En un análisis publicado hoy, Public Citizen y el Health Global Access Project (Health GAP o Proyecto de Acceso Global a la Salud) [1] han descubierto que el número de personas con infecciones de alto riesgo por covid-19 en los países de ingresos bajos y medios superó el suministro adquirido del antiviral recomendado por la Organización Mundial de la Salud — nirmatrelvir/ritonavir, comercializado por Pfizer como Paxlovid— por al menos ocho millones de tratamientos en 2022. A finales de la emergencia por covid-19, este déficit dejó sin cubrir, como mínimo, al 90% de las necesidades del tratamiento preferido por la OMS en los países en desarrollo.
La noticia llega en un momento en que Pfizer ha anunciado un aumento de los precios de Paxlovid en EE UU —lo que podría dificultar aún más el acceso al tratamiento— y cuando la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (USITC o U.S. International Trade Commission) publica su informe sobre el acceso a las pruebas diagnósticas y tratamientos para la covid-19, según las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC o World Trade Organization). Se espera que el informe de la USITC contribuya a orientar las tan demoradas deliberaciones del gobierno estadounidense respecto a la exención de los tratamientos y pruebas diagnósticas para la covid-19 de ciertos procesos obligatorios de la OMC, con el fin de que los países de ingresos bajos y medios puedan acceder más fácilmente a los medicamentos.
“Como mínimo, en los países en desarrollo, el número de personas que necesitaban Paxlovid era diez veces superior al de las que tuvieron la oportunidad de recibirlo, y esto, casi con toda seguridad, subestima significativamente el problema”, afirmó Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a los Medicamentos de Public Citizen (Access to Medicines program at Public Citizen). “Las necesidades en materia de salud superaron con creces el suministro adquirido, al menos en una orden de magnitud. Debemos agradecérselo, en parte, a las barreras de propiedad intelectual, en medio de escasa financiación para la salud, y múltiples fallos para apoyar adecuadamente la respuesta mundial frente a la covid. Los elevados precios de las empresas farmacéuticas, la confidencialidad de los contratos y los monopolios de suministro suprimen la demanda y dificultan que los organismos de salud que tienen escasos recursos adquieran el tratamiento que necesitan para atender a la gente”.
El análisis sugiere que apoyar diversas fuentes de suministro asequibles y fiables de futuros tratamientos puede ayudar a impulsar la demanda de los países y satisfacer las necesidades de tratamiento.
Utilizando los acuerdos de suministro disponibles públicamente y los datos de la Organización Mundial de la Salud, Public Citizen determinó que, para finales de 2022, los países de ingresos bajos y medios solo habían adquirido unos 916.120 tratamientos de Paxlovid, en comparación con una necesidad poblacional mínima de 9.135.953 tratamientos. También determinó que se adquirieron 780.000 tratamientos a través de acuerdos bilaterales de suministro con Pfizer y se recibieron 135.120 tratamientos del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la covid-19 (ACT-A o Access to COVID-19 Tools Accelerator). Mientras tanto, se donaron 1.000 tratamientos a través del incipiente consorcio de inicio rápido del tratamiento covid (COVID Treatment Quick Start Consortium). Los nuevos datos de Pfizer podrían ayudar a completar el recuento exhaustivo del suministro de Paxlovid a los países de ingresos bajos y medios durante 2022.
Según Airfinity, en 2022, al menos 9,1 millones de personas de 65 años o más estaban infectadas por covid-19 en los países de ingresos bajos y medios. Esta estimación tan moderada de las infecciones de alto riesgo excluye a otras poblaciones de riesgo, como las personas que padecen enfermedades crónicas o covid prolongado, lo que significa que el número real de personas que podrían haberse beneficiado del tratamiento, y no lo recibieron, probablemente sea mucho mayor.
“Este análisis subraya la urgencia de que EE UU manifieste inmediatamente su apoyo y contribuya a lograr que se amplie la decisión de la OMC sobre vacunas, para incluir las pruebas diagnósticas y tratamientos, eliminando las normas contraproducentes de la OMC y contribuyendo a crear un entorno que facilite que los países respondan a las necesidades de salud de su población”, dijo Melinda St. Louis, directora de Global Trade Watch en Public Citizen.
En una carta enviada esta semana, los grupos que defienden el acceso a la salud pidieron a la administración Biden que se enfrentara a la industria farmacéutica y apoyara la ampliación de la decisión de la OMC de junio de 2022 a los tratamientos y pruebas diagnósticas.
“Al ampliar la Decisión de junio de 2022 de la OMC para incluir los tratamientos y pruebas diagnósticas, será más fácil que se emitan licencias obligatorias en los países de ingresos bajos y medios, que eliminan las barreras de las patentes y permiten una mayor exportación e importación a los mercados desatendidos por los monopolios de las grandes empresas farmacéuticas”, declaró el profesor Brook K. Baker, analista principal de políticas del proyecto de acceso global a la salud (Health Global Access Project). “Queda mucho por hacer en la OMC y en la negociación del Tratado de la OMS sobre Pandemias para anular las múltiples barreras de propiedad intelectual para las pruebas diagnósticas y tratamientos vitales, pero la decisión de EE UU de facilitar el acceso equitativo a través de licencias obligatorias, después de un largo y desafortunado retraso, es un pequeño paso en la dirección correcta”.
Puede leer el informe completo en este enlace https://www.citizen.org/article/paxlovid-procured-supply-vs-health-need-in-low-and-middle-income-countries-through-the-end-of-2022/