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Los países desarrollados han frustrado la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de ampliar la exención a las patentes sobre las vacunas contra la covid-19 para que también cubra la producción y el suministro de pruebas diagnósticas y terapias para la covid-19. Esto socava los esfuerzos por aumentar el acceso oportuno a pruebas diagnósticas y tratamientos asequibles para la mayor parte del mundo.

La Decisión Ministerial sobre el Acuerdo ADPIC que se adoptó el 17 de junio de 2022 había fijado un plazo para alcanzar un acuerdo sobre su ampliación, que debía ser antes del 17 de diciembre. El único acuerdo alcanzado, prorrogar el plazo, parece inútil.

Una vez más, los intereses de la industria farmacéutica parecen prevalecer sobre la salud pública global, ignorando que en el contexto de una crisis de salud global se requiere una respuesta coordinada, rápida y eficaz que garantice el acceso en igualdad de condiciones a los productos necesarios para hacerle frente.

Ampliar el acceso global a estos productos puede reducir los casos de hospitalización y de covid-19 persistente, especialmente en los países en desarrollo, donde la tasa de vacunación sigue siendo baja y el riesgo de que la covid cause efectos graves en la población vulnerable es elevado.

Aunque las negociaciones para ampliar la Decisión sobre los ADPIC pueden prolongarse durante un tiempo indeterminado y con resultados aún impredecibles, los países en desarrollo pueden empezar a considerar, sin más demora, las otras opciones legales para anular cualquier barrera de propiedad intelectual que pueda frustrar sus esfuerzos por ampliar el acceso a las vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos covid-19.

Estas opciones incluyen:

1. utilizar el sistema de licencias obligatorias, incluyendo el uso gubernamental con fines no comerciales, según lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC [1];
2. invocar la excepción de seguridad nacional contenida en el Artículo 73(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, y suspender las obligaciones en relación con cualquier producto relacionado con la covid 19 [2];
3. prever excepciones, en la legislación sobre patentes, para fabricar y exportar dichos productos, de conformidad con una interpretación admisible del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario [3];
4. permitir la importación paralela de productos fabricados bajo licencia obligatoria, de conformidad con la libertad para regular sobre esta materia que reconoce el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC;
5. aplicar medidas para la concesión de licencias obligatorias sobre los conocimientos técnicos (secretos comerciales) necesarios para fabricar las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas covid-19 [4]
6. aplicar normas rigurosas para analizar las solicitudes de patentes relativas a los productos covid-19, a fin de evitar una protección excesivamente amplia o injustificada de los productos y los procesos de fabricación [5].

Los países en desarrollo pueden contar con la asistencia de expertos del South Centre para considerar estas y otras opciones que son coherentes con las normas de la OMC [6].