios funcionarios de países que no recibieron presiones directas de las empresas farmacéuticas afirmaron que sus países tuvieron en cuenta a las grandes farmacéuticas al establecer sus posiciones sobre la exención.
Por ejemplo, el gobierno de Colombia pidió a sus funcionarios ubicados en Ginebra, que no apoyaran la exención para evitar perturbar las negociaciones sobre vacunas con Pfizer y otros, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.
Cuando las vacunas covid-19 llegaron por primera vez a finales de 2020, eran “como oro puro”, dijo uno de ellos. Pero los países de ingresos bajos y medios, como Colombia, tenían poco poder, por lo que las negociaciones eran unilaterales. (A principios de 2021, la Oficina de Periodismo de Investigación informó que Pfizer estaba chantajeando a algunos países latinoamericanos, ya que el fabricante de vacunas pedía a los gobiernos que pusieran activos soberanos como garantía contra futuros juicios).
Una de las personas dijo, Colombia retuvo su apoyo a la exención porque estaba en negociaciones. “No queríamos que la exención interfiriera en el cierre de [esos acuerdos]”.
Colombia comenzó a distribuir vacunas en febrero de 2021. Los grupos de la sociedad civil incrementaron la presión sobre el gobierno para que apoyara la exención, y el cambio de postura de Biden en mayo de 2021 cambió las cosas. Colombia comenzó a apoyar oficialmente la exención en diciembre de 2021. “Nos dimos cuenta de que para nosotros no tenía sentido seguir utilizando una estrategia muy conservadora”, dijeron.
Un portavoz del Gobierno colombiano dijo que había dado instrucciones a sus representantes en la sede de la OMC en Ginebra para que apoyaran la posición de los países en desarrollo en la exención de los ADPIC.
México también tenía un ojo puesto en las grandes farmacéuticas. No apoyó la exención porque creía que las licencias obligatorias y los acuerdos voluntarios entre empresas farmacéuticas y terceros fabricantes funcionarían mejor. Pero también sabía que respaldar la exención podría perjudicar la inversión, según declaró un funcionario mexicano a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investivativo.
“México protege bien la propiedad intelectual”, dijo. “Eso realmente ayuda a que inviertan en el país… Así que por eso dijimos ‘no’ [a la exención]”.
Proteger la PI es un “buen incentivo” para que la industria farmacéutica comparta sus conocimientos, dijo el funcionario. “Creo que es un poco de sentido común. No vas a invertir en un país si no te pueden proteger”, afirmó.
Conversaciones entre grupos de presión
Durante los primeros meses de la pandemia, la posible escasez de productos covid-19 -equipos de protección, posibles tratamientos y eventuales vacunas- fue una de las principales preocupaciones de las autoridades de salud de todo el mundo. En Bruselas, funcionarios de la Comisión Europea -entre ellos la Comisionada de Salud, Stella Kyriakides, y el Comisionado de Mercado Interior, Thierry Breton- asistieron a 12 reuniones sobre el tema con la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations o EFPIA), un grupo de presión.
Pero Suiza, India y Sudáfrica no presentaron a la OMC su radical propuesta de renunciar a aspectos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) hasta octubre.
Sin embargo, la industria farmacéutica ya se estaba moviendo para proteger los derechos de propiedad intelectual. Pocos días antes de que se presentara la exención de los ADPIC, la EFPIA se reunió con un miembro del gabinete del Presidente de la Comisión Europea para debatir la estrategia farmacéutica de la UE y su acercamiento a la PI de los productos farmacéuticos.
A continuación, cuatro días después de que se presentara la propuesta, la EFPIA se reunió de nuevo con la Comisión, esta vez con un miembro del gabinete del Comisionado de la Competencia responsable de Comercio, Nele Eichhorn.
No hay actas de estas reuniones, pero los ejecutivos de la industria farmacéutica dijeron públicamente que la exención sería desastrosa para la investigación y el desarrollo. Según Reuters, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, poco después de que se presentara la propuesta de exención declaró que la propiedad intelectual es “esencial para el sector privado”. La PI, dijo, es “lo que ha aportado una solución a esta pandemia y ahora mismo no es una barrera “.
La Unión Europea fue uno de los aliados naturales de las grandes empresas farmacéuticas (Big Pharma) desde el principio. Es un baluarte del moderno sistema de PI y, como tal, una potencia farmacéutica: En 2020, el 24% de las ventas farmacéuticas mundiales se hicieron en Europa.
La UE fijó su posición en cuanto se propuso por primera vez la exención. En octubre de 2020 afirmó que un sistema de PI fuerte era crucial para garantizar que la industria estuviera “adecuadamente incentivada y recompensada” por desarrollar vacunas y tratamientos covid-19, y no había “ningún indicio” de que la PI fuera una barrera para este proceso.
La industria había invertido más de €39.600 millones en I+D en la región durante 2020 y en los dos años siguientes gastó decenas de millones más para presionar a funcionarios clave de la UE en temas relacionados con la covid-19, según muestra el análisis.
Cuadro que presenta el número de reuniones entre Pharma y oficiales de la Comisión Europea (ver en el original)
Los datos de los grupos de presión muestran cómo las empresas farmacéuticas, junto con los principales grupos de presión que representan a la industria, tuvieron amplio acceso a los funcionarios de más alto nivel en Bruselas y Londres, donde los políticos del Reino Unido se opusieron a la exención durante los 20 meses de negociaciones.
Un portavoz del gobierno dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo que el Reino Unido quería un resultado que abordara la inequidad de las vacunas “sin socavar las normas vigentes de protección de la propiedad intelectual”.
Entre enero de 2020 y septiembre de 2022, 13 empresas y grupos que cabildeaban para las farmacéuticas mantuvieron casi 100 reuniones con los más altos funcionarios de la Comisión. En el Reino Unido, tuvieron más de 360 reuniones entre enero de 2020 y marzo de 2022, lo que equivale a casi una cada dos días. Boris Johnson asistió personalmente a 11 de ellas.
Aunque algunas de las reuniones estaban directamente relacionadas con la pandemia y las vacunas, muchas no lo estaban. Pero el número acumulado de reuniones es indicativo de la frecuente y estrecha interacción que la industria mantuvo con los altos funcionarios.
Ésas son sólo las reuniones sobre las que hay información a disposición del público. Los ministros del Reino Unido están obligados a divulgar públicamente las reuniones oficiales con organizaciones externas, pero los funcionarios de menor rango no. En Bruselas, no se requiere que las comunicaciones informales, como las llamadas telefónicas improvisadas, consten en los registros de transparencia.
Cuadro Numero de reuniones con ministros del Reino Unido (ver en el original)
Las empresas farmacéuticas podían concertar fácilmente llamadas y reuniones con los más altos funcionarios del gobierno. Figuras del sector como Bourla tenían acceso a altos cargos políticos, como demuestran los mensajes de texto que intercambió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de los que informó por primera vez el New York Times.
El contenido de los mensajes sigue siendo desconocido. La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, dijo en julio que la respuesta de la Comisión a la solicitud de un periodista que quería ver los textos equivalía a “mala administración”. (En septiembre, el Tribunal de Cuentas Europeo acusó a la Comisión de negarse a revelar los detalles sobre el papel personal de von der Leyen en las negociaciones de Pfizer sobre las vacunas).
La Comisión insiste en que los textos son documentos “efímeros y de corta duración”, que no se conservan, y que “en general no contienen información importante relativa a las políticas, actividades y decisiones de la Comisión”.
Un portavoz de Pfizer dijo “Pfizer ha discutido abiertamente su posición con todas las partes interesadas, explicando el impacto negativo que debilitar la protección de la propiedad intelectual a través de mecanismos como la exención de los ADPIC tendría sobre el acceso equitativo y la atención al paciente”.
“Negamos categóricamente cualquier acusación de que la posición de un país individual en relación con la exención de los ADPIC estuviera relacionada de algún modo con las negociaciones de contratos de vacunas con Pfizer. Sugerir lo contrario es inexacto, engañoso e irresponsable”.
Derroche de dinero
La industria gastó millones en presionar a la UE durante la pandemia. En la UE, durante 2021, las empresas que desarrollaron las vacunas y tratamientos contra la covid, entre ellos Pfizer y Moderna, y los mayores grupos de presión farmacéuticos, incluida la EFPIA, pagaron al menos €15 millones a los grupos de presión. El año anterior, las empresas gastaron más de €15,7 millones. En 2019, sus gastos en grupos de presión fueron de €13,9 millones, según datos de LobbyFacts que hemos analizado. No se dispone de información similar para el Reino Unido.
Dibujo de los contactos entre la industria farmacéutica y políticos (ver en el original)
Además, las principales industrias también pagaron al menos 31 consultorías privadas para que presionaran a la Comisión en su nombre. AstraZeneca y J&J, en 2021, gastaron alrededor de €700.000 cada una en consultorías relacionadas con temas como la política de vacunas de la UE y la estrategia del bloque para gestionar la covid-19.
Los grupos de la sociedad civil que apoyaron la exención también ejercieron presión, pero solo tenían una fracción de los inmensos recursos que puede usar la industria. Un análisis de la presión ejercida en el ámbito de la salud por las 105 organizaciones que apoyan la People’s Vaccine Alliance (Alianza del Pueblo para las Vacunas), junto con Médicos Sin Fronteras, muestra unas 60 reuniones con altos funcionarios de la Comisión, aproximadamente dos tercios de las que tuvo la industria farmacéutica. En el Reino Unido se celebraron 20 reuniones.
Cuadro con el dinero que las grandes empresas se gastan en cabildeo en Europa (ver en el original)
Un portavoz de la organización benéfica STOPAIDS dijo que el gobierno del Reino Unido tardó “semanas y meses” en responder a los correos electrónicos para concertar una “breve reunión ocasional”. Hablando de una reciente reunión “unilateral” sobre los tratamientos covid, añadió: “Es difícil no concluir que el compromiso del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil para hablar de su acercamiento a las negociaciones de exención de los ADPIC, fue simplemente simbólico”.
En al menos un caso, funcionarios con sede en Ginebra estuvieron en estrecho contacto con un fabricante de vacunas para asegurarse de que lo que se acordara en la OMC no afectaría negativamente su producción.
También hablamos muy sinceramente con los académicos de Oxford que estaban diseñando el producto y les preguntamos: “¿Cómo les afectaría [la exención]?””, dijo un diplomático de Ginebra cercano a las negociaciones.
Hyo Yoon Kang, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Warwick, dijo: “Parece que a la Comisión le resultó muy caro proteger los derechos de propiedad intelectual maximalistas de unas pocas corporaciones farmacéuticas, lo hicieron a expensas del interés público mundial y europeo, en el punto álgido de una pandemia mundial”.
“Esto sienta un precedente políticamente indeseable para la preparación ante futuras pandemias, porque en el futuro las mismas barreras de PI impedirán el acceso equitativo a las tecnologías para la salud”.
Como los resúmenes grabados de las reuniones son a menudo imprecisos, es imposible saber con exactitud en cuántas reuniones entre la industria farmacéutica y altos funcionarios de la UE se habló de la exención. Una, por ejemplo, fue sobre “estrategia farmacéutica”, mientras que otra trató sobre “vacunas”. Pero algunas reuniones se produjeron en momentos clave del calendario de negociaciones.
La UE dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Invetigativo: “La UE ha estado al frente de las decisiones sobre la respuesta de la OMC a la pandemia por covid-19. Desde el comienzo de la pandemia, ha declarado en repetidas ocasiones que el acceso justo a las vacunas y la producción equitativa de las mismas es crucial para luchar contra la pandemia, especialmente en regiones como África que dependen de las importaciones de productos farmacéuticos”.
Añadieron que creen que la protección de la propiedad intelectual es “parte de la solución” para las vacunas covid porque incentiva la innovación y la inversión, también en los países en desarrollo.
Sin palabras
En mayo de 2021, EE UU, que se había opuesto a la exención durante las primeras reuniones, dio marcha atrás en su postura, conmocionando a muchos delegados de la OMC. Bastaron dos días para que los cabilderos de la industria farmacéutica del Reino Unido, junto con Pfizer y MSD, se reunieran con el ministro británico de Política Comercial, Greg Hands, el ministro de Vacunas, Nadhim Zahawi, y la secretaria de Comercio Internacional, Liz Truss.
En Bruselas, 12 días después de que EE UU revertiera su postura, la EFPIA se reunió con tres miembros del gabinete del comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, para debatir la política de vacunas del bloque. Al mes siguiente, Médicos Sin Fronteras, Health Action International y Human Rights Watch se reunieron con dos miembros del gabinete de Dombrovskis para debatir sobre el comercio en relación con los productos covid-19.
A finales de octubre de 2021, a medida que se acercaba la fecha de una conferencia ministerial clave de la OMC, Pfizer, Sanofi y la EFPIA se reunieron con miembros del gabinete de Dombrovskis para tratar cuestiones relacionadas con el comercio. A principios de mes, Médicos Sin Fronteras, Health Action International y Human Rights Watch también se habían reunido con un miembro de su gabinete.
A finales de noviembre, sólo cuatro días antes de la conferencia prevista cuyo tema central era la exención de los ADPIC, von der Leyen se reunió con los directores ejecutivos de Moderna y Pfizer. Médicos Sin Fronteras también se reuniría con el propio Dombrovskis ese mismo mes para hablar del acceso global a las vacunas y medicamentos covid-19.
La conferencia acabó aplazándose, y el debate sobre la exención continuó en 2022. Fue entonces cuando la UE, EE UU, India y Sudáfrica se reunieron en un pequeño grupo para hablar de la exención, conocido como la “Cuadrilateral” (Quad), en un intento de desbloquear la situación. El cabildeo farmacéutico continuó.
Un cabildero de alto nivel de la industria dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo de Investigación que habían tenido “alguna relación con funcionarios de alto nivel” de EE UU, “quiénes indicaron que su interés era proteger los intereses de EE UU”. Pero cuando quedó claro que su mensaje no afectaba a la posición estadounidense, se centraron en Europa, incluyendo el Reino Unido, al que veían más receptivo.
El 5 de marzo de 2022, cuando las discusiones en el Quad avanzaban con energía, la Cámara de Comercio de EE UU se reunió con la Comisión, según documentos obtenidos por POLITICO y la Oficina de Periodismo de Investigación en respuesta a solicitudes de libertad de información. A la reunión asistieron los defensores de la industria farmacéutica estadounidense PhRMA y BIO, así como Pfizer, Eli Lilly y MSD.
Según los detalles de la reunión, los estadounidenses “expusieron su preocupación general con la propuesta de exención” por poner en peligro la investigación y la innovación.
Y en el Reino Unido, dos días después de que se filtrara un documento de posición de la Quad, sobre el que informó POLITICO a mediados de marzo, el lobby biotecnológico británico se reunió con George Freeman, ministro de Ciencia, “para debatir sobre la propiedad intelectual y el sector de las ciencias de la vida”.
Un mes antes de la reunión ministerial de junio en la que se decidió el resultado final, Médicos Sin Fronteras se reunió con un miembro del equipo de Dombrovskis para hablar de la exención. Pero el acceso de la industria superaba con creces el acceso del que gozaban los grupos de la sociedad civil.
Cuadro Reuniones de las grandes empresas multinacionales farmacéuticas con los principales dirigentes de la Comisión Europea desde enero de 2020 hasta Septiembre de 2022 (ver en el original)
Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes Farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), declaró a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo que era legítimo que la industria farmacéutica “contribuyera a los debates políticos” porque era “uno de los actores fundamentales en la respuesta a la pandemia”.
Dijo que la federación “proporcionó ejemplos de retos concretos” a los que se enfrentaban las empresas, creando conciencia sobre los obstáculos e instando a los responsables de la toma de decisiones a abordarlos”.
La People’s Vaccine Alliance, una coalición de más de 100 organizaciones que hacen campaña a favor del acceso universal y gratuito a las vacunas y tratamientos contra la covid-19, declaró: “Las opiniones de expertos en salud, expertos comerciales, organizaciones benéficas, sindicatos, científicos, trabajadores de la salud, agencias de la ONU e incluso el Parlamento Europeo fueron desestimadas en favor del acaudalado lobby farmacéutico. En pocas palabras, el dinero manda”.
El oído de la Comisión
Después de todo, el cabildeo podría haber sido innecesario. A lo largo de las negociaciones, la Comisión se opuso firmemente a una amplia exención de los derechos de PI, como proponían Sudáfrica e India. La UE mantenía que la propiedad intelectual no era una barrera para el acceso a las vacunas y, aunque lo fuera, los mecanismos existentes, como las licencias obligatorias, se podrían utilizar para superar cualquier obstáculo a la producción.
Pero en las reuniones privadas quedó claro que esta oposición no sólo tenía que ver con la pandemia de covid-19 o con si una exención impulsaría la producción. En parte, se trataba de proteger el futuro del sistema de propiedad intelectual.
En el Consejo del Comité de Política Comercial de la UE, celebrado en noviembre de 2021, la Comisión advirtió que, si los funcionarios aceptaban “que la protección de la propiedad intelectual era un problema, pronto se enfrentarían a demandas similares para otros productos”, según documentos que han revisado POLITICO, la Oficina de Periodismo Investigativo y el Corporate Europe Observatory, un grupo de investigación centrado en la influencia de las corporaciones.
En otra reunión celebrada el mismo mes, Alemania exigió el “apoyo unánime” a la postura de la UE, que era importante “para contrarrestar el riesgo de futuras relajaciones en el ámbito de los ADPIC o incluso la pérdida de derechos de propiedad intelectual”.
Un diplomático afincado en Ginebra, cuyo país es un centro farmacéutico europeos dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo “No querían abrir [la caja de Pandora]”. “No hay que sentar precedentes porque una vez que se empiece a reconocer la propiedad intelectual, habrá más crisis de salud, habrá más enfermedades”.
Los países de la UE adoptaron la misma postura frente a la OMC, pero entre ellos iban surgiendo divisiones en torno a su posición en referencia a la exención. A finales de 2021, Austria, los Países Bajos y Bélgica presionaron repetidamente para que la UE se mantuviera abierta a suavizar las normas internacionales de PI.
Esto hizo eco a las divisiones públicas entre los miembros de la UE. Emmanuel Macron salió en apoyo de la exención en 2021, y el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, de tendencia izquierdista, calificó el apoyo de EE UU al libre acceso a las patentes de vacunas como un “importante avance”. El Primer Ministro italiano, Mario Draghi, también dijo que su país estaba abierto a la idea.
Ambas naciones acabaron dando marcha atrás: Speranza se dio cuenta rápidamente de que la propiedad intelectual no obstaculizaba la producción de vacunas, según un miembro de su entorno, y en enero de 2022, Macron se alineó con la UE. Dijo a los legisladores europeos que Francia había estado a favor de la propuesta, pero que era “fácil para Francia estar a favor porque no tenemos patentes… porque no fueron las empresas farmacéuticas francesas las que descubrieron las vacunas”.
Rechazó la idea de acabar con las patentes con la exención y propuso en su lugar una “licencia global” para las vacunas covid con el fin de mejorar el acceso.
Alemania fue un gran impulsor de la postura de la UE: en el comité de política comercial, su oposición total a una exención fue respaldada sistemáticamente por países como Irlanda, Suecia y Dinamarca. Estos tres países también albergan importantes industrias farmacéuticas: Irlanda es el mayor exportador neto de productos farmacéuticos de la UE; en valor, los productos farmacéuticos constituyen la segunda categoría de exportación de Suecia; y representan casi una quinta parte de las exportaciones totales de Dinamarca, según representantes de la industria.
En la OMC, Alemania colaboró estrechamente en la exención con el Reino Unido y Suiza, pero también con EE UU, según dos diplomáticos ubicados en Ginebra.
El gobierno alemán siempre ha considerado que la propiedad intelectual es crucial para impulsar la innovación en la economía nacional, según declaró un funcionario alemán a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo. Mientras que BioNTech había ayudado a Alemania a controlar la pandemia y a abastecer al mundo, en el mercado de otros países no había ninguna vacuna disponible. “Quizá eso facilitó que [otros] mostraran flexibilidad política”, dijo el funcionario, lo que sugiere que la postura de Alemania estuvo en parte influida por el éxito de BioNTech.
Un portavoz del gobierno alemán confirmó que “mantuvo conversaciones con organizaciones no gubernamentales, asociaciones industriales y empresas afectadas, incluida BioNTech”. Añadieron que “las asociaciones industriales citaron la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual”.
Koen Berden, director ejecutivo de asuntos internacionales de la EFPIA, dijo a POLÍTICO y a la Oficina de Periodismo de Investigación que los países miembros de la UE que se benefician económicamente de una gran industria farmacéutica -como Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Dinamarca- estaban “muy interesados” en dimensionar el posible impacto de la exención.
Añadió que alrededor de la mitad de las reuniones que la EFPIA mantuvo con la Comisión entre enero de 2020 y julio de 2022 “no estaban relacionadas con covid-19 y se centraron en otras áreas de la política de medicamentos de la UE, y a menudo se celebraron a petición de la Comisión Europea o el Parlamento”.
El diplomático con sede en Ginebra dijo: “Tenemos grandes industrias farmacéuticas (…) y es muy difícil ceder en [propiedad intelectual] porque es crucial para su modelo de negocio”.
El diplomático criticó la respuesta inicial de línea dura de la Comisión a la propuesta de exención por ser demasiado técnica. “Hubo falta de liderazgo político… Hay una emergencia sanitaria, hay un tema de solidaridad y de mensaje político hacia el mundo en desarrollo y África en particular”.
A la Comisión y a sus países miembros les preocupaba, en última instancia, cómo se percibiría la oposición a una exención mientras millones de personas morían por covid-19. Alemania animó a que se estableciera una “comunicación inteligente sobre el tema” que “subrayara el papel proactivo de la UE en el suministro de vacunas a nivel mundial”.
Cuando países como Bélgica, Finlandia y España expresaron su preocupación por que se pudiera percibir a la UE desde una “perspectiva equivocada”, la Comisión prometió trabajar con los medios de comunicación y preparar un documento informativo para los países miembro, añadiendo que era “importante que luego los políticos lo asumieran y lo utilizaran”.
Esto, y los cambios de postura de Macron y Speranza, sugieren que la Comisión consiguió frenar a los países que podían no estar de acuerdo y alinear a los países miembros para que apoyaran una posición única contra la exención, mientras dictaba a los políticos los mensajes para sus conferencias de prensa.
Pero como Bruselas estaba tan empeñada en demostrar que la debilitada OMC podía aportar resultados, se convirtió en una de las fuerzas motrices de los debates del Quad. Según una fuente de la UE, la iniciativa de Bruselas de intentar salir del impasse sorprendió mucho a EE UU. EE UU no esperaba que la UE cambiara su postura totalmente contraria a la exención, lo que de repente puso de manifiesto que no tenía una estrategia clara.
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, también fue decisiva en establecer las discusiones del Quad. La OMC consideraba que el fracaso en alcanzar un acuerdo sobre los ADPIC, así como sobre otras cuestiones relacionadas con el comercio, podía arruinar su reputación internacional. Okonjo-Iweala advirtió en junio de 2022 que la falta de acuerdo sobre los ADPIC y otras cuestiones comerciales supondría costes “sustanciales” para los distintos países.
“Creo que hubiera representado… la desaparición de la OMC”, dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo de Investigación un funcionario de comercio con sede en Ginebra.
El gran día de EE UU
En mayo de 2021, las conversaciones habían llegado a un punto muerto. Sudáfrica, India y los 62 copatrocinadores de la exención -incluyendo los 44 países del Grupo Africano- seguían queriendo una exención amplia. La UE, el Reino Unido, Suiza y otros países se mantenían firmes.
La decisión de EE UU de anunciar su apoyo a una exención limitada a las vacunas -es decir, que excluyera los tratamientos covid-19- podría haber sido el momento que lograra un cambio.
El anuncio que hizo Katherine Tai, representante comercial de EE UU, el 5 de mayo de 2021, dejó claro que EE UU “cree firmemente en las protecciones a la propiedad intelectual, pero para acabar con esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas covid-19”. Tai dijo que EE UU “participaría activamente en las negociaciones basadas en textos” que tendrían lugar la OMC para garantizar la renuncia a las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas.
Se reafirmó en noviembre, escribiendo en una carta a los senadores que “la decisión de apoyar una renuncia a las protecciones de PI para las vacunas covid-19 refleja las circunstancias extraordinarias de esta pandemia”.
Ninguna de las docenas de personas con las que hablaron POLITICO y la Oficina de Periodismo Investigativo esperaba esta postura de un país que en su día fue la fuerza impulsora del establecimiento de los derechos internacionales de PI. Como resultado, los delegados de la OMC quisieron reevaluar sus propias posiciones. Finalmente, alentados por la postura de EE UU, países como Colombia apoyaron la exención, y Australia citó el cambio de postura de EE UU cuando apoyó la exención en septiembre de 2021.
Algunos dijeron que parecía que una exención era ahora realmente posible, dada la influencia de EE UU en la OMC. “Nos quedamos muy sorprendidos cuando apoyaron la exención”, dijo un funcionario de un país que se oponía a la misma. “Una vez tienes el apoyo de EE UU, te da mucha fuerza… cogió impulso”.
Pero en los meses que siguieron al anuncio de Tai, EE UU no respaldó su retórica pública. Durante más de un año después de que se hiciera el anuncio, los funcionarios estadounidenses en Ginebra no dijeron casi nada nuevo en el Consejo de los ADPIC. “Lo que experimentamos fue que EE UU estaba muy, muy desvinculado”, dijo un funcionario involucrado en las negociaciones a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigadora. “Repitieron las mismas declaraciones… durante meses”.
A pesar de que EE UU apoyaba una exención y se comprometió a ser “activo” en las negociaciones, no presentó ninguna propuesta concreta. Esto contrasta con la UE, que un mes después del anuncio de Tai en junio de 2021 propuso una alternativa a la exención que se centraba en cambiar las normas en torno a las licencias obligatorias.
La pregunta que se hacían los observadores era por qué EE UU, si realmente quería una exención, no proponía su propia solución. Un funcionario estadounidense de la oficina de comercio dijo a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigadora que “ya había suficientes cosas sobre la mesa” para discutir.
El otro factor, dijeron, fue que “las partes interesadas tenían posiciones muy diferentes sobre el tema”, lo que dificultó la elaboración de un texto de propuesta. “Por un lado están las empresas farmacéuticas, que obviamente no la quieren, y por otro la comunidad de ONG, que presionan para que se hagan otras cosas. Y tenemos todo tipo de gente en medio”.
Uno de esos “tipos de gente” eran los congresistas republicanos, que exigían a Biden que abandonara su apoyo.
El funcionario dijo que la razón por la que EE UU apoyó públicamente una exención era, en primer lugar, para “promover y facilitar la producción de vacunas” y, en segundo lugar, para “facilitar el dialogo” sobre la exención. A diferencia de otros funcionarios que hablaron con POLITICO y la Oficina de Periodismo Investigadora, éstos caracterizaron el resultado final como una “exención” y también como un “término medio” entre partidarios y detractores de la propuesta inicial.
En cuanto a los detalles de lo que EE UU había previsto cuando anunció su apoyo a una exención, el funcionario fue vago. “Lo que queríamos era en primer lugar mantener una conversación basada en hechos, y en lo que se requiere para promover y facilitar la producción de vacunas en las zonas donde ahora no se dispone de ellas”, dijo.
La UE observaba a EE UU con inquietud. En una reunión del Comité de Política Comercial celebrada en noviembre, se consideró que la postura de EE UU era el “mayor riesgo” para la UE, mientras que en otra reunión sostenida durante el mismo mes, la Comisión dijo que existía un “gran peligro” de que EE UU anunciara su postura durante una conferencia clave que se iba a celebrar en las próximas semanas, y que EE UU podría presionar para conseguir “una exención completa para las vacunas”.
En otro debate, Italia solicitó adoptar una “estrategia táctica” si EE UU presentaba una propuesta de exención limitada.
La UE creía que, si recibía suficiente presión, podría verse obligada a aceptar una exención. “El peor escenario imaginable es que la UE quede aislada y se vea presionada para aceptar un resultado inaceptable”, dijo en una reunión del comité, refiriéndose entre otras cosas a la exención.
Adiós a la exención
¿Cuál fue el resultado de meses de reuniones y conversaciones? Nada parecido a la exención que Sudáfrica e India propusieron originalmente, sino mucho más cercano a la propia contrapropuesta de la UE de 2021. Aclara algunas de las flexibilidades existentes en los ADPIC y otorga a los países más libertad para exportar vacunas covid-19 que se fabrican bajo licencias obligatorias.
James Love, director de Knowledge Ecology International y asesor para las agencias de la ONU y para los gobiernos, escribió en junio: “La mejor manera de describirlo es como una excepción temporal y limitada a las restricciones a la exportación, no como una exención”. Añadió que la decisión sólo sería útil si un país en desarrollo pasara por el largo proceso de emitir una licencia obligatoria, obtener la aprobación reglamentaria para una vacuna, fabricarla y luego exportarla.
Un portavoz de la OMC declaró que el resultado había sido acogido con satisfacción por muchos países, entre ellos India y Sudáfrica, lo que era “testimonio del amplio apoyo que ha recibido la decisión y de que se reconoce que desempeñará un papel importante en lograr la equidad y la disponibilidad de vacunas”.
En Ginebra, los delegados tienen hasta diciembre para decidir si amplían este limitado acuerdo que se acaba de negociar a los tratamientos y pruebas diagnósticas, y podría convertirse en otra pelea de perros. Las implicaciones de ampliar la exención son potencialmente enormes, dado que los medicamentos suelen ser más fáciles de fabricar que las vacunas.
Con este telón de fondo, el 7 de julio, un funcionario del departamento de comercio de la Comisión Europea envió un correo electrónico a Pfizer solicitando más información sobre “la posición de la industria con respecto a las terapias covid”.
“Las discusiones sobre este tema ya se están iniciando en Ginebra, por lo que sería muy útil comenzar con algunos hechos básicos”, escribió el funcionario en un correo electrónico que obtuvo POLITICO y la Oficina de Periodismo Investigadora a través de una solicitud de libertad de información.
El empleado de Pfizer respondió que la EFPIA estaba reuniendo este material. En septiembre se publicaron los datos, que describían la pesadilla que la industria creía que se avecinaba. El análisis de la industria mostraba que 135.627 patentes de medicamentos y de pruebas diagnósticas se verían directamente afectadas. Según este grupo de presión, una exención de tres años también provocaría un descenso del 25% en la investigación y desarrollo en los países de renta alta.
EE UU, que respaldó una exención sólo para las vacunas covid, aún no había tomado una postura sobre los tratamientos y terapias cuando POLITICO y la Oficina de Periodismo de Investigación entrevistaron al más alto funcionario de comercio. El año pasado, su apoyo se limitó a las vacunas, porque “en ese momento … lo importante era lograr que la gente se vacunara, y era para facilitar la producción de vacunas”.
Se teme que se repitan los retrasos que plagaron las primeras discusiones. Un funcionario de un país de renta media-baja con sede en Ginebra que apoyó la exención predijo que no habría decisión este año debido a la firmeza con la que algunos países, en particular el Reino Unido y Suiza, se opondrían a flexibilizar la propiedad intelectual de los tratamientos covid-19. Suiza declaró a POLITICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo que “no considera que la propiedad intelectual sea un obstáculo para acceder a los diagnósticos y tratamientos covid-19”.
Otro diplomático comercial con sede en Ginebra dijo que EE UU y Alemania “claramente lo cortarán de raíz… no cederán”.
Los 20 meses de maltrechas negociaciones tienen implicancias para las emergencias de salud, más allá de covid-19. “Está claro que hay un problema en el sistema”, dijo Luke McDonagh, profesor adjunto de Derecho en la London School of Economics. “El Acuerdo sobre los ADPIC está beneficiando los intereses de los países de renta alta, y no está haciendo prácticamente nada por los países de renta media-baja”, dijo, añadiendo que esperaba que la OMC reconociera la necesidad de restablecer ese equilibrio.
Incluso el asesor belga reconoció que “hay que seguir hablando” sobre el papel de la PI. “Sólo tenemos que sentarnos a la mesa cuando las cosas se calmen y debatir, vale, ¿qué salió bien? ¿Qué ha ido mal?”.
Los defensores de la exención no van a desaparecer. El funcionario del país de renta media-baja pidió voluntad política para “cuestionar el sistema” y garantizar que los países en desarrollo estén mejor preparados para futuras emergencias. “Las reglas de PI son muy importantes, lo respetamos, creemos en ello. Pero también queremos llamar la atención sobre los problemas reales, las desigualdades y la brecha que tenemos, y sobre cómo el sistema puede ayudar”.
Otro funcionario, de un país latinoamericano, dijo que la negociación de la exención de los ADPIC generó un debate más amplio sobre el papel de la PI en las emergencias de salud, y que el acuerdo limitado conseguido en la OMC se puede utilizar como punto de partida para futuros debates.
“Espero no vivir otra pandemia”, dijeron. “Pero si [lo hago] y soy lo suficientemente joven para negociar, en ese momento, podré decir, para covid hicimos esto. Tardamos demasiado. Llegó demasiado tarde. Pero ya lo tenemos”, afirmaron.
Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, declaró a POLÍTICO y a la Oficina de Periodismo Investigativo que seguiría presionando para que se reformaran las normas de propiedad intelectual, y que las negociaciones sobre los ADPIC habían convencido a muchos países ricos que ahora “aceptaban que la propiedad intelectual es una barrera” para el acceso.
“No ha sido nuestro momento de mayor orgullo, pero hemos hecho algunos progresos”, afirmó.
Mientras continúa el debate en torno a los tratamientos y las pruebas diagnósticas, afirma que los gobiernos deben “actuar de forma decidida y cumplir su papel, que es romper su monopolio y permitir el intercambio de tecnología, propiedad intelectual y conocimientos para que haya más producción, no sólo [de] vacunas, sino de tratamientos y pruebas diagnósticas en todo el mundo”.
“Covid era el verdadero momento para que se diera ese cambio. No ha llegado. Pero puedo decirles que lo ganaremos más pronto que tarde”.
Leonie Kijewski, Carlo Martuscelli and Misbah Khan contribuyeron a esta noticia.
Nota de Salud y Fármacos: en el artículo original hay graficas muy informativas y se pueden acceder desde el enlace que aparece en el encabezado, también hay enlaces a algunas referencias.