Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
En una carta abierta compartida [1] en exclusiva con Devex, varios grupos de activistas solicitan a la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI o Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias) [2] que tome medidas para mejorar la transparencia y el acceso, lo que incluye publicar los términos de cualquier acuerdo de precios que la organización establezca.
CEPI, que se lanzó en 2017 para desarrollar inmunizaciones contra las nuevas enfermedades infecciosas, fue un actor clave en la asociación COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 o Covid-19 Vaccines Global Access), que a final de cuentas no logró [3] ofrecer un acceso equitativo a las vacunas contra la covid-19 [4]. Ahora CEPI lidera la Misión de 100 Días (100 Days Mission) [5], una iniciativa para desarrollar capacidad de respuesta a la aparición de cualquier nueva enfermedad con el desarrollo de una vacuna en un plazo de 100 días.
“La CEPI es una de las organizaciones privilegiadas e importantes que se encuentran en posición de ayudar a realizar inversiones clave para luchar contra futuras amenazas de la forma más rápida y equitativa posible”, dijo Peter Maybarduk, que dirige el grupo de acceso a los medicamentos de Public Citizen, a Devex. “Necesitamos que los ciudadanos no solo comprendan mejor cuáles son esas inversiones públicas, sino las condiciones bajo las que se realizan”.
La coalición ya ha establecido varias alianzas para alcanzar la Misión de los 100 Días, incluyendo los acuerdos con Moderna para utilizar la tecnología de la plataforma de ARN mensajero de esta empresa farmacéutica para fabricar candidatos a vacunas basadas en la investigación financiada por la CEPI [6], y con BioNTech para avanzar en las vacunas de ARNm contra la viruela símica [7].
Mientras se prepara para la aparición de un virus desconocido, la CEPI sigue buscando alianzas para desarrollar vacunas contra diversos patógenos prioritarios —como el virus del ébola y de Lassa— y financia esfuerzos adicionales para avanzar en la tecnología de las vacunas.
Los grupos activistas de Public Citizen [8], People’s Vaccine Alliance (Vacunas para la Gente), Health GAP (Proyecto de Acceso Global a la Salud o Health Global Access Project) y Médecins Sans Frontières Access Campaign (Campaña de Acceso de Médicos sin Fronteras) [9] esperan que la CEPI proporcione mucha más información sobre todos esos acuerdos. Esto incluye:
También están presionando a la CEPI —que obtiene gran parte de su financiación de fuentes públicas— para que exija a las empresas con las que trabaja que concedan licencias de propiedad intelectual y transfieran su tecnología a los fabricantes de países de ingresos bajos y medios y a socios de la OMS, incluyendo el programa de transferencia de tecnología de ARNm [10,] que incluye a fabricantes de biotecnología en 15 países de ingresos bajos y medios.
Un portavoz de la CEPI dijo a Devex que la organización “incorpora obligaciones contractuales de acceso equitativo en cada uno de sus acuerdos de financiación para el desarrollo de vacunas, como una palanca importante para permitir el acceso equitativo”. Sin embargo, advirtieron que, debido a que la información confidencial y financiera está sujeta a derechos de propiedad, no podían satisfacer todas las peticiones de los activistas, incluyendo la publicación completa de los acuerdos.
No obstante, afirmaron que muchos de esos acuerdos “incluyen requisitos para transferir tecnología a otros fabricantes —incluyendo a los que se encuentran en el sur global— en determinadas circunstancias”.
El portavoz de la CEPI añadió que no sería realista imponer “un solo modelo de condiciones de acceso a toda nuestra cartera” porque “cada candidato a vacuna que apoya la CEPI está diseñada para abordar un problema, una población o un entorno específicos”, lo que prohíbe usar un “modelo único para todos”.
Maybarduk señaló que, aunque la CEPI considere insostenible divulgar un acuerdo sin tachaduras, debería haber la posibilidad de debatir qué información es esencial para el interés público, que pueda pesar más que la protección de la privacidad. La carta abierta surge a raíz de una respuesta a la covid-19 que estuvo plagada de desigualdades en el acceso a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. Algunos fabricantes de vacunas, como BioNTech y Moderna, se beneficiaron de la investigación financiada con fondos públicos, pero no se les exigió que compartieran su tecnología de propiedad intelectual ni que revelaran las condiciones de sus acuerdos de compra. Maybarduk criticó a la CEPI por no aprovechar todo su poder, como uno de los organizadores de COVAX, para presionar a favor de un acceso asequible.
La CEPI se ha comprometido con el acceso equitativo, publicando una Política [11] y un Marco de Acceso Equitativo [12]. En esos documentos, la coalición ha prometido mantener las reservas de vacunas para investigación que se puedan utilizar gratuitamente durante un brote, y se ha comprometido a coordinar con la comunidad de salud mundial para permitir la autorización de las vacunas financiadas por la CEPI. La coalición también se compromete a “garantizar la adquisición, distribución, lanzamiento y administración de las vacunas autorizadas para proteger la salud mundial, a un precio que no limite el acceso equitativo y sea sostenible para el fabricante”.
El portavoz de la CEPI explicó otras medidas que la organización ha adoptado para garantizar que se cumplan sus compromisos de acceso equitativo, incluyendo la publicación de resúmenes de las cláusulas de acceso en sus acuerdos de financiación covid 19 y su catálogo de patógenos prioritarios, y ha puesto los acuerdos completos a disposición de su comité ejecutivo y sus inversionistas.
“Hasta la fecha, la mayoría de nuestras partes interesadas, en general, han aceptado este planteamiento”, escribió el portavoz en un correo electrónico, al tiempo que afirmaba: “Seguiremos trabajando con nuestros socios de la sociedad civil y los que son defensores de la causa, para explorar otras medidas que podríamos tomar para abordar sus preocupaciones y lograr nuestro objetivo común de mejorar la equidad para acceder a vacunas vitales”.
Algunos de los acuerdos a los que ha llegado la CEPI en cumplimiento de su Misión de los 100 Días hacen referencia al acceso equitativo. Una asociación con Emervax [13] para promover la tecnología de las vacunas de ARN circular, y otra con la Universidad de Oxford [14] para desarrollar prototipos de vacunas [15], se comprometen a garantizar el acceso equitativo, en consonancia con la Política de Acceso Equitativo.
El acuerdo de Oxford se compromete a dar prioridad a las personas que más necesiten acceder a las vacunas, independientemente de su capacidad de pago. La asociación con Emervax incluye un compromiso de transferencia de tecnología.
Aunque Maybarduk reconoce la importancia de estos compromisos, “está el problema de garantizar que la CEPI pueda hacerlos cumplir adecuadamente, lo que sería más fácil si fueran públicos”. La carta abierta a la CEPI también plantea dudas sobre la falta de detalles que hay detrás de esas declaraciones públicas: “Los breves resúmenes y las diferencias en los detalles sobre las condiciones de acceso que se incluyen en los acuerdos son insuficientes para proteger el interés público y limitan la capacidad del público para apoyar a la CEPI en su misión”.
Por otra parte, existen preocupaciones derivadas de algunos acuerdos, como los que se firmaron con BioNTech y Moderna —que son aún más vagos en sus compromisos y no incluyen ninguna promesa de transferencia de tecnología—. El acuerdo con BioNTech promete un acceso asequible a una vacuna contra la viruela símica en los países de ingresos bajos y medios, pero la carta abierta critica la falta de detalles sobre cómo se fijará el precio y cómo se supervisará y ejecutará la entrega de la vacuna.
El acuerdo con Moderna es especialmente preocupante para Maybarduk, porque la CEPI enviará sus diseños de antígenos para generar materiales para ensayos clínicos utilizando la plataforma de Moderna. Aunque CEPI afirma que mantendrá el control sobre los diseños, no está claro quién conservará la propiedad intelectual sobre el producto final.
“Poseer y tener derechos comerciales exclusivos sería una ganancia inesperada para Moderna”, dijo.
El portavoz de la CEPI dijo a Devex que, en caso de que alguno de los antígenos diseñados en la plataforma de Moderna acabara utilizándose en el desarrollo de un candidato a vacuna, el contrato de la CEPI con Moderna exige que la vacuna “esté disponible a un precio asequible para los compradores del sector público, para que se utilice en los países de ingresos bajos y medios”.
Pero Maybarduk dijo que, aunque los activistas “aprecian los objetivos, sería útil poder leer las cláusulas concretas en lugar de confiar en una breve declaración de principios”.
Referencias