El 14 de octubre de 2022, el Presidente de EE UU, Joe Biden, promulgó una Orden Ejecutiva para reducir el costo de los medicamentos de venta con receta. Según Policy and Medicine [1], en esta orden ejecutiva, Biden esboza nuevos modelos de pago y dispensación que espera que reduzcan los precios de los medicamentos de venta con receta, y solicita que el Centro de Innovación de Medicare y Medicaid (CMMI) implemente planes piloto para establecer cuáles son los programas que aportan mejores resultados e identifique posibles problemas de implementación.
La orden ejecutiva comienza diciendo: “Como media, los estadounidenses pagan por los medicamentos de venta con receta de dos a tres veces más que los habitantes de otros países, uno de cada cuatro estadounidenses que requieren medicamentos de venta con receta tiene dificultades para pagarlos, y casi 3 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que se han saltado dosis, han reducido el número de pastillas a la mitad o no han surtido recetas debido al coste”.
Biden se refirió a varias medidas que ha intentado adoptar para reducir los precios de los medicamentos, entre ellas la Orden Ejecutiva 14036, “Promover la competencia en la economía estadounidense” (Promoting Competition in the American Economy), cuyo objetivo era mejorar la competencia y reducir los precios de los medicamentos con receta (además de otros bienes y servicios). En respuesta a esa Orden, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) presentó un informe al Consejo de Competencia de la Casa Blanca sobre las medidas legislativas y administrativas que se deberían adoptar para reducir los precios de los medicamentos [1].
Esta orden ejecutiva está basada en la Ley de Reducción de la Inflación (The Inflation Reduction Act), y en ella Biden encarga al Secretario del HHS, Xavier Becerra, que determine qué nuevos modelos de pago y prestación de servicios de salud debería probar el CMMI, y le ha dado un plazo de 90 días para elaborar una propuesta.
Subsecuentemente, el CMMI implementará programas piloto para determinar cuáles son los modelos de pago y dispensación que reducen los costes y promueven el acceso a nuevas terapias farmacológicas para los beneficiarios de Medicare y Medicaid, incluyendo los modelos que podrían reducir el monto que el paciente debe contribuir para pagar los medicamentos de uso frecuente, y los que apoyen el pago basado en el valor terapéutico del medicamento.
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