El 27 de enero de 2022 se realizó un debate organizado por Prescrire sobre el tema: “¿Qué clase de industria farmacéutica necesitamos después de la pandemia de covid-19?”.
Las vacunas anticovídicas con eficacia para prevenir la enfermedad —sobre todo la enfermedad grave— llegaron al mercado antes de lo esperado, lo que demuestra cómo la investigación básica del sector público y el desarrollo farmacéutico del sector privado se pueden complementar con éxito. También se invirtieron grandes sumas de fondos públicos en investigación y desarrollo (I + D) en el sector público y privado y, gracias a las compras anticipadas —financiados con fondos públicos— de vacunas y otros medicamentos, surgió un mercado enorme, financieramente viable y estable.
Pero esta historia de éxito también tiene aspectos menos agradables, por ejemplo:
Ellen ’t Hoen, abogada de Medicines Law & Policy, un instituto europeo que se especializa en asuntos relacionados con la investigación médica, la propiedad intelectual y el acceso a los servicios de salud, aceptó responder algunas preguntas de nuestro equipo editorial. Transcribimos su contribución al debate.
Prescrire: ¿Qué opina sobre el acceso a las vacunas contra la covid-19 y la participación de las diferentes organizaciones públicas y privadas y, en particular, la de la industria farmacéutica?
Ellen ’t Hoen: Cuando hablamos de lo que sucedió estos últimos dos años durante la crisis de la covid-19, hay muchas lecciones que aprender que se pueden aplicar a las farmacéuticas de manera más general, fuera del contexto de una pandemia.
En primer lugar, ningún gobierno dijo: “Pues, tenemos este maravilloso sistema de incentivos para la industria farmacéutica que garantiza que se harán las innovaciones necesarias, así que solo esperaremos a que las innovaciones surjan de la industria farmacéutica”. No, hicieron exactamente lo opuesto. Fueron muy claros en cuanto a lo que querían y lo financiaron (y muy bien). Se destinaron miles de millones de euros y dólares para desarrollar medidas contra la covid-19.
Como resultado, las vacunas llegaron al mercado con mucha rapidez. También hay una gran falencia que debemos enfatizar, una que está más relacionada con la cuestión no ya de qué tipo de industria farmacéutica queremos, sino de qué clase de gobierno queremos. Porque los gobiernos han gastado ese dinero de una manera muy irresponsable.
Esos miles de millones que se destinaron al desarrollo de las vacunas básicamente se entregaron sin los controles necesarios. Los países acaudalados que financiaron algunas vacunas anticovídicas de primera generación podrían haber garantizado que el conocimiento y la tecnología generados con el financiamiento público se compartieran más ampliamente, así se podría haber aumentado la producción a nivel global.
Pero no lo hicieron. Fue un gran fracaso en cuanto a la política. Por supuesto, podemos culpar a la industria farmacéutica, que no compartió este conocimiento y esta propiedad intelectual; ese fue el caso para la mayoría excepto AstraZeneca, que desde el comienzo adoptó una política diferente. Pero era responsabilidad y deber del gobierno garantizar que esto no sucediera.
Tal vez recuerden las palabras del presidente Emmanuel Macron, quien dijo: “Nadie será dueño de estas vacunas: serán un bien común”. El presidente de la Comisión Europea también dijo: “Será nuestro bien común, un bien global”. Eso no sucede automáticamente. Hay que crear políticas para garantizar que esas palabras, que esas promesas se cumplan, pero no fue así. La OMS trató de responder a esta situación estableciendo el Banco de Acceso a la Tecnología COVID-19, para tener una plataforma con la que compartir la tecnología y la propiedad intelectual.
Pero para ese entonces todo esto se había convertido en un negocio gigantesco para las empresas, y han demostrado muy poco interés en colaborar con esa plataforma. Lo que hemos visto es la privatización del financiamiento público y sus consecuencias, que se sintieron más en los países en desarrollo porque, si observan la inequidad en el acceso, son principalmente los países en desarrollo los que sufren más. Pero, en definitiva, el mundo entero sufrirá las consecuencias, porque todos sabemos que no vamos a superar esta pandemia vacunando solo a las personas de los países acaudalados.
Prescrire: ¿Qué propuestas tiene para que exista una mejor división de los papeles del sector público y la industria farmacéutica?
Ellen ’t Hoen: Creo que la primera lección que aprendimos es que es muy difícil actuar como regulador al mismo tiempo que estás atravesando una crisis de salud. Por eso, es necesario tener acuerdos de antemano para financiar y manejar estas innovaciones. En cuanto a las pandemias, en este momento la OMS planea negociar un tratado global sobre la preparación para las pandemias. Este tratado debería regular cómo se trasfiere la propiedad intelectual y el conocimiento, y también debería incluir los compromisos para financiar la investigación y el desarrollo. La regla debería ser asegurarnos de que exista el financiamiento público para cualquier medida que sea necesaria, pero nadie puede monopolizar el conocimiento que se desarrolla con ese financiamiento. Creo que eso se debe regular desde el inicio, para que la próxima vez no terminemos en la misma situación.
Pero esto no es válido solo para las pandemias. Debería ser la regla en la innovación farmacéutica en general, porque la participación pública en el financiamiento de la investigación y el desarrollo farmacéuticos es muy significativa. Grandes sumas de fondos públicos se destinan a la investigación, lo que incluye la investigación básica, particularmente la fase que tiene un riesgo alto. En cierto momento, el conocimiento se transfiere al sector privado y el sector público pierde todo el control. Es algo que se debe analizar más ampliamente.
La UE está preparando la revisión de la legislación farmacéutica. La legislación farmacéutica tiene muchos incentivos para la industria farmacéutica, para estimular la investigación y el desarrollo. Pero la mayoría de estos incentivos consisten en otorgar monopolios de mercado. Así se crea una agenda de investigación y desarrollo desigual porque, por supuesto, las empresas se enfocarán en los productos que puedan vender al precio más alto posible a los países más ricos.
Y esa también es la razón por la que hay tanta desigualdad entre los estados europeos. Veamos por ejemplo el acceso a los medicamentos oncológicos. Pero también empeora la inequidad global cuando se desarrollan productos que grandes porciones de la población, incluso en Europa, tienen dificultades para costear.
Por eso, vuelvo con el asunto de las políticas públicas. Se le puede pedir abiertamente a la industria farmacéutica que se comporte de otra manera, pero no lo hará. Está en su naturaleza. Es lo que la industria farmacéutica hace. Pero los gobiernos no siempre deberían seguir una política que se base en hacer lo que quieran las grandes farmacéuticas. Deberían darle más importancia al interés público. Por supuesto, está bien que las empresas obtengan una ganancia, pero se debe tener una idea de cuánto es suficiente.
Hemos estado pidiendo una revisión de la legislación europea que se base en el principio de suficiencia, que ajuste los incentivos y el financiamiento para la investigación y el desarrollo según la cantidad de dinero que en verdad se necesita. Y, por supuesto, eso también exige mucha más transparencia con respecto a los costes de I + D. En cuanto a los precios, ese es otro asunto espinoso, pero que también se debe abordar.